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El Gobierno resigna el plan de colectoras y concentra sus esfuerzos en la eliminación de las PASO
Hubo conversaciones con gobernadores y aliados para avanzar con la propuesta original; en el oficialismo reconocen que la idea de sumar listas provinciales bajo el paraguas de la reelección de Javier Milei “no terminaba de convencer”
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El Gobierno volvió a poner el foco en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a la reelección de Javier Milei. Después de explorar alternativas con gobernadores y aliados, concentrará sus esfuerzos en suprimir esa instancia electoral en 2027 y dejará atrás la idea -que nunca llegó a plasmarse en una propuesta formal- de volver a un sistema de colectoras.
“No terminaba de convencer”, reconocieron distintos actores del oficialismo sobre el plan que se había puesto en discusión para permitir que diferentes listas subnacionales confluyeran en la elección presidencial y “colectaran” votos para la candidatura de Milei.
Funcionarios del Gobierno y referentes legislativos libertarios aseguran ahora que buscarán avanzar con la propuesta original que el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso.
El proyecto no solo contempla la eliminación de las PASO: también establece condiciones más rigurosas para la supervivencia de los partidos políticos, amplía el financiamiento privado en detrimento del público, incorpora la opción de votar “lista completa” en la Boleta Única Papel para cargos nacionales e instaura la llamada “ficha limpia”, que impide ser candidatos a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia.
La iniciativa ingresó al Senado el 22 de abril, pero desde entonces no tuvo avances concretos más allá de reuniones informativas en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La discusión quedó atravesada por los tironeos entre el oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR sobre cómo abordar una reforma de alto impacto para la próxima contienda electoral.
Pese a la intención inicial del Gobierno de acelerar su sanción, los acuerdos siempre estuvieron lejos. Ahora, con el segundo semestre en marcha y el calendario electoral cada vez más cerca, la Casa Rosada comenzó a preparar el terreno para acercar posiciones.
Según pudo saber LA NACION, el oficialismo pretende contar con una definición antes de octubre. Con ese horizonte, empezó a enviar señales hacia los gobernadores y bloques aliados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recorre las provincias con una agenda orientada a atender reclamos de los mandatarios, desde concesiones de rutas y obras pendientes hasta demandas vinculadas con las tarifas de energía.
En el Congreso también hubo guiños. El oficialismo no solo accedió a poner en funcionamiento comisiones que permanecían prácticamente paralizadas, sino que también desempolvó iniciativas impulsadas por legisladores provinciales y aliados que esperaban tratamiento.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), por ejemplo, dictaminó un proyecto del misionero Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal) para establecer una alícuota reducida del IVA del 10,5% para la fécula de mandioca. Una medida que repercutirá en los productores locales.
La Comisión de Legislación General, a cargo del libertario Santiago Santurio, avanzó a su vez con una batería de proyectos para otorgar reconocimientos y declaraciones simbólicas reclamadas por distintas provincias. Figuran iniciativas vinculadas con Corrientes, San Juan, Tucumán, Santa Cruz, Salta y Buenos Aires, además de una propuesta de la diputada Antonela Giampieri (Pro) para declarar a la ciudad de Buenos Aires “Capital Nacional del Teatro”.
En el oficialismo presentaron esos movimientos como grandes gestos hacia los aliados. Pero la estrategia de acercamiento convive con dificultades para construir la confianza que necesita el Gobierno para aprobar una reforma electoral.
Una muestra ocurrió durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Los libertarios convocaron a economistas afines a Milei para defender la iniciativa, pero algunas de sus intervenciones terminaron generando malestar entre los propios aliados. Uno de ellos, Miguel Boggiano, sostuvo que los gobiernos “desarrollistas, peronistas y macristas” utilizaron al BCRA para “estafar sistemáticamente a la sociedad”.
La afirmación provocó la reacción de Fernando de Andreis (Pro), quien respaldó la reforma pero cuestionó que el oficialismo expusiera a sus socios a ese tipo de ataques. “Es muy difícil la construcción de confianza si me decís allá algo y después lo negás en público”, le reprochó a Benegas Lynch durante un tenso intercambio.
El episodio ocurrió menos de 24 horas antes de que De Andreis se reuniera con Santilli, Cristian Ritondo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem para avanzar en la discusión electoral. Pro subrayó la contradicción: mientras el Gobierno necesita sus votos para modificar las reglas electorales, los libertarios los insultan sin necesidad.
Incluso el argumento de Boggiano alcanzó a dos ministros especialmente valorados por Milei: Federico Sturzenegger y Luis Caputo, que presidieron el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ese clima explica parte de las dificultades que todavía enfrenta la Casa Rosada. En Pro no existe por ahora una posición cerrada a favor de eliminar las PASO y persiste, sobre todo, la desconfianza sobre qué hará LLA en los distritos gobernados por ellos, como la Capital Federal e intendencias bonaerenses.
Desde el partido amarillo reclaman que el oficialismo se mantenga al margen de sus territorios. El problema es que aprobar la reforma implicaría, para ellos, asumir un riesgo: primero deberían acompañar la supresión de las PASO y después confiar en que, cuando en 2027 llegue el momento de inscribir frentes, alianzas y candidaturas, los libertarios cumplan su compromiso de no disputarles sus territorios.
Sin garantías y con la confianza dañada, votar ahora la reforma sería, para muchos macristas, dar un salto al vacío.
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