Diputados: en medio de fuertes cruces, el oficialismo impuso su mayoría y avanzó con la reforma de la procuración

Tras seis meses de permanecer paralizada en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo resucitó la reforma de la ley de Ministerio Público: esta noche, tras un fuerte enfrentamiento con la oposición, impuso su mayoría en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales para despachar el dictamen correspondiente. Cerca de la una de la mañana, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con 34 acompañamientos.

Juntos por el Cambio impulsó un dictamen que reunió 29 firmas. En tanto, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) respaldó un dictamen propio, que presentará en la próximas horas.

Al bloque del Frente de Todos le falta reunir todavía media docena de votos para alcanzar el quorum y sancionar la norma, propiciada por el kirchnerismo para eyectar de su cargo al actual procurador interino, Eduardo Casal. Ni siquiera sus tradicionales aliados están dispuestos a acompañarlo en esta iniciativa que amenaza con la estabilidad de los fiscales. Igualmente, el kirchnerismo decidió romper con el aletargamiento y se aseguró el dictamen de comisión con la perspectiva, tal vez, de desenfundarlo en el recinto en el momento menos esperado.

No es el mismo texto que el que aprobó el Senado en noviembre pasado; tras consultar con las distintas asociaciones de fiscales, el ministro de Justicia Martín Soria accedió a incluirle modificaciones con la esperanza de disuadir a los diputados opositores más lábiles. Esos cambios, empero, no alteran los objetivos centrales del proyecto: el más polémico, el que reduce la exigencia de los dos tercios de los votos en el Senado para designar al nuevo procurador a la mayoría absoluta de sus miembros. De aprobarse la ley, el kirchnerismo impondría sus votos para desplazar a Casal y nombrar un procurador afín.

“A esto nos quieren llevar, a que el debate sobre la designación del procurador general la defina no el Congreso, sino la unidad básica del kirchnerismo y no lo vamos a permitir”, exclamó Luis Petri. “Lo más honesto y genuino sería que el oficialismo plantee una ley de amnistía para todos aquellos protagonistas de hechos de corrupción en los que el kirchnerismo está involucrado”, asestó.

El también radical Gustavo Menna calificó de “inconstitucional” el proyecto del oficialismo. “Pulveriza la autonomía y la independencia del Ministerio Público”, advirtió. “De aprobarse este proyecto, este organismo terminará sovietizado, sometido a la vigilancia de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que estará potenciado con facultades excesivas”, agregó.

Desde el oficialismo, Leopoldo Moreau se encargó de retrucar, con ironía, las críticas opositoras. “Este debate es de una enorme hipocresía –replicó, enardecido-. Se rasgan las vestiduras en nombre de la República, pero el gobierno de Mauricio Macri encaró la campaña más hostil y agresiva contra la exprocuradora (Alejandra) Gils Carbó, quien fue designada por una inmensa mayoría del Senado. El ‘prófugo’ Pepín Rodríguez Simón había amenazado con perseguir a las hijas de Gils Carbó si no renunciaba”.

Equidistante de ambas posiciones, aunque crítica del proyecto oficialista, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) reivindicó la autonomía y la autarquía del Ministerio Público. “Los dos proyectos, el del kirchnerismo y el que en su momento impulsó el gobierno de Mauricio Macri tenían un punto en común: ambos pretendían sacar a un procurador. El macrismo, contra (Alejandra) Gils Carbó; el kirchnerismo, contra Casal. La historia se repite como tragedia y como comedia”, sostuvo Camaño, quien presentará un dictamen propio.

“No es el momento oportuno para debatir este tema. Si el procurador interino comete una irregularidad, la Comisión Bicameral deberá tomar cartas en el asunto. Pero este problema de coyuntura no se resuelve con una ley”, sostuvo.

Modificaciones

La diputada Vanesa Siley fue la voz del oficialismo para defender la iniciativa y anunciar los cambios al texto con media sanción del Senado. Acicateó a Juntos por el Cambio al recordarles que el proyecto oficialista recoge varias propuestas que habían formulado legisladores radicales y de Pro durante el gobierno de Mauricio Macri. Como el de poner un plazo al mandato del procurador general, hoy vitalicio. Y la de flexibilizar las mayorías en el Senado para la designación del procurador general.

“Nosotros receptamos estas propuestas –ironizó Siley–. Por eso proponemos acortar el mandato del procurador a cinco años; así, no es necesaria la mayoría de dos tercios de los votos en el Senado para su designación”.

El oficialismo también accedió a modificar el artículo referido al jury de enjuiciamiento del Ministerio Público para “equilibrar” su composición. La oposición y un amplio abanico de fiscales habían advertido que, de aprobarse el texto del Senado, los fiscales estarían a tiro de ser removidos por una mayoría de integrantes de la política.

Frente a las críticas, el oficialismo propuso bajar de tres a dos los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, uno por la mayoría y otro por la minoría. Los restantes cinco miembros serían un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer) elegidos por concurso.

Otra modificación que incluyó el oficialismo responde a una demanda del diputado Ramón: la creación de una Procuraduría de Defensa de los Usuarios y los Consumidores. “Vendió su voto”, denunciaron los opositores de Juntos por el Cambio. Ramón retrucó, indignado. “No me voy a bancar la falta de respeto ni las amenazas. A mis hijos, a mi mujer. Mi interbloque va a apoyar este proyecto”, enfatizó.

Ramón y cuatro de sus compañeros del interbloque Unidad y Equidad Federal son los únicos que acompañan el proyecto. El resto de los bloques opositores anticipó su rechazo.

“La ley de reforma del Ministerio Público propuesta por el oficialismo implica un mayor control del gobierno de turno sobre el procurador general y la Justicia. El macrismo impulsó un proyecto casi idéntico en 2017. Vamos a rechazarlo como lo hicimos en su momento y no aportaremos al quórum”, anunció Nicolás del Caño (PTS).

En el mismo sentido se pronunció el diputado del Frente Progresista Luis Contigiani. “Hace meses expresé que la reforma al Ministerio Público Fiscal requiere de un alto consenso y legitimidad. Mientras tanto, la prioridad es cuidarnos, fortalecer el rol del Estado, luchar contra la pandemia, ayudar al que más sufre, levantar la economía”, sostuvo.

También el rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos por Río Negro) ratificó su voto contrario a la iniciativa, tal como anticipó en marzo pasado, cuando Soria asumió el Ministerio de Justicia. “Es un provocador y pendenciero”, acusó.

El proyecto impulsado por el oficialismo propone modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Sin embargo, el juez federal Daniel Rafecas, el candidato a procurador general propuesto por el Gobierno, dijo ayer que si se reforma la ley y flexibilizan las mayorías para elegir al jefe de los fiscales, él se baja de esa carrera porque se trata de “un límite ético insuperable”.