El Gobierno reduce al mínimo las obras públicas nacionales en la ciudad

Primero fue el decreto presidencial que, sin previo aviso, le restó un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y que aún es motivo de negociación en la Corte Suprema. Meses más tarde llegó la ley del Congreso que estableció una suma fija de $24.500 millones anuales para el funcionamiento de la policía porteña, también muy por debajo de las expectativas de la calle Uspallata.

En una continuidad de la ofensiva “reparatoria” contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el gobierno de Alberto Fernández prevé reducir al mínimo la inversión en obra pública para la ciudad para el año próximo. Al margen de los proyectos aún en ejecución, el presupuesto actual de poco más de $26.000 millones se reducirá a menos de $500 millones para el año próximo, según datos oficiales del mapa de inversiones del Ministerio de Obras Públicas que encabeza Gabriel Katopodis.

Las posturas, en este caso, también son contrapuestas. Mientras desde la Casa Rosada y el ministerio de la calle Balcarce hablan de ajustarse a un criterio de “equidad” en el reparto, y esgrimen que la inversión en obra pública en la ciudad aumentó en un 2592% durante la estadía de Mauricio Macri en la Casa Rosada, desde el despacho de Rodríguez Larreta dan por descontado que la “poda” de fondos va a seguir “hasta que haya un acuerdo político” o que la Corte Suprema ponga fin a la sangría de recursos.

“Lo del gobierno pasado fue un delirio, inaceptable”, dicen desde la Casa Rosada. Y detallan que grandes obras como el Paseo del Bajo, el viaducto del ferrocarril Mitre, pasos bajo a nivel de todos los ramales, distintas líneas de Metrobús “y hasta la iluminación de los helechos de Cristina (Kirchner)” fueron en línea con obras que se frenaron durante el mismo período, como la ruta nacional 18 en Entre Ríos o el segundo acueducto en el interior de Chaco, que Katopodis y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, inauguraron junto al gobernador Jorge Capitanich el martes pasado. “La plata que fue a un lado, dejó de ir a otro”, se quejan fuentes oficiales para justificar la reducción.

Una reducción que, según datos oficiales y públicos, será claramente notable. Del total de 26 inversiones actuales nacionales en la ciudad, hay 19 finalizadas y quedan 7 en ejecución, y ninguna de ellas requiere una gran inversión. La refacción de la cúpula de la histórica confitería El Molino, mejoras en el Palais de Glace y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA son algunas de las obras que aún continúan. El total de inversión, al viernes pasado, era de $26.045, 96 millones para todo el año 2021.

Lo proyectado para 2022 son solo 6 obras, por un total de $472, 96 millones. La sede de la Universidad Nacional de las Artes ($188 millones) es el proyecto más oneroso, y el resto se reparte entre la reparación de sedes de la Facultad de Veterinaria, la ex-Biblioteca Nacional y distintos laboratorios. “Será parte de la negociación con la Ciudad”, anticipan desde un despacho con injerencia en la distribución de obra pública en el país.

Respuesta

¿Qué dicen desde el gobierno porteño? “No nos sorprende. Hoy la inversión en obra pública de Nación es casi nula”, reconoce un alto funcionario de la Ciudad. Dispuesto a retrucar los datos del oficialismo, el funcionario asegura que “ese 2592 por ciento aparece porque se aumentó de manera razonable lo que recibía la ciudad durante los gobiernos de Cristina Kirchner, por ocho años ni nos atendían el teléfono”, según recordó un integrante de aquellas gestiones que hoy sigue al lado de Rodríguez Larreta.

“El Paseo del Bajo y los viaductos son para uso de los que llegan a la ciudad, no solo para los porteños, y son obras federales”, retruca otro funcionario de la ciudad, que puntualiza que, en el caso del Paseo del Bajo -criticado públicamente por la vicepresidenta- ”se financió con un préstamo internacional de la CAF y la venta de terrenos que cedió Nación y que generaron recursos y agrandaron la torta”.

En relación a la “discriminación” que denuncian en el Gobierno, desde la administración porteña reconocieron que “es cierto que se establecieron prioridades” pero dejaron claro que “Macri no nos regaló nada, ni en obras ni en el traspaso de la policía porteña”, centro de la discusión en la Corte Suprema. El alto Tribunal, que falló en favor de la autonomía porteña en la discusión con el Gobierno por las clases presenciales, aceptó esta semana un cuarto intermedio pedido por las partes y volverá a juntarlos el próximo miércoles 26 para continuar buscando un acuerdo por la coparticipación para la ciudad.

“Esto se resuelve con una negociación política”, asegura un miembro del staff larretista, quien confía en que “un diálogo serio” entre Nación y ciudad como el que sostendrán el martes Rodríguez Larreta con los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Martín Guzmán (Economía) sirva para destrabar el conflicto. El optimismo de ambas partes tiene un límite, más allá de las urgencias que impone el decisivo año electoral, con comicios legislativos a la vuelta de la esquina.

Desde el Gobierno, en tanto, afirman que es Rodríguez Larreta quien “se equivocó” en “judicializar la política”, y aseguran que el recorte de las obras destinadas a la ciudad van en línea con la idea de “enderezar el barco”, con 1344 obras en marcha establecidas con un criterio “federal” y el “doble de presupuesto” que el de Macri dispuso para el rubro en 2019.