Bullrich se mostró optimista respecto al tratamiento de la reforma laboral: “Tenemos una buena cantidad de votos”

Sin acuerdo todavía por la discusión de los fondos que deberían resignar las provincias por la baja en el Impuesto a las Ganancias, el oficialismo sigue discutiendo las modificaciones que se le introducirán al proyecto de ley de reforma laboral en la sesión del Senado convocada para este miércoles, a las 11.

El secretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, recibió al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y a su vice, Franco Bartolacci.

Según comunicaron fuentes oficiales, durante el encuentro, conversaron sobre una modificación a la Ley de Financiamiento Universitario y la construcción “de un nuevo esquema” que sustituya al actual “sin derogarlo”.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneos. La medida busca rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno que se tratará ese mismo día en el Senado.

CATT calificó en un comunicado a la iniciativa oficial como “regresiva”. “Avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”, expresaron.

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En la reunión del Consejo Directivo sostuvieron que la reforma busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

La CATT también advirtió que, desde hace cuarenta años, ante cada estancamiento económico, “se viene agitando la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, la regresión salarial y mejorará la distribución de la riqueza”. Sin embargo, la entidad señaló que esto, a su parecer, no ocurrió: “Hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos”.

Juan Carlos Schmid, Secretario General, consideró, en esa misma línea, que la reforma “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.

Por su parte, Juan Pablo Brey, Secretario Gremial de la CATT, expresó: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”.

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Un grupo de obispos que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas de la Iglesia católica rechazaron mediante un duro documento la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron al Gobierno que “no resuelve el problema”, sino que “lo profundiza”.

Señalaron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico, y en cambio pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel.

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Reconocieron que es necesaria una reforma para adecuar las normas a los compromisos internacionales en defensa de los menores de edad, pero señalaron que “el debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”.

Dijeron que una propuesta normativa “debe surgir del compromiso con la realidad y la responsabilidad pública, no del oportunismo electoral ni de la manipulación del legítimo malestar social”.

Bajo el título “Cuando el oportunismo reemplaza al realismo”, mencionaron: “Constatamos que el oportunismo político prescinde incluso de los datos empíricos disponibles y, a partir de hechos particulares, instala un discurso de soluciones aparentes e ilusorias”.

La carta abierta está firmada por Cáritas Nacional, que preside monseñorGustavo Carrara; la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, que preside el obispo de Azul, monseñorHugo Salaberry, e integra el arzobispo de Buenos Aires, monseñorJorge García Cuerva; y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.

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El dólar aceleró hoy su tendencia a la baja al cerrar ofrecido para la venta al público en el Banco Nación a $1440 —a $1446 en promedio entre los bancos privados—, es decir, con un nuevo retroceso de $10 frente al cierre del viernes, lo que lo llevó a ubicarse en el menor nivel desde el 20 de noviembre pasado.

Lo que esa cotización -y el resto de los precios a los que se comercializa el billete- reflejó fue el desplome de $16 que sufrió en la jornada el dólar mayorista al clausurar la rueda a $1407,00/1416,00 por unidad para la compra y venta respectivamente (-1,1%), tras registrar “la caída más importante para un día de operaciones desde el comienzo del año y replicar la registrada el 17 de noviembre”, hizo notar al respecto el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios.

En el Indec hay una sensación de tristeza y de historia repetida. Los trabajadores de ATE en el instituto harán mañana una radio abierta a las 15.45 —quince minutos exactos antes de la salida del informe oficial de inflación de enero— en la puerta del organismo para reclamar por la publicación del nuevo IPC, una movida que recuerda a los “abrazos” en la oscura era de Guillermo Moreno y el apagón estadístico.

