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El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral
Tres áreas trabajan en ese objetivo, según fuentes de Casa Rosada; la mira en la Corte Suprema y los puntos que suponen más conflictivos
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LA NACIONCecilia Devanna
La Casa Rosada ya prepara la estrategia ante lo que descuenta que será la segura judicialización de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a LA NACION.
Las fuentes detallaron que los principales planteos los esperan de la propia justicia laboral nacional, alcanzada por el traspaso a la Ciudad incluido en la reforma, y de parte de los gremios, por distintos artículos del proyecto, que se encamina a tener aprobación de Diputados en los próximos días. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron en la sede gubernamental.
En la administración libertaria creen que los planteos no tardarán en llegar apenas se sancione la ley y descuentan que escalarán hasta terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia.
En Balcarce 50 señalan que el diseño de la estrategia está en manos de la Secretaria de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal; de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), cuya titular es Santiago Castro Videla; y del segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. Se trata de tres personas cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo.
En el caso de los posibles planteos del propio Poder Judicial sostienen que creen que será por la reducción de cargos y juzgados que implicará el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una transferencia que contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que hoy no cuentan con magistrados designados.
El cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña. La inclusión del tema en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se tejió en silencio entre las administraciones nacional y de la Ciudad, y en los últimos días tomó por sorpresa tanto a los jueces y como al gremio de empleados judiciales.
En el Palacio de Gobierno no ocultan la satisfacción por esa reducción ante un fuero cuya “discrecionalidad” y “parcialidad” suele ser motivo de diferentes críticas por parte del Poder Ejecutivo, que suele machacar sobre los perjuicios que surgen de la “industria del juicio”.
Cuando la semana pasada, horas antes del debate en el Senado, se conoció que el traspaso se incluiría en el articulado de la reforma laboral, se pusieron en alerta organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y gremios como el que encabeza Julio Piumato, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
Respecto de lo que pueden ser las presentaciones de los gremios, en las filas libertarias creen que los planteos pueden venir por lo que contiene el articulo que modifica el orden de prelación de los convenios de trabajo.
En el texto del Gobierno se establece la posibilidad de que un convenio de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor aún si tiene condiciones menos beneficiosas para los trabajadores. Lo que implica que un convenio colectivo de una empresa o de una región pueda imponerse sobre el convenio nacional de rama de actividad.
En la Casa Rosada también creen que el sindicalismo podría rechazar que se limite la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, lo que implica que todos los acuerdos firmados entre empresarios y gremios conservan vigencia hasta tanto no sean reemplazados por otro, inclusive cuando estén vencidos.
Del mismo modo, entienden que podrán ser objetos de judicialización los puntos referidos la reducción, por distintas vías, de las indemnizaciones a los trabajadores y las multas a los empleadores.
Los gremios ya tienen el antecedente de haber logrado amparos judiciales contra el DNU 70/23 y el capítulo laboral de la Ley Bases, a poco del comienzo de la gestión mileísta. En el caso del primero, la Corte Suprema aún no dio una respuesta definitiva, pese a que pasaron ya dos años. En cuanto a la Ley Bases, lograron que la justicia laboral suspendiera y declarara inconstitucional el Título IV, un hecho que en las filas violetas no olvidan.
“Hay que esperar y ver”, dicen en cerca del presidente Javier Milei, donde todavía priorizan las negociaciones pendientes para asegurar la sanción de la ley Diputados, pero ya trabajan en los escenarios de judicialización posibles.
