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El Jurado de Enjuiciamiento destituyó al juez federal Leiva
Investigó, como magistrado, un complot contra él e intervino teléfonos
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LA NACIONAdrián Ventura
El Jurado de Enjuiciamiento destituyó ayer al juez federal de Mendoza Luis Leiva por mal desempeño de sus funciones, por haber investigado desde su cargo un supuesto complot del que sería víctima, para lo cual, en lugar de pedir la intervención de otro magistrado que obrase en forma imparcial, dispuso interceptar numerosas conversaciones telefónicas.
Leiva cobró notoriedad hace dos años, cuando pidió la captura del banquero Raúl Moneta por la caída del Banco Mendoza y le imputó el delito de subversión económica. Pero la Corte Suprema dispuso que la causa era de competencia de la justicia de la Capital Federal.
Sin embargo, las acusaciones que formuló el Consejo de la Magistratura contra Leiva no se limitaban al caso Moneta: el organismo encargado de promover la remoción de los jueces imputó casi veinte irregularidades en distintos expedientes. El Jurado rechazó todos los cargos excepto uno, por el que lo removió.
Pero la sentencia que el Jurado dictó por unanimidad tiene otras lecturas, además de la política y del debate que giró alrededor de la puja entre Moneta, por un lado, y buena parte de la justicia mendocina por el otro, donde los consejeros peronistas defendieron al primero y los radicales, al segundo.
Hay, en la sentencia, un asunto institucional vinculado con la transparencia de la Justicia, en momentos en que la sociedad cuestiona a los jueces y a los políticos. Hasta ahora, para destituir a un juez bastaba con probar que había incurrido en mal desempeño. Es lo que dice la Constitución nacional. Pero, a partir de ayer, el Jurado agregó un requisito de dudosa validez: aun cuando se pruebe el mal desempeño del juez, habrá que probar que incurrió en esas irregularidades con intencionalidad.
El asunto no es teórico: si este Jurado de carácter permanente continúa en actividad, su nueva jurisprudencia será otra valla que tendrán que sortear los ciudadanos cada vez que cuestionen la actuación de un juez. En otras palabras: será más difícil echar de su cargo a un magistrado que efectivamente se haya comportado mal.
Fallo por unanimidad
El fallo fue dictado por unanimidad, con la firma de ocho jurados: Oscar Ameal, Horacio Billoch Caride, Gabriel Chausovsky, Guillermo Nano, Juan César Penchansky, Sergio Galia, Jorge Agúndez y Luis Baladrón, un bloque de jueces, abogados y legisladores que integran el organismo. El presidente del cuerpo, Eduardo Moliné O’Connor, había sido recusado y no votó.
El senador Miguel Pichetto y el abogado Juan Gersenobitz, como delegados del Consejo, habían sido los encargados de formular la acusación.
Ellos imputaron a Leiva, que fue defendido por el constitucionalista Daniel Sabsay, haber favorecido la fuga de un sospechoso, que excarceló; haber liberado automotores de una importación cuestionada por la AFIP; comprar un terreno en forma irregular; no cerciorarse de que los maletines que obsequió a un grupo de jueces, en un congreso en el que gastó 50.000 dólares, habían ingresado al país de contrabando y entregar un automóvil, que había secuestrado a un hombre imputado en su juzgado, a la suegra de un camarista amigo, a pesar de que no probó debidamente que era la dueña.
También le imputaron retener irregularmente la causa contra Moneta en su juzgado, a pesar de que debía desprenderse para remitirla a la Capital; mentirles a otros jueces e indagar a imputados sin mencionarles los hechos que les endilgaba.
El Jurado entendió que el Consejo no probó algunas de esas irregularidades, mientras que otras las tuvo por acreditadas, pero sostuvo que el Consejo no probó la mala intención de Leiva.
En cambio, sí hizo hincapié en la investigación que realizó Leiva a partir de una supuesta investigación policial de la que surgía que podía ser víctima de un complot.
Leiva explicó que no dio intervención a otro juez porque en realidad el complot era contra toda la justicia de Mendoza y que alguien debía investigarlo. Pero durante ese tiempo intervino numerosos teléfonos y ordenó a la policía filmar una reunión y sacar fotografías.
“La conducta asumida por Leiva reviste extrema gravedad”, porque “negó a las personas investigadas el derecho a tener un juez imparcial”, dice el fallo.
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