La polémica —dicen sus técnicos— se sostendrá ahora con cada salida de un indicador público sensible hasta que el Gobierno dé marcha atrás con el freno a la salida del nuevo IPC. En los pasillos del organismo afirman que el daño a la credibilidad de la información pública y la confianza de los índices ya fue hecho por la decisión que tomaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Por suerte, contaron, los trabajadores todavía pueden reírse de la situación: llaman el nuevo termómetro para medir la inflación “IPC Benjamin Button”, porque “nació viejo”, o “IPC Bastardo”, porque “el Gobierno no lo quiere reconocer aunque ya lo había anunciado”. Lo hizo en un informe del Indec, en la ley de presupuesto 2026 y también desde un informe oficial del Banco Central (BCRA).

El juez federal Sebastián Casanello procesó por corrupción a quienes encabezaron la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por $5.984.594.394,24 (unos cuatro millones de dólares), pero advirtió que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en los hechos que dio por probados en su fallo. El juez sospecha que hay otros delitos y otros responsables aún no identificados.

¿Hasta donde puede llegar la investigación? La génesis de esta causa son los audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, por entoces titular de la Andis, vinculaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei con un presunto “choreo” montado dentro del organismo. Los audios trascendieron en agosto del año pasado. La voz adjudicada a Spagnuolo dice que ya había puesto sobre aviso de lo que estaba pasando a Javier Milei, con quien tenía una relación cercana (llegó a ser su abogado personal).

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Ni Menem ni la hermana del Presidente están bajo investigación en estos momentos y esos audios no fueron siquiera usados como prueba en el expediente (el fiscal Franco Picardi prescindió de ellos, consciente de que en caso de ser declarados ilegales, podrían hacer caer la causa entera).

En la resolución de este lunes, Casanello revela una comunicación donde dos de los presuntos jefes de la asociación ilícita que funcionó en la Andis parecen aludir de forma críptica a Menem y al riesgo de que Spagnuolo cometiera “una torpeza” que los complicara a todos.

Se trata de un mensaje enviado por Pablo Atchabahian a Miguel Angel Calvete, el 6 de junio de 2025, dos meses y medio antes de que trascendiera el audio adjudicado a Spagnuolo y se abriera esta causa. El mensaje parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei). Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado”.

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La fiscalía y la ARCA rechazaron hoy cerrar la causa por evasión que se le sigue a la AFA y a sus autoridades, al sostener que por más que las resoluciones del ministerio de Economía eximan a las organizaciones sin fines de lucro de pagar algunos tributos, no le corresponde este beneficio a la asociación del fútbol o a sus directivos.

La AFA fue denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y también por el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes.

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Pero la AFA pidió cerrar la causa por inexistencia de delito, porque sostiene que esas deudas no son exigibles puesto que existe una comunicación del ministerio de Economía, prorrogada en cuatro oportunidades, que suspendió las ejecuciones fiscales y que por lo tanto los abogados del Estado no pueden llevar a juicio esas retenciones.

El juez Diego Amarante le pidió opinión a la AFA y a la ARCA antes decidir si corresponde o no cerrar la causa. El fiscal Claudio Navas Rial escribió que la ARCA informó que, tras verificar el calendario fiscal, “los vencimientos de obligaciones oportunamente denunciadas no sufrieron modificación alguna”.

Según el fiscal, las resoluciones generales citadas por la defensa (como las 5482/2024 o 5806/2025) no alteraron las fechas de vencimiento impositivo y previsional de los períodos investigados.

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En el sprint final del proyecto de ley de reforma laboral rumbo a la votación en el Senado, prevista para este miércoles, el Gobierno se muestra abierto a sumar cambios, cuyos eventuales detalles y alcances son mantenidos bajo un fuerte hermetismo. Con algunas modifiaciones en el texto final, la Casa Rosada cree que lograría el apoyo de los gobernadores.

Por lo pronto, la mesa política se reunirá este martes, a las 11, en la Casa Rosada, en la previa al debate y con la mira puesta en el último tramo de definiciones. Para entonces ya tendrán los resultados de la reunión que este lunes, a partir de las 18, mantendrá la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con jefes de bloques aliados.

El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto para su implementación.

