Con los principales opositores al sandinismo encarcelados o exiliados, el gobierno de Alberto Fernández se prepara para reconocer el eventual triunfo de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de Nicaragua, que se realizarán el domingo próximo.

“Si el proceso electoral se lleva a cabo de manera clara y transparente en Nicaragua, y no hay objeciones de organismos internacionales que estén monitoreando, seguramente es parte de la política internacional reconocer a los gobiernos que son electos”, dijo la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, a LA NACION, en el contexto de su conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada.

Además, la portavoz aclaró que en la próxima reunión de la Organiazación de Estados Americanos (OEA), donde el país tiene como representante al exdiputado Carlos Raimundi y ámbito en el cual suele abstenerse de condenar al régimen de Ortega, “la Argentina planteará su postura con respecto a otros temas”. Y detalló que en la reunión entre el presidente Alberto Fernández y su par francés, Emmanuel Macron, en Italia, el francés planteó su “preocupación” por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, sin dar mayores detalles.

Conferencia de Gabriela Cerruti
Conferencia de Gabriela CerrutiCaptura

El canciller Santiago Cafiero aclaró ayer que “Argentina da su postura y se expresa dónde lo tiene que hacer, que es en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU”, con sede en Ginebra. Y acusó a la OEA de “injerencia” sobre los asuntos internos en Nicaragua, con quien el país tuvo una relación fluida hasta que verbalizó alguna objeción por la persecución a opositores por parte del régimen de Managua.

El embajador en ese país, Daniel Capitanich, volvió al país en junio, se asentó en Chaco (su provincia natal) y no regresó a su puesto diplomático, mientras espera instrucciones de la Cancillería. Mientras tanto, Nicaragua devolvió gentilezas y llamó a consultas a su embajador semanas más tarde.

Más allá de la relación personal entre Fernández y Ortega, que también pasó de la cortesía a la frialdad en pocos meses, el Gobierno espera el voto de Nicaragua en enero para que Fernández pueda presidir la Celac, luego del rechazo de Managua a apoyarlo en su última reunión, en septiembre pasado.

Todo indica que las elecciones del domingo difícilmente sea avaladas por Estados Unidos, la UE o la mayoría de las organizaciones internacionales que monitorean el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consignó en su informe de esta semana al Consejo Permanente de la OEA sus duras críticas al régimen de Ortega. En ese informe, la CIDH establece que “la concentración de poder por el Poder Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se convierta Estado policial de facto” con “supresión de todas las libertades mediante control y vigilancia a de a ciudad y represión avalado por las demás instituciones del Estado”. El informe cuantifica la detención de 7 candidatos a presidente, cancelación de personería a tres partidos políticos, y afirma que las elecciones “no dan las garantías mínimas de libertad, transparencia y pluralidad”.

Hoy, la CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) emitieron una declaración en la que “condenan la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral, a 4 días de la jornada electoral del 7 de noviembre en Nicaragua”. En un texto conocido hoy, ambos organismos califican de “imperioso restablecer (esas garantías) y eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas en el proceso electoral, de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, afirmaron.

“Casi todos vemos cómo va en aumento la represión y la violación a los derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral y Nicaragua continúa incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Lo peor de todo es que la Argentina es cómplice y calla. Han dado vuelta 180 grados la policía del presidente Macri y el actual quedó de la vereda de los dictadores”, afirmó a LA NACION Paula Bertol, representante argentina en la OEA durante el gobierno de Cambiemos.

Argentina, que no opinó sobre el primer informe, no tendrá veedores oficiales ni delegados oficiales en el acto electoral, aunque sí trascendió que una organización kirchnerista denominada Populismo K, que apoya los procesos “revolucionarios” en Nicaragua y Cuba, fue aceptado como “veedor” de los comicios.

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