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El monitoreo a Cristina Kirchner no puede distinguir movimientos dentro del edificio
La tobillera emite una alerta cada vez que la expresidenta sale de su departamento sin precisar si está en la terraza u otro sector; la Justicia pidió un informe sobre sus movimientos luego de que LA NACION reveló la compra del primer piso
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La tobillera electrónica que tiene Cristina Kirchner en su pierna derecha comenzó a operar el 19 de junio de 2025 a las 17:08. Desde entonces, el sistema administrado por el Ministerio de Seguridad monitorea sus movimientos las 24 horas del día. La novedad es que ese sistema no puede determinar con certeza cuáles son sus desplazamientos dentro del edificio de San José 1111, según informes oficiales y testimonios de dos fuentes que conocen el funcionamiento de la vigilancia electrónica. Tras la revelación de LA NACION de la compra del piso por parte de una militante de La Cámpora, devenida en sindicalista, la Justicia comenzó a hacer preguntas. ¿Pudo la expresidenta haber estado en otro sector del edificio? En las próximas horas, el organismo que regula el monitoreo entregará un informe detallado con todas las respuestas.
El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a la expresidenta por el caso Vialidad, es el encargado de garantizar el cumplimiento de la pena. Lo hace a través de dos organismos: la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve), que monitorea a distancia la información que envía la tobillera, y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Dcaep), un organismo que depende de la Cámara de Casación y realiza visitas mensuales al domicilio para verificar cómo se encuentra Cristina Kirchner y si se respetan las reglas.
La Dapve emite informes ante cada movimiento de la expresidenta, dentro y fuera del edificio. Hay algunos datos llamativos. El 30 de marzo a las 18:04, Cristina Kirchner salió de su departamento y regresó diez minutos después. En las observaciones se lee: “Previa comunicación con el Centro de Monitoreo, se informó que accedería a la terraza del edificio. (En rango por el Dispositivo GPS)”. El uso del potencial no es antojadizo. Dos