El texto, que ingresó esta mañana por la Cámara de Diputados, fija un costo total de $23.739 millones y detalla cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.

La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó una multitudinaria movilización al Congreso Nacional para el próximo miércoles 11 de febrero, cuando el Senado debata la reforma laboral.

La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15. Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció, junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni, la desarticulación de aquella organización criminal dedicada a maniobras de extorsión digital.

En la conferencia de prensa informaron los avances de una investigación que permitió identificar y detener a los responsables de esta red que operaba desde el sistema penitenciario.

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, denunció aprietes de cara al debate del proyecto de Ley de Modernización Laboral el próximo miércoles en el Senado. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista (PJ) en sus distritos” sostuvo el salteño en diálogo con Todo Noticias.

“Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”, agregó el mandatario provincial. Hasta ahora, los distritos del PJ intervenidos son Misiones, Salta y Jujuy, lo cual tiene al gobernador salteño en cruces públicos con la cúpula del partido encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner.

Demian Reidel, asesor del presidente Javier Milei, dejó hoy el directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de los movimientos.

Reidel, ingeniero físico y con trayectoria en el sector financiero, presidió la compañía estatal desde abril de 2025 y semanas atrás quedó envuelto en una fuerte polémica al conocerse que dos gerentes designados por él fueron desplazados de sus cargos en medio de sospechas de sobreprecios en una licitación sobre un servicio de limpieza.

El gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, anunció un programa de beneficios impositivos de hasta un 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, como asimismo en subsidios en las tarifas de servicios públicos para el desarrollo y radicación de proyectos en la provincia. La medida fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Este es el camino. Bravo”, escribió en X.

Horas antes de que venciera el plazo para que Federico “Fred” Machado definiera si reafirmaba su inocencia ante la Justicia de Estados Unidos, la defensa confirmó ante los tribunales federales de Texas que mantiene “negociaciones sustanciales” con la Fiscalía con el objetivo de llegar a un acuerdo. ¿El objetivo? Que Machado se declare culpable a cambio de una reducción de su condena.

Las gestiones en curso buscan evitar que el proceso judicial en curso derive en la sustanciación de un juicio oral con la participación de un jurado, de resultado incierto. En una presentación de cinco páginas, la defensa detalló ante el juez federal del Distrito Este de Texas, Amos Mazzant, que las partes continúan dialogando para cerrar un acuerdo que evite el litigio.

El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto para su implementación.

El texto, que ingresó esta mañana por la Cámara de Diputados, fija un costo total de $23.739 millones y detalla cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.

María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense y exdiputada nacional, retoma su actividad tras algunas semanas de descanso. En un café con el frente color amarillo, donde es habitué, y lejos de su banca en el Congreso, mantiene su apoyo a La Libertad Avanza (LLA) en cuanto a cambios estructurales. “Ojalá que la reforma laboral se sancione en estos días”, dice la dirigente de Pro, hoy monotributista dedicada a la consultoría privada y a la docencia después de 25 años en el sector público.

Por otra parte, expresa desconfianza en el Gobierno por el atraso en la nueva metodología para medir la inflación en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): “Las explicaciones no quedaron claras”. Además, critica la creación de la Oficina de Respuesta para juzgar a la prensa al decir que “no se puede gobernar con una sola verdad” y defiende a Ian Moche, el niño con autismo atacado por la gestión libertaria.

La inflación en la ciudad de Buenos Aires se aceleró por quinto mes consecutivo y rompió en enero el 3%. Así lo informó el organismo estadístico porteño, que arrojó un IPC del 3,1%, 0,4 puntos porcentuales más que en diciembre (2,7%).

El dato se conoce tras la controversia por la decisión del Gobierno de frenar la actualización de la metodología del Indec para estimar la inflación, con un cambio en la composición de la canasta empleada a partir de la más reciente encuesta de gasto de los hogares. Este escenario, que forzó la renuncia del titular del organismo, Marco Lavagna, generó también dudas por la confiabilidad de las estadísticas públicas. El dato de enero, que finalmente se elaborará con la metodología vigente, se conocerá mañana.

