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El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis
También fueron citados otros 34 funcionarios y empresarios del sector; amplían las acusaciones por otras maniobras de cartelización y lavado
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LA NACIONHernán Cappiello
La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías.
La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.
Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.
El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.
A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía “retornos” en la hipótesis de la fiscalía.
El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.
Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros.
Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.
El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas.
Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático.
Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).
Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.
El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes “pantalla”: figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder.
Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.
Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.
Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.
La contraprestación, según Picardi, era el pago de “retornos” a los funcionarios públicos implicados.
La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.
Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro.
Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves” a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”.
Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.
Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.
El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.
Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.
Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
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