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El Gobierno volverá a enviar al Congreso un proyecto con cambios en la Ley de Salud Mental
De acuerdo a fuentes del Ejecutivo estará incluido en el próximo período de sesiones ordinarias; los reclamos de familiares y la policía
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LA NACIONCecilia Devanna
El gobierno nacional enviará en el próximo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que comienza el 1° de marzo, el proyecto para cambiar de la Ley de Salud Mental que actualmente está vigente en el país.
Así lo supo LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo que explicaron que se trata de una decisión que se vino trabajando y contempla tanto reclamos de familiares de pacientes como profesionales y de las fuerzas de seguridad.
El proyecto tendría el espíritu que ya se contempló en el apartado sobre el tema que incluía la Ley de Bases, y que finalmente quedaron fuera de la versión final que se aprobó en el Parlamento de la primera ley del Gobierno. Incluiría la creación de centros especializados y las internaciones involuntarias, uno de los principales reclamos de familiares, profesionales y agentes de seguridad, según reconstruyeron fuentes consultadas por este diario,
“Volveremos a lo que debe ser”, sintetizaron fuentes del Ejecutivo. “Hay que volver atrás y hacer algo más parecido a la ley anterior”, completaron.
Se trataría del segundo intento por parte de la administración libertaria de introducir cambios en la actual ley de Salud Mental, cuya aprobación data de 2010.
El primero, cuando se presentó el proyecto de Ley de Bases, incluía propuestas para modificar ocho artículos de la actual normativa. Entonces, se proponía un artículo que indicaba que las internaciones debían realizarse en “instituciones adecuadas”, lo que fue interpretado como un posible retroceso al permitir nuevamente instituciones especializadas, contradiciendo el espíritu de la ley actual que busca internar en hospitales generales. El punto volvería ahora a debate.
Todo el tramo vinculado a Salud Mental en la primera ley libertaria finalmente fue retirado del proyecto final que se aprobó en 2024, aunque previo a eso se generó un intenso debate sobre el enfoque de la ley actual que prioriza la desinstitucionalización y el tratamiento comunitario sobre las internaciones, permitiendo críticas sobre la dificultad de su aplicación práctica y la falta de recursos.
Entre los principales cambios ya contemplaban entonces y volverán ahora a debate está la internación involuntaria, que autoriza a jueces a facilitar la hospitalización bajo evaluación interdisciplinaria previa, y permitiría los defensores oficiales a oponerse a la externación.
El punto es uno de los que más reclaman tanto familiares de pacientes como miembros de las fuerzas de seguridad. Los primeros porque en muchos casos entienden que es lo mejor para sus familiares es una internación, pero en ocasiones esta no puede hacerse por la falta de voluntad del pacientes.
En el caso de las fuerzas de seguridad, por los escenarios que reportan con asiduidad sobre incidentes con personas con problemas mentales.
El primer proyecto de la administración libertaria también contemplaba eliminar la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes, tanto públicas como privadas. Lo que ahora también volverá a presentarse para poder avanzar en la concreción de la nueva norma.
Y, en cuanto a internación urgente, aquella versión y que ahora podría volver a plantearse incluye la facultad a los jueces a adoptar medidas de atención urgentes antes de la evaluación interdisciplinaria.
La actual ley fue promulgada en 2010, en el primer mandato de Cristina Kircher y reglamentada en 2013. También, fue debatida, reforzada y confirmada en el Código Civil de 2015, durante la segunda presidencia de la exmandataria. Y tuvo el apoyo de distintas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS). Pero recibió muchos cuestionamientos por parte de profesionales, familiares y las fuerzas.
Entre los casos paradigmáticos a los que aluden desde las fuerzas de seguridad está el del crimen del policía de la Federal Juan Pablo Roldán, asesinado por un hombre identificado como Rodrigo Roza, cerca del MALBA en 2020.
Roza tenía alteraciones mentales, murió poco después del crimen. Y en el caso se expusieron las fuertes tensiones entre la la ley actual, que prioriza la internación voluntaria y la necesidad de intervención policial ante situaciones de personas con rasgos psiquiátricos, especialmente cuando hay riesgo para terceros.
Por el caso se llevó a juicio contra el psiquiatra del paciente, que finalmente fue absuelto, y hubo un intenso debate sobre la implementación efectiva de la ley y protocolos para fuerzas de seguridad.
Por Cecilia Devanna
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