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

También lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse, según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello. Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados hoy como tales, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian. Calvete y Atchabahian, dos hombres vinculados a droguerías y con un pasado en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales. Según las pruebas de la causa, hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.

Promete convertirse en la inversión privada más importante de los últimos años en la Argentina. Aunque todavía no dio a conocer los detalles finales, la empresa Vicuña —que busca desarrollar el mayor proyecto de cobre del país— aplicó en diciembre pasado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría Peelp, que exige una inversión mínima de US$2000 millones. En la provincia, sin embargo, el entusiasmo es mayor: estiman que el desembolso total podría alcanzar los US$15.000 millones a lo largo de la vida útil del proyecto.

A solo unos pasos de la frontera con Chile, a casi 5300 metros de altura, donde ya no crece la vegetación, un grupo de trabajadores operan máquinas perforadoras en el yacimiento Filo del Sol, donde hay tareas de exploración. Junto con Josemaría —ubicado a solo 12 kilómetros de distancia, aunque unos 800 metros más abajo— conforman el proyecto Vicuña, que podría comenzar a producir y exportar concentrados de cobre, oro y plata a partir de 2030.

“Estaba para decir, ‘bueno, ya está’ y me pararon Javier y Karina [Milei], terminantemente”, dijo Mariano Cúneo Libarona. El ministro de Justicia regresó a la actividad tras un viaje por Europa y se refirió a las versiones sobre su renuncia al Gabinete.

“Me llamó Karina [Milei, secretaria General de la Presidencia] diciéndome que yo era muy valioso y considerado, pidiéndome ‘quedate’”, dijo en diálogo con Splendid AM 990.

El cambio de año fue testigo de una ola de renuncias en el Gobierno, que acumuló 45 salidas de altos funcionarios en apenas dos meses. La aceleración de los recambios generó ruido dentro y fuera de la gestión: al menos siete desplazamientos correspondieron a puestos de alta jerarquía, incluso en organismos sensibles como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuya conducción dejó el lunes pasado Marco Lavagna.

Detrás de estos movimientos conviven disputas de lealtades, diferencias técnicas, acusaciones de desprolijidades y malestar por pérdida de poder. En varios casos, el trasfondo remite a la interna entre las tribus oficialistas y a quién responde cada funcionario: el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, entre otros.

El progreso en la nueva Argentina libertaria es la promesa de un Tesla barato. Javier Milei sostiene altos niveles de apoyo popular sin disfrutar de la fiesta de consumo que vivieron otros presidentes decididos, como él ahora, a transformar la matriz económica y construir una hegemonía política. Tuvo habilidad para vender una esperanza basada en la idea de que el porvenir dorado requiere primero derrumbar el viejo régimen y atravesar un desierto de penurias. Pero, ¿hasta cuándo dura la paciencia?

Esa pregunta pesa en el ánimo de Milei y condiciona el ritmo de la gestión. El miedo a que se cierre la “ventana de oportunidad” para hacer los grandes cambios estructurales es el hilo invisible que une la sucesión de hechos que marcaron la última semana: la salida conflictiva de Marco Lavagna del Indec, la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, la presión para avanzar cuanto antes con la reforma laboral y la fundación de una oficina virtual para desacreditar al periodismo profesional.

La caída del precio de la ropa se convirtió en uno de los datos más utilizados por el Gobierno de Javier Milei para defender la apertura comercial y la desregulación de importaciones. Pero detrás de esa mejora concreta para los consumidores se despliega una contracara igual de contundente: el sector textil, confecciones, cuero y calzado es hoy el que más empleo formal perdió dentro de la industria y uno de los más golpeados de toda la economía.

