El Gobierno ya traza una estrategia para demorar la puesta en marcha de la ley

La Casa Rosada evalúa los pasos por seguir luego de que la oposición del Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en Discapacidad y dejó firme la norma.

En principio, la estrategia de la Casa Rosada es ganar tiempo, no apurar la reglamentación de la ley ni presentarse en la Justicia.

El Gobierno se inclina, por ahora, a esperar que actúe la oposición en los tribunales. En ese sentido, en la gestión de Milei prevén como un escenario posible que, ante la falta de implementación de la ley, la oposición se vea obligada a presentarse ante la Justicia para intimar al Gobierno. Recién entonces, la Casa Rosada respondería judicialmente.

La concreción de esa estrategia serviría a la administración libertaria para ganar tiempo de cara a una nueva composición del Congreso a partir de diciembre próximo, con los números que arrojen los comicios legislativos de octubre.

Ese escenario es el que más forma tomó en las últimas horas. Otra posibilidad era llevar el tema directamente a la justicia, tal como adelantó el Gobierno luego de que se rechazara en Diputados el veto del presidente Milei. Pero las últimas reuniones en la Casa Rosada inclinaban la estrategia hacia la opción de la demora en la respuesta.

En el Ejecutivo están convencidos que la implementación de la ley es imposible de cumplir y consideran una “irresponsabilidad” por parte de la oposición, al no decir de dónde deben salir los fondos para su implementación.

“La condición financiera es que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar esto”, explicó el Presidente semanas atrás.

De allí se desprende el principal argumento que esgrimen en los pasillos oficiales y que apunta al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

El recorrido de los vetos

La ley de emergencia en Discapacidad fue vetada por Milei junto con la moratoria y el aumento previsional. Desde el primer momento el Gobierno anunció que no sostendría las decisiones que implicaban “atentar” contra el superávit fiscal. “Los tres vetos implican el 2.88 del PBI”, explicaban en Casa Rosada.

El pasado 8 de agosto, Milei en una cadena nacional explicó por qué decidió vetar los proyectos. “Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, que incluye reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de docente y las prestaciones por discapacidad, entre otros, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI”, dijo el mandatario en su explicación.

“No está proponiendo otra cosa que o más impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender”, cuestionó el mandatario.

Por Cecilia Devanna

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