Coronavirus en la Argentina: el impuesto Patria nace herido

El proyecto de ley para gravar los grandes patrimonios generó cortocircuitos en el Frente de Todos y dejó descolocados a los diputados de origen sindical que habían avanzado con una medida parecida
Alberto Fernández y Sergio Palazzo
Alberto Fernández y Sergio Palazzo Fuente: Archivo
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18 de abril de 2020  

Una firma de un diputado nacional presuntamente adulterada en un borrador, un error garrafal en el monto del patrimonio sobre el cual cargaría el nuevo impuesto y una pelea de protagonismo sentenciaron al denominado impuesto Patria, absorbido ahora en un proyecto de ley más sustancioso que lleva el sello del kirchnerismo y se ganó a la fuerza el aval del Presidente.

Casi una semana antes de que el diputado Carlos Heller recibiera en Olivos la venia de Alberto Fernández y Máximo Kirchner para avanzar con la letra chica del proyecto de ley que pretende gravar los grandes patrimonios, un grupo de legisladores de origen sindical había jugado sin éxito su propia iniciativa, denominada impuesto Patria, cuyo espíritu recaudador no dista demasiado del que ideó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Sin embargo, más allá de coincidir en los atajos para echar mano a fondos ajenos en tiempos de pandemia, surgieron algunos cortocircuitos que sacudieron a la coalición oficialista.

El impuesto Patria nació como fruto de un debate interno en la Asociación Bancaria (AB), el gremio que lidera Sergio Palazzo. El sindicalista se asesoró con Hernán Letcher, el economista que dirige el Centro de Economía Política, y le dieron forma al proyecto de ley, que finalmente fue presentado el 7 de abril último por el diputado tucumano Carlos Cisneros. El timing no habría sido casual: la iniciativa de La Bancaria se conoció apenas unos días después del viernes negro con los jubiliados apiñados en las puertas de los bancos, expuestos al contagio del coronavirus.

Aislado en su provincia por la cuarentena, Cisneros delegó trámites burocráticos en su colega Vanesa Siley, dirigente de uno de los gremios judiciales, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo y una diputada muy cercana a Cristina Kirchner. Fue ella, por estar en Buenos Aires, la que avanzó con los detalles del proyecto, según el legislador tucumano.

Siley decidió, así, darle impulso al proyecto de ley sumando el apoyo y la firma de otros siete diputados de origen sindical, entre ellos, Facundo Moyano. Pero el hijo del jefe camionero tomó distancia rápidamente, sorprendido. El borrador contemplaba gravar a las personas cuyos patrimonios superen los 10 millones de pesos, por lo que la carga del eventual tributo recaería en buena parte de la clase media con solo tener una propiedad a su nombre, un auto y un sueldo estándar. A Moyano lo advirtió el empresario textil Tommy Karagozian con un mensaje furibundo. Fue entonces cuando Moyano revisó el proyecto y se percató de que nunca había dado el aval para que su nombre figurara como los acompañantes de la iniciativa. Le habían puesto su firma de prepo, sin consultarlo. Moyano relativizó el episodio tras charlar con Sergio Massa, el presidente de la Cámara y su jefe político. Massa también tomó distancia de la propuesta. "No hay nada presentado. Hace diez días que circulan borradores hasta como fake news. Más allá de la iniciativa que puede tener uno o un grupo, hay un conjunto de ideas que tienen que ver con incentivos fiscales a las empresas", dijo ante empresarios, al día siguiente de la visita de Heller a Olivos.

El proyecto del bancario Cisneros perdió fuerza en el camino. Ni llegó hasta la mesa de entradas. El error del monto fue corregido tras la intervención de Moyano ante sus colegas diputados de origen sindical. Los patrimonios superiores a los $1000 millones, no a los $10 millones, pretendían ser los alcanzados por la norma. Es decir que en el borrador se omitieron dos ceros. Ni siquiera el autor de la iniciativa sabe de quién fue la falla. Tal vez lo sepa, pero cree que no es momento para las peleas y las vanidades. Finalmente, Cisneros archivó la idea surgida en las entrañas de su gremio y se alineó con la propuesta de Heller.

Heller observó desde lejos las desprolijidades de sus compañeros de bancada. Solo habría manifestado cierto disgusto porque considera que le "ensuciaron" el proyecto original, el que tuvo luz verde de la Casa Rosada. Heller estima que el proyecto que propone gravar los grandes patrimonios generará una recaudación entre 3000 y 4000 millones de dólares para afrontar la pandemia. Precisó delante del Presidente que el nuevo tributo se aplicaría sobre fortunas superiores a los 3 millones de dólares y que suman 12.000 las personas físicas que ostentan este nivel de riqueza.

Las dudas de Massa radican en que entre esas 12.000 personas estarían los empresarios más importantes del país, a quienes distingue con un rol protagónico cuando el virus haya muerto y sea necesario reconstruir el tejido social y económico con la creación de empleo. Algo similar piensan senadores peronistas que ya manifestaron sus reparos.

En la CGT no son ajenos al impuesto a la riqueza. Dudan, como Massa, de la intencionalidad que pueda tener el kirchnerismo con el tributo. No sorprendería entonces que la CGT respaldara públicamente la iniciativa, aunque lo haría de la mano de otra demanda: así como se recortan salarios en el sector privado, sería saludable que lo hicieran los políticos. Un dirigente lo planteó en esos términos durante la novedosa reunión virtual del jueves pasado.

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