La discusión expone un debate sensible en la Argentina. De un lado, 45 millones de consumidores que durante décadas pagaron bienes más caros que en el resto del mundo, con la indumentaria como uno de los ejemplos más claros. Del otro, una cadena productiva intensiva en empleo, con fuerte presencia territorial, que enfrenta una combinación de demanda interna débil y una competencia importadora que avanzó con fuerza tras la apertura económica impulsada por el Gobierno.

El desplazamiento de Graciela Bevacqua del Indec, en enero de 2007 -aunque las presiones de Néstor y Cristina Kirchner sobre los técnicos del organismo habían comenzado un año antes por el avance de la inflación en el país-, fue el hito que marcó la intervención del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el organismo. Ese punto de inflexión derivó en una década de apagón estadístico en la Argentina y, probablemente, el comienzo del desmantelamiento institucional que caracterizó al kirchnerismo en el poder.

En una entrevista exclusiva con LA NACION, la exdirectora de Precios del Instituto afirmó que la decisión del gobierno de Javier Milei de no publicar el nuevo índice de precios, lo que derivó en el portazo del director del instituto estadístico, Marco Lavagna, “pone una nube oscura sobre la credibilidad”, tanto en la Argentina como en el ámbito internacional.

En las últimas semanas la industria del vino se vio sacudida por una sucesión de malas noticias. Primero fue la presentación en concurso preventivo de Norton -la bodega controlada por la familia austríaca Swarovski, que acumula deudas por más de US$30 millones-, después llegó el anuncio de la reestructuración de la cadena de pagos de Bianchi -una de las contadas firmas del sector que sigue en manos de los descendientes de los fundadores- y los problemas financieros que enfrenta la sanjuanina Casa Montes, con más de 280 cheques rechazados.

En el sector reconocen que más allá de la situación puntual y las dificultades que arrastra cada bodega, la crisis que enfrenta el sector es mucho más generalizada, con una caída en el consumo doméstico que se sintió con mucha más fuerza en el vino que en otros rubros y exportaciones golpeadas por un tipo de cambio que no ayuda y una menor demanda internacional. Sin embargo, también destacan que la industria continúa siendo competitiva a nivel global y que el cambio en los hábitos de compra abre una oportunidad para las bodegas que logren adaptarse a un nuevo escenario en el que los consumidores toman menos y con menor frecuencia, pero están dispuestos a pagar más por vinos de mayor calidad, con origen definido y marcas reconocidas.

Si bien el año 2025 terminó registrando un ritmo de crecimiento económico que casi duplicó el promedio de la región, gran parte de ese desempeño se explicó por la comparación con un 2024 marcado por un fuerte proceso de corrección de los desequilibrios macroeconómicos, que derivó en un primer cuatrimestre particularmente recesivo. Ese piso bajo favoreció la comparación interanual, incrementando estadísticamente la tasa de crecimiento anual y generando una lectura más favorable de los datos agregados.

Ahora bien, si se analiza lo ocurrido a lo largo del año 2025, se observa que la economía estuvo virtualmente estancada, además de exhibir desempeños muy heterogéneos entre sectores. Mientras algunos sectores se encuentran en niveles máximos históricos, otros continuaron operando muy por debajo de esos registros. Al intentar explicar este magro resultado agregado, se destaca como principal factor explicativo la fuerte compra de activos externos en un contexto de elevada incertidumbre asociada al año electoral, que condicionó las decisiones de gasto e inversión.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este domingo el acuerdo comercial que la Argentina acaba de firmar con Estados Unidos y trazó un panorama optimista sobre el nuevo orden global. Durante la Conferencia para Economías de Mercados Emergentes (ACEME) que se desarrolló en la ciudad de Al-Ula, Arabia Saudita, y ante una audiencia de banqueros centrales y ministros de finanzas convocados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario afirmó que las tensiones geopolíticas actuales, lejos de ser un obstáculo, estaban abriendo “avenidas colaterales” que la Argentina había comenzado a capitalizar.

