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El juez Garzón pidió la detención de 18 argentinos
Su par Cavallo dio curso a la solicitud del magistrado de España
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El juez federal Gabriel Cavallo ordenó ayer la detención con miras a extradición a España del ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa y de otros 17 militares, policías y civiles acusados de haber participado en la represión ilegal durante la dictadura.
La resolución del magistrado es la respuesta a una solicitud de detención preventiva que cursó el 21 de agosto último el juez español Baltasar Garzón, que pretende juzgar en Madrid a los imputados por supuestos delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
Esta es la primera vez que un pedido de Garzón tiene acogida favorable en el país, que hasta ahora defendió el principio de territorialidad y se negó a extraditar a militares acusados de violaciones a derechos humanos.
Para cumplir con la orden de Cavallo, efectivos de la Policía Federal buscaban anoche a José Antonio Suppicich, Salvio Olegario Menéndez, Raúl Scheller, Miguel Benazzi Berisso, Hugo Enrique Damario, Fernando Peyón, Francisco Rioja, Jorge Rádice (detenido por otra causa), Jorge Luis Magnacco (detenido por otra causa), Roberto Oscar González, Roberto Carnot, Gonzalo Sánchez, el ex juez Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Mario José Fasino, Eduardo Alberto Ramos, Juan Calixto Perizzotti y María Eva Aevis. Varios de ellos actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y fueron identificados por sobrevivientes.
Fuentes de la Armada dijeron que, a pedido de la Justicia, la institución intenta localizar a varios acusados, para que se presenten en los tribunales y queden detenidos.
El juez Garzón lleva adelante un proceso contra un centenar de militares argentinos acusados de violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora no había tenido ninguna colaboración de la Argentina para detener a los imputados debido a que el país no le reconoce jurisdicción para investigar delitos cometidos aquí.
El Gobierno, contra los arrestos
El juez Cavallo dijo a LA NACION que la Cancillería presentó un escrito en el que señala que, de acuerdo con su interpretación del tratado de extradición con España, no procede la detención preventiva de los acusados requeridos por su par español. El magistrado aclaró, sin embargo, que como la presentación no se hizo en forma oficial sino sólo "para transmitir la opinión del Gobierno", él ordenó de todos modos los arrestos.
Si la policía y la Armada logran detener a alguno de los acusados, como se prevé en tribunales, Garzón deberá remitir la solicitud formal de extradición. Entonces, el Gobierno de Fernando de la Rúa tendrá que resolver si accede o no al pedido.
El mes último, las autoridades argentinas negaron una solicitud similar de Italia contra el ex represor Alfredo Astiz, que recuperó la libertad y ahora afronta una causa que instruye el juez federal Jorge Urso por la desaparición de tres ciudadanos de origen italiano.
Si en este caso las autoridades argentinas también se negaran a entregar a los acusados, entre los que hay algunos civiles no alcanzados por las leyes exculpatorias de punto final y de obediencia debida, Cavallo tendría que disponer su libertad y archivar la causa, precisaron fuentes judiciales.
El magistrado, que el 6 de marzo último dictó la nulidad de las leyes de amnistía en la causa en la que se investiga la apropiación ilegal de una menor y la desaparición de sus padres, se reunió hace dos semanas en Madrid con Garzón.
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