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El kirchnerismo se apresta a rechazar los traslados de Bruglia y Bertuzzi
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LA NACIONGustavo Ybarra
El oficialismo se dispone a avanzar a un casillero más en su intento por desplazar del tribunal a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, en la que se revisará el traslado de diez jueces dispuestos en su mayoría durante el gobierno de Mauricio Macri.
Bruglia y Bertuzzi son los miembros de la Cámara del Crimen que ratificaron el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Kirchner dictadas en varias causas en la que se investiga a la vicepresidenta por actos de corrupción, como la de los cuadernos de las coimas.
Los magistrados desconocen el trámite iniciado por el Gobierno para revisar los traslados que los convirtió en camaristas. No sólo plantearon un recurso judicial que deberá resolver la Corte Suprema, sino que avisaron que no validarán el trámite legislativo con su participación en la audiencia pública, que se celebrará por videoconferencia como consecuencia de la cuarentena vigente por el coronavirus.
"Si faltan a la audiencia sería un desplante que merecería el rechazo de sus pliegos", advirtió a LA NACION un miembro del bloque del Frente de Todos.
El desarrollo de la audiencia de la Comisión de Acuerdos, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), no será pacífico.
Si faltan a la audiencia sería un desplante que merecería el rechazo de sus pliegos", advirtió a LA NACION un miembro del bloque del Frente de Todos."
El bloque de Juntos por el Cambio impugnó la convocatoria, declarándola "nula de nulidad absoluta" por considerar que los decretos que confirmaron los traslados de los magistrados siguen vigentes, ya que el gobierno de Alberto Fernández no los derogó.
La conducción de la bancada opositora sostiene, además, que el Reglamento del Senado no contempla la realización de audiencias públicas de manera remota, para lo que antes debería alcanzarse un acuerdo político como el que permitió la realización de las sesiones de la Cámara alta; y que no se cumplió el plazo reglamentario de 15 días que deben mediar entre la convocatoria mediante edicto público y la realización de la audiencia.
El Frente de Todos rechazó los argumentos de la oposición con una nota del secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, en la que se sostiene que "la Comisión de Acuerdos tiene la potestad para determinar el lugar, el día y la hora a realizar la audiencia pública del modo que estime conveniente", y que el único requisito que debe cumplir es el plazo de antelación que establece el reglamento para la publicación de la convocatoria.
En ese sentido, el texto agrega que los plazos de la audiencia pública "se encuentran dentro de la reglamentación vigente".
Diez jueces en revisión
El oficialismo pretende revisar los traslados a otros tribunales de diez jueces por considerar que no cumplieron con el procedimiento establecido por la Constitución, que establece la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado para la designación de un magistrado.
Con ese argumento, y tomando en cuenta que los traslados se realizaron mediante un decreto del Poder Ejecutivo, el kirchnerismo impulsó la revisión de esos cambios iniciando un nuevo trámite de designación. Para esto, fue fundamental al apoyo de la diputada Graciela Camaño en el Consejo de la Magistratura para que ése cuerpo remitiera al Poder Ejecutivo los pliegos para ratificarlos en los juzgados que ocupan en la actualidad.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, remitió de manera casi automática los pliegos al Senado, dando lugar al procedimiento que se llevará a cabo mañana.
Bruglia y Bertuzzi intentaron detener el trámite y obtuvieron una medida precautelar de la jueza María Gabriela Biotti, quien le pidió al Senado que se abstuviera de darle estado parlamentario a sus pliegos.
El oficialismo desoyó aquella resolución y repudió al fallo de Biotti, al extremo de impulsar un proyecto de declaración que rechaza en duros términos el accionar de la jueza. Además, dejó traslucir su intención de iniciar en el Consejo de la Magistratura un proceso para desplazarla del cargo por el "desconocimiento del derecho" que habría demostrado al tratar de impedir que el Senado cumpla con una de sus facultades constitucionales, como es el de darle acuerdo a los magistrados de la Nación.
Además de los casos de Bruglia y Bertuzzi, en la audiencia pública también se discutirán los traslados de Eduardo Farah, Juan Manuel Iglesias, Zunilda Niremperger, Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora que inició la causa por las denuncias de espionaje contra el macrismo; María Skanata, Esteban Hansen, Germán Castelli y Enrique Velázquez.
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