Sturzenegger reveló detalles del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, al que calificó como un “gran negocio” para el país y un “acierto geopolítico” para la administración norteamericana. El ministro insisitió en que la estrategia de friend-shoring (abastecimiento en países aliados) permitiría que unos 2000 productos argentinos ingresaran ahora en el mercado nortemericano con arancel cero.

El Gobierno designó a Pedro Ignacio Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y aceptó la renuncia de Marco Lavagna al cargo. La decisión se formalizó mediante el Decreto 91/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y fija el recambio de autoridades con fechas precisas para la salida y la asunción.

La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Lavagna rige desde el 2 de febrero. A su vez, dispone que Lines asuma la conducción del organismo a partir del 4 de febrero. En uno de los artículos del decreto, se manifiesta agradecimiento al funcionario saliente por las tareas desarrolladas durante su gestión.

La interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires acaba de entrar en un impasse. Máximo Kirchner vendió cara su derrota y Axel Kicillof terminó aceptando una propuesta del jefe camporista para asumir la conducción del partido, pero debajo de la repentina sintonía sigue latente la desconfianza y, sobre todo, la pelea que empieza a avizorarse por las candidaturas de la principal fuerza de oposición a Javier Milei de cara a 2027.

Para comprender el estado de situación del PJ bonaerense, que históricamente fue la locomotora del peronismo a nivel nacional, hay que reparar en un dato concreto: Kicillof solo pudo tomar el control del partido al séptimo año de su mandato como gobernador. ¿Por qué no lo hizo antes? Puede haber múltiples respuestas, pero la primera es que respetó el acuerdo original que tenía con el kirchnerismo, que era gestionar sin armar estructura política.

En los días que siguieron a la salida de Paul Starc de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) surgieron versiones alternativas a la que ofreció el Gobierno respecto a su partida, que habría resultado ser más traumática de lo que trascendió desde el oficialismo.

Por su rol antilavado, de recepción y análisis de datos, la UIF está obligada a desplegar sus actividades en contacto continuo con otros organismos, y los chispazos entre Starc y otras áreas del Estado se dieron desde el comienzo de su gestión, y de forma permanente, aseguraron a LA NACION fuentes indiscretas que lo trataron durante su paso por el organismo.

Javier Milei realizó cambios en su agenda oficial, al cancelar un viaje que tenía previsto mañana a Estados Unidos, en el que iba a asistir a la Gala de Prosperidad Hispana. Es que fue invitado por el presidente Donald Trump a la reunión inaugural del Consejo de Paz, el próximo 19 de febrero en Washington.

El viaje fue modificado por la cercanía entre ambos compromisos. “El Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, informaron en la Presidencia. Esta semana, el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral el miércoles en el Senado y la baja de la edad de imputabilidad el jueves en Diputados.

La Corte Suprema de Justicia se reactiva este martes tras el receso de verano y en su hoja de ruta ya se vislumbran dos ejes: el pedido al Gobierno para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial, que llegarían a más del 40% en 2026, y una exhortación a los jueces de tribunales inferiores a que le den celeridad a los juicios sobre causas de corrupción. Así informaron a LA NACION fuentes al tanto de lo que será la agenda de prioridades del máximo tribunal.

Otro tema que inquieta es la integración de la Corte Suprema, pero no es un asunto que vaya a resolverse de inmediato sino a lo largo de los próximos meses.

Uno de los principales desafíos y objetivos de la gestión de Javier Milei es lograr que los argentinos saquen los dólares del colchón después de décadas en las que sufrieron inestabilidad macroeconómica, confiscaciones, cepos y cambios de reglas constantes.

En ese contexto, el Gobierno publicó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal y convirtió en operativos los cambios que el oficialismo presenta como un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes. En la definición oficial, la norma pone en marcha un “blanqueo popular permanente”, entendido como un esquema continuo que permite regularizar ahorros informales y utilizarlos libremente, sin revisiones hacia atrás, siempre que se tribute de ahora en adelante.