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El Gobierno recurre a un tribunal de la ONU por el petróleo en Malvinas y expertos advierten sobre el riesgo de la jugada
Este lunes, cuando se cumple el plazo que la Argentina le dio a Gran Bretaña para que frene la explotación, una misión de la Cancillería presentará un reclamo en el Tribunal del Mar, en Alemania; por qué otras gestiones descartaron este camino
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LA NACIONJaime Rosemberg
A orillas del río Elba, la ciudad alemana de Hamburgo alberga al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Hasta allí llegará próximamente una delegación de la Cancillería con la intención de defender los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, la “causa nacional” que hoy abraza con inusitada fuerza el gobierno de Javier Milei.
Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, es el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional, el reclamo que el Gobierno presentará ante el tribunal.
Este lunes vence el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion, llevan adelante las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) en las aguas circundantes a las islas.
Nadie espera que Gran Bretaña revea su posición y la decisión de llevar a cabo la presentación está tomada.
Experimentados diplomáticos consultados por LA NACION advirtieron sobre eventuales consecuencias negativas que ese reclamo unilateral podría traer en la batalla por la recuperación de las islas por la vía diplomática.
La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −conformado por 21 miembros y creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
El malestar, antes de hacerse público, fue transmitido por la diplomacia británica a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza.
A diferencia de Gran Bretaña, que sostiene que las actividades relacionadas con hidrocarburos en ese territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”, el Gobierno afirma que le asiste al país el derecho de presentarse ante un tribunal independiente y que este defina sobre el asunto sin abordar la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año, desde 1965, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
Quirno reiteró esta idea en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el lunes pasado. “La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de controversias. Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes”, dijo Quirno.
El embajador británico en el país, David Cairns, se retiró de la gala, incómodo y con gesto adusto, una vez finalizado ese discurso.
En el Gobierno están seguros de que este tribunal, y no otro, les terminará dando la razón y ordenará la suspensión de las actividades de esas empresas, al menos de forma provisoria, ya que en muchos casos los fallos de ese organismo suelen demorar varios años.
En la Cancillería se basan en publicaciones del propio tribunal, que establecen que “las controversias relativas a la Convención pueden referirse a la delimitación de zonas marítimas, la navegación, la conservación y ordenación de los recursos vivos del mar, la protección y preservación del medio marino y la investigación científica marina”.
También dan como antecedente el éxito de la presentación que, en 2012, hizo ante ese mismo tribunal el equipo de la Cancillería encabezado por la entonces representante legal, la diplomática y excanciller Susana Ruiz Cerruti, que logró en dos meses un fallo favorable que permitió rescatar la fragata Libertad, retenida y embargada en Ghana por un reclamo de los fondos buitre.
La jurista argentina Frida Armas Pfirter fue electa días atrás como vicepresidenta del tribunal, pero fuentes diplomáticas descuentan que deberá excusarse de intervenir en el caso.
Los riesgos
Más allá del optimismo oficial, tres fuentes diplomáticas con conocimiento del caso definieron la jugada como “arriesgada”. Recordaron que los sucesivos gobiernos, de distinto signo ideológico, evitaron recurrir a tribunales internacionales por la cuestión Malvinas, por temor a que un fallo adverso habilite a los isleños a seguir avanzando en la exploración y explotación de recursos en las islas.
Afirmaron que, entre las consecuencias negativas, el caso puede ser tomado por la Corte Internacional de La Haya, o −en el caso de pedidos de sanciones a empresarios− en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con resultado incierto para el país. “Ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo, y el argumento de la autodeterminación de los pueblos (esgrimido por Gran Bretaña) suele ser muy escuchado”, advirtió otro de los diplomáticos consultados.
“Es un tema muy delicado, y no está claro el resultado final”, afirmó otro diplomático, que fuera de micrófono expresó reservas en relación a la iniciativa. Señaló, además, que el tribunal “suele buscar algún tipo de equilibrio” entre las partes.
El 3 de septiembre, el Presidente anunció por cadena nacional una batería de decisiones y medidas vinculadas con el reclamo argentino.
El envío al Congreso del denominado proyecto de defensa de la soberanía nacional −que endurece las sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en Malvinas− fue uno de los anuncios; también, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y un Consejo de Seguridad Nacional. El 28 de septiembre, por medio de un comunicado, el Presidente anunció la intimación formal al Reino Unido y afirmó en su cuenta de X: “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El gobierno británico rechazó de inmediato el ultimátum y agregó, a través de la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, que continuará defendiendo los derechos de “autonomía” de los isleños. Criticó “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las islas” e insinuó que la Argentina era hoy un “socio poco confiable”.
Con argumentos similares, los isleños rechazan la iniciativa argentina. En el sitio especializado Diplomacy & Law, donde los habitantes de Malvinas exponen la mirada de especialistas británicos para demostrar sus razones, se señala que “la Argentina tendría que formular reclamaciones que puedan resolverse bajo la convención sin exigir que el tribunal decida, expresa o implícitamente, la soberanía sobre las Islas Falkland”, y que “si el problema de fondo es la soberanía, cualquier resolución no implica reconocimiento alguno”. Los pobladores de Malvinas creen que, como mucho, podría existir un llamado al diálogo de parte del tribunal, pero que no se adoptará ninguna decisión en lo inmediato.
Más allá de las advertencias, el Gobierno se apresta a hacer efectiva la presentación en las próximas horas.
