El gobierno de Omar Perotti cuestionó con dureza la decisión del juez: “Genera inestabilidad, oscurece, no está a la altura”

ROSARIO.- En duros términos, el gobierno de Santa Fe le pidió al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que dé marcha atrás en su decisión de restablecer al directorio de Vicentin en la administración de la empresa y lo instó a que avale la nueva versión de intervención de la compañía que propuso el viernes el gobernador Omar Perotti, que -según remarcan- deja de lado la expropiación de la compañía.

El planteo de Perotti contiene fuertes críticas al juez. Considera que la decisión de Lorenzini "busca estabilidad, pero genera inestabilidad. Un obrar errático que no está a la altura de las circunstancias", señala el escrito que fue enviado por correo electrónico a primera hora de la mañana de este lunes al juzgado Civil y Comercial de Reconquista, que está a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, que posee una deuda de 99.000 millones de pesos.

El documento, que tiene el tono de una recusación, es un apéndice de la propuesta que hizo Perotti el viernes al mediodía, cuando desconocían en el gobierno -según admitieron- que el juez había volteado la intervención al restituir el manejo de la compañía a los once directivos de Vicentin.

Unos minutos después que el gobierno hiciera esta nueva presentación, el juez notificó formalmente al subinterventor del gobierno nacional, Luciano Zarich, y al apoderado de Vicentin, Guido Ferullode, la decisión que tomó el viernes, cuando avaló una medida cautelar que impulsó la empresa y reestableció en sus puestos a los directivos de la empresa, con lo que los interventores quedaron relegados a simples veedores.

"Es posible que el juez se tome su tiempo para decidir", deslizaron en el gobierno provincial. Si Lorenzini no define de manera rápida sobre el plan presentado por Perotti, es posible –según creen en Santa Fe– que empiecen a aparecer otros factores de presión, como el de los 1200 trabajadores que tendrán que cobrar sus sueldos.

Este escenario cargado de incertidumbre se trasladó a las plantas que la agroexportadora posee en San Lorenzo y Ricardone, cerca de Rosario, donde los 800 operarios que trabajan allí esperaban este lunes al interventor Zarich y al gobernador Perotti para saber quién pagará los sueldos. "La reunión se suspendió porque la intervención no está al frente de la empresa", afirmó a LA NACION Pablo Reguera, titular del gremio de los trabajadores aceiteros.

"En lo jurídico [la decisión] resulta aún más asombrosa, porque

Luego de las protestas del sábado que fueron importantes en Avellaneda, localidad que está separada por una calle de Reconquista, donde se encuentra el juzgado de Lorenzini, el gobierno de Santa Fe busca que el juez tome una decisión lo más rápido posible, en medio de la incertidumbre en la que quedó el manejo de una empresa, que no opera en el mercado de granos desde diciembre pasado y debe acordar en el concurso con 2600 acreedores para evitar una quiebra.

Los directivos de Vicentin hasta ahora rechazaron la propuesta de Perotti, de que la empresa sea conducida por tres interventores, pero sin la necesidad de expropiación.

"La solución que propone Perotti es peor porque, en la práctica, expropia sin indemnizar. Es una confiscación. Desplaza a todos los administradores ratificados por el juez del concurso y los reemplaza por tres interventores, que son quienes terminarían negociando con los acreedores trastornando toda la ley concursal", aseguró Máximo Padoán, directivo de la empresa, según publicó el portal Punto Biz.

El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, reconoció a LA NACION que la decisión que tomó Lorenzini "oscurece la situación en lugar de aclararla", y adelantó que si la postura del juez es irreversible el gobierno "irá subiendo en las instancias judiciales para revertir el fallo" que le devolvió al directorio el manejo de la empresa.

"No tocamos las acciones de la familia Vicentin, sino que queremos conducir la empresa porque es de interés público", afirmó Somaglia. En el escrito que enviaron al juez, la Inspección General de Persona Jurídica señala que el fallo de Lorenzini tiene "contradicciones, confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas".

"Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales, personas que además están siendo investigadas por graves delitos tanto por tribunales del país como del extranjero", le recuerdan al magistrado.