
El mensaje oculto de la Corte para los “jueces dóciles” que frenaron las causas contra la AFA y las señales de Mahiques al poder
El máximo tribunal lanzó esta semana una advertencia inédita; el ministro de Justicia se encargó de deslizar que podría haber evitado la resolución que complicó a Chiqui Tapia si hubiera sido Procurador General, el cargo que ambiciona; Llorens se presenta como protector de Comodoro Py, pero los magistrados tienen juego propio
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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lleva designados a más de 200 jueces propios y actúa para solucionar los problemas judiciales del Gobierno, pero no llega aún a concretar su máximo anhelo: convertirse en el nuevo Procurador General de la Nación, el jefe de todos los fiscales.
El codiciado lugar del Procurador depende de una decisión de Javier Milei y de los votos de los senadores.
Esta semana, la Corte Suprema le envió un mensaje directo a Mahiques con el fallo que frenó la maniobra de la AFA para demorar un año las causas de fraude y lavado de dinero en su contra, gracias a “jueces dóciles” de todas las instancias que lograron paralizar los expedientes. Así lo reconocieron fuentes del Palacio de Justicia consultadas por LA NACION, que recordaron los vínculos entre Mahiques y la AFA.
Tras esa decisión de la Corte Suprema, Mahiques transmitió a gobernadores, de los que dependen los senadores, y a empresarios de su entorno, que si hubiera sido el Procurador General de la Nación, este “disgusto” para Claudio Tapia y Pablo Toviggino no hubiera tenido lugar, según supo LA NACION de fuentes judiciales.
Mahiques transmitió a sus interlocutores que, si hubiera tenido el cargo como Procurador General, los recursos de los fiscales que pidieron sacar la investigación del juzgado de Campana, el preferido de los acusados, no hubieran llegado a la Corte Suprema. La alusión refiere a los fiscales Germán Bringas de Campana, Carlos Cearras de la Cámara Federal de San Martín y Mario Villar de la Cámara Federal de Casación. Todos objetaron que la causa siguiera en Campana.
Estos recursos lograron frenar la impunidad con que se manejaba la AFA. Y fue el procurador interino Eduardo Casal quien promovió que la causa deje de estar caprichosamente en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, como querían los acusados de ser testaferros de la AFA y ordenó que pase al juzgado federal de Daniel Rafecas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le devolvieron a Rafecas la causa por la mansión de Pilar que complica a Tapia y Toviggino.
En el Palacio de Tribunales, fuentes judiciales admiten ante LA NACION que el fallo es, además, un mensaje al Gobierno y a los jueces que se acostumbraron a acomodarse a los designios de la AFA.
“Cruzaron todos los límites; tenemos que ser serios”, resumió ante LA NACION un alto funcionario del mundo judicial con despacho en el Palacio de Justicia. El eco entrelazó a otros despachos del cuarto piso de los tribunales, donde funciona la Corte Suprema.
La sentencia fue además explícita, como pocas veces, al cuestionar a los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que permitieron que esta causa de la quinta de Pilar siguiera en el juzgado de Campana.
La sentencia los nombra, algo inusual, y los destrata al tildar su fallo de “prístina y grosera violación a las reglas de competencia” y “un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”, que justifican intervenir “para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio”.
Fueron palabras fuertes para el lenguaje judicial, que ni siquiera estaban en el dictamen de Casal en el que descalificó la sentencia de Barroetaveña y Borinsky.
Barroetaveña formó parte de la estructura interna de la AFA, desempeñándose en su Tribunal de Ética y Disciplina, primero como vicepresidente y luego como presidente del organismo. Luego renunció.
Como presidente del tribunal de la AFA, Barroetaveña dictaminó, por ejemplo, que Tapia, que ocupó el cargo de vicepresidente de CEAMSE en el año 2017, no debía considerarse como persona “políticamente expuesta”. Esa categoría refuerza los controles ante la sospecha de lavado de dinero.
Justamente, ahora que está investigado por ese delito por la quinta de Pilar, sacándolo de la categoría de “persona políticamente expuesta” (PEP), lo quitó junto a su círculo de negocios del radar de alertas del sistema financiero.
