El Gobierno quiere que las prepagas congelen cuotas por dos meses y recrudece el conflicto con el sector

El Gobierno tomó la decisión política de declararle la guerra a las prepagas para que cesen con los aumentos a casi cuatro meses de haber liberado el sector mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023. La gestión de Javier Milei decidió tomar acciones en dos planos. Hacia atrás, amenaza con tomar medidas administrativas y judiciales contra las empresas por presunta “cartelización” y “abuso de posición dominante en el mercado” por los incrementos de las cuotas de enero, febrero y marzo.

Hacia adelante, el Poder Ejecutivo pretende que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación.

A contrapelo del programa ultraliberal que enarbola Milei, el Gobierno decidió presionar fuertemente a las prepagas -que implementaron aumentos de hasta 165% entre enero y abril- con una embestida pública que podría recrudecer la semana próxima. No solo eso. En privado, según distintas fuentes oficiales y empresarias, hubo conversaciones informales en las que representantes del Poder Ejecutivo les pidieron a las compañías que no siguieran aumentando las cuotas en mayo y en junio.

Fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION: “En charlas informales el Gobierno le pidió a las prepagas que no hubiera aumentos por dos o tres meses y las prepagas dijeron que no, que recién en junio o julio podrían plantear un aumento cero”.

Las empresas aseguran que en todo momento tuvieron voluntad de acercarse al Gobierno y buscar soluciones, pero que los funcionarios no quisieron recibirlas más. De hecho, esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, no les otorgó a las cámaras del sector la audiencia que habían solicitado.

El Gobierno viene denunciando que los cinco principales actores del sector habrían dispuesto aumentos similares y muy por encima de la inflación. Indican que las empresas líderes subieron el valor de sus cuotas entre 142% y 163% desde enero hasta abril. “Se les recontra fue la mano”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo en una entrevista días atrás que fue el puntapié inicial para una diatriba verbal contra las prepagas.

Fuentes del sector señalaron a este medio que las empresas tenían “buena predisposición para acompañar” en la coyuntura económica. Pero que necesitaban poner sobre la mesa la estructura de costos que tiene el plan médico obligatorio (PMO) que deben ofrecer.

Es decir, pretendían sumar a la negociación con el Gobierno el factor del valor de los medicamentos y de los insumos, además de la cuestión salarial de los profesionales de la salud.

El batifondo de la discusión tiene un fuerte contenido político. El Gobierno tiene en la mira a Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS), a quien califica como el supuesto “articulador” de los aumentos de este año. Milei dio una pista en este sentido cuando replicó en X un mensaje que decía que el aumento de las prepagas tuvo “el nombre y apellido” de ese empresario. El posteo lo atacaba con insultos.

“Quisieron recuperar lo que no ganaron en la gestión anterior por un congelamiento que ellos mismos acordaron con Sergio Massa y Alberto Fernández”, dijo un colaborador oficial muy al tanto de toda la discusión. “Con el DNU 70/2023 hubo otros mercados que se liberaron y no tuvieron la misma actitud. No son ingenuos, le hicieron un favor político al gobierno anterior”, agregó en alusión a que en 2023 las empresas de salud mantuvieron las cuotas en octubre, noviembre y diciembre.

Uno de los interlocutores que el Gobierno interpuso con las prepagas es Mario Lugones, presidente de la Fundación Güemes y allegado al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a quien viene asesorando desde el inicio de la gestión. En el ambiente sanitario señalan que es Lugones quien mueve los hilos en el área de Salud frente al bajo perfil del ministro del área, Mario Russo.

Con el diálogo formal cortado con las empresas, funcionarios de la Casa Rosada, del Ministerio de Economía y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) mantuvieron reuniones el jueves y el viernes para definir el curso a seguir. “Estamos analizando opciones y van a haber medidas”, se limitaron a decir desde el Palacio de Hacienda..

Otras fuentes al tanto de esos encuentros aseguraron que allí se tomó la “decisión política” de lanzar dos tipos de acciones. Por un lado, se espera que la Secretaría de Comercio avance en los próximos días una “medida administrativa” para prevenir la “cartelización” de las empresas de salud. Los detalles de implementación aún no están definidos.

Por el otro, la SSS -un organismo fiscalizador que está bajo la órbita del Ministerio de Salud- avanzaría con alguna acción judicial contra el presunto “abuso de posición dominante en el mercado” de las compañías por los aumentos que aplicaron en las cuotas de enero, febrero y marzo. Tampoco está clara cuál será la estrategia judicial y si se tratará de una denuncia, una cautelar o un recurso de amparo contra las prepagas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció esta semana que existe “una cartelización que está fuera de toda razonabilidad”. Y advirtió: “Nosotros desregulamos, damos libertades, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos”.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en tanto, ya investiga una supuesta colusión (un acuerdo entre las empresas para fijar precios) a raíz de una denuncia de la Coalición Cívica (CC).

Para ejercer mayor presión, en las últimas horas la SSS, intimó a las empresas de medicina prepaga a que presentaran los planes de cobertura ofrecidos a sus beneficiarios y los valores de las cuotas actualizados frente al organismo. Las compañías cumplieron en brindar la información.

En este contexto de belicosidad con el Gobierno, cada una de las prepagas deberá definir e el camino a seguir. Desde OSDE, por caso, señalaron que “la semana que viene” definirán si aplican nuevos aumentos o no. Esa empresa cobra sus cuotas a mes vencido.

Fuentes del sector rechazaron la existencia de una cartelización y apuntaron que todas las compañías tenían su estructura de costos desfinanciada. “La distorsión de precios era para todas igual y todas tienen que brindar el mismo PMO, no hubo un acuerdo”, justificaron. El DNU 70/2023, en ese sentido , destapó una olla a presión.

Al inicio de la gestión, antes de la desregulación que hizo el Gobierno por decreto, hubo interlocutores de la gestión de Milei que le pidieron a las prepagas que “recuperen de a poco” el atraso que traían del año anterior, donde las cuotas habían aumentado un 134% mientras que la inflación fue del 211%.

Los contactos informales continuaron hasta hace algunos días atrás e incluso se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de un congelamiento para acompañar a los bolsillos durante el otoño.

Pero fnalmente el Gobierno optó por la vía de la confrontación con los empresarios. Y lanzó su artillería tanto en el plano judicial, como en el administrativo y en la conversación pública.

Por Maia Jastreblansky

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