La Corte Suprema, tras este fallo de la AFA y el que declaró inconstitucional dos artículos del DNU fundacional de Javier Milei, recuperó centralidad y marca autonomía, aun con tres miembros y dos vacantes.
La causa de la quinta de la AFA pasó un año dando vueltas hasta quedar donde querían los investigados. Nació en el juzgado de Daniel Rafecas por una denuncia de Elisa Carrió y viajó al fuero penal económico. Después, por una inhibitoria de las defensas de los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, terminó en el juzgado federal de Campana, de Adrián González Charvay.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación, con los votos de Borinsky y Barroetaveña, convalidó ese destino y le cerró la puerta al recurso del fiscal Mario Villar. Villar llegó igual a la Corte mediante una queja, con el respaldo del procurador interino Eduardo Casal, que denunció “repetidos e infundados intentos de desplazar la competencia hacia la sede de Campana”.

Las cuestiones de competencia, por regla, no llegan a la Corte. La excepción es que la garantía del juez natural se vea afectada “de modo severo e inequívoco”, y eso es lo que encontraron los supremos: “una prístina y grosera violación a las reglas de competencia” y “un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”, que justifican intervenir “para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio”.
“Es una terminología inusual para la Corte. Por eso fue tan duro. Es un mensaje para que el Poder Judicial no se someta a esas influencias que todos sabemos”, explicaron a LA NACION en el Palacio de Justicia, sin atreverse a ponerle nombre y apellido a las “influencias que todos sabemos”.
El fallo avala la idea de que la quinta de Pilar es el último eslabón de una cadena de lavado que arrancó con el desvío de fondos de la AFA a sociedades en Estados Unidos y Uruguay, algunas formadas por indigentes, y luego esa plata terminó pagando bienes en la Argentina. Lo que se investiga es una red que entre 2021 y 2025 habría sacado del circuito bancario fondos de la AFA para reinvertirlos en propiedades, 54 vehículos y “caballos árabes y de pura sangre”. La quinta fue apenas uno de esos bienes y el hecho que disparó la denuncia.
Lo más inusual está en el considerando 7 del fallo de la Corte en la causa AFA cuando afirma: “El juez Barroetaveña ignoró lo planteado por el fiscal Villar en torno a la competencia territorial”, y le reprocha a Borinsky haber esquivado esos argumentos. El fallo recoge además el planteo de Villar sobre una contradicción de Borinsky, que en el mismo expediente había rechazado un recurso similar y después abrió la puerta a la queja de las defensas.
“Es inusual, excepcional. El tema que está en juego es el prestigio del Poder Judicial. Un año dando vueltas, y si además se logra esta parálisis con el ejercicio de las influencias, que quedó abiertamente expuesto, es perjudicial para la imagen de la Justicia”, agregó ante LA NACION una fuente del Palacio de Justicia.
“Ahora en Casación van a pensar dos veces antes de firmar ciertas cosas”, vaticinó ante LA NACION un alto magistrado.
El otro fallo de la Corte, donde declara inconstitucional por primera vez una parte del DNU 70/23, es también una advertencia. El caso es el de una afiliada de Swiss Medical cuya cuota pasó de $136.161 a $301.218 entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. El tribunal concluyó que el Ejecutivo no acreditó la necesidad ni la urgencia que exige la Constitución para legislar por decreto. Ese argumento puede aplicarse a cada artículo del DNU de Milei, cambiando obras sociales por seguros, despidos o cualquier disposición de esa norma, que queda a tiro de un planteo de inconstitucionalidad.
En la Corte buscaron quitarle drama al fallo al señalar a LA NACION que no fue un mensaje político sino una solución pragmática, pues hay unos 500 casos iguales en la Corte esperando y con este se resuelve el resto. Pero en otros despachos del cuarto piso explicaron a este diario que hay un mensaje político: “El Gobierno tiene que ir al Congreso; no puede legislar todo con un DNU”.
Cerca de los supremos admiten ante LA NACION que el argumento podría extenderse a buena parte del megadecreto, y así lo explican: “Se esperó porque era un gobierno que recién empezaba. Pero ya están en el tercer año”.
En la Corte, el destinatario del mensaje tiene el nombre de Juan Bautista Mahiques. “Es un mensaje a Mahiques, que los venía bancando”, dijeron a LA NACION, en referencia a los jueces que sostuvieron la causa en Campana.
El ministro, sin embargo, eligió otra lectura y la hace circular entre sus interlocutores. Mencionan estas fuentes que los fallos refuerzan la necesidad de que él sea el procurador general, porque con él al frente de los fiscales no habrían ocurrido.
El razonamiento es que el recurso de queja del fiscal Villar llegó a la Corte porque Casal lo mantuvo y lo respaldó con un dictamen contundente. Con un procurador alineado con el Gobierno, ese camino se hubiera cerrado.
Por eso -en esta interpretación- Mahiques dejó correr el fallo y lo convirtió en una vidriera: así funciona la Procuración sin él.
Mientras tanto, la causa por la AFA regresará ahora al juez Rafecas, que tiene en el Senado su pliego para la Cámara Nacional de Casación; pero no se irá pronto: con los tiempos parlamentarios, el trámite pasa a extraordinarias o a marzo.
“Hasta abril estoy, como mínimo”, dijo Rafecas a sus allegados que hablaron con LA NACION. Tampoco delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, a quien las defensas miran con lupa porque también integró los tribunales de la AFA. González renunció a esos cargos hace un año. “Si me quieren sacar, me hacen la gauchada”, ironizó el fiscal federal ante sus amigos, según contaron a LA NACION.
Un día antes de los fallos, el miércoles, los camaristas federales Eduardo Farah, Mariano Llorens, Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Roberto Boico recibieron en Comodoro Py a los jueces federales de primera instancia. Faltó María Servini.
El temario oficial fue la implementación del sistema acusatorio, que debería comenzar a regir en los tribunales federales porteños el 15 de febrero. Pero el mensaje fue otro, y lo transmitió Llorens, que fue electo presidente de la Cámara Federal tras ese encuentro.
No era una foto protocolar y nada más. “La nueva Cámara tiene que diferenciarse de la vieja”, repitió el camarista a sus allegados, según contaron a LA NACION fuentes judiciales, para diferenciarla del tribunal que supo presidir más de una década el camarista Martín Irurzun.
Llorens les dijo a los jueces que la Cámara está “para bancarlos a lo que sea”, que es una responsabilidad del gobierno de la jurisdicción “estar al lado de los que toman decisiones” y que los que necesiten respaldo “lo van a encontrar en la Cámara”.
Prometió más diálogo, la inauguración de “una secretaría de comunicación más profesional” y hasta un canal para responder a la prensa cuando haga falta. Habló de “hacer corporativismo, bien entendido”. En su entorno lo describen ante LA NACION como un gestor con “músculo de poder”.
Llorens busca presentarse como el nuevo líder de la Cámara Federal y de los jueces federales de primera instancia. Pero los magistrados son todos tiburones que no reconocen liderazgos. Son singlistas con juego propio y lo tuvieron siempre.
Ninguno necesita un jefe, y menos uno que ofrece protección corporativa. En el Palacio de Talcahuano 550 le bajaron el precio al encuentro: “Es una reunión protocolar. Estas fotos son irrelevantes”, mencionaron a LA NACION en la Corte, donde está claro que no rigen las mismas reglas de hace unos años para relacionarse con la Cámara Federal.
En cambio, en la Cámara Federal presidida por Llorens e integrada por Yadarola, amigo de Mahiques y Bertuzzi, recién reconfirmado en el tribunal, el ministro de Justicia y aspirante a la Procuración cuenta con aliados leales.
“Necesitamos un Juan Bautista Mahiques como conductor, un Chief Justice como en Estados Unidos”, se entusiasma ante LA NACION un camarista federal. Alude a Mahiques como Procurador y conductor de los fiscales en el sistema acusatorio que arrancaría en febrero en Comodoro Py 2002. Siempre que los jueces federales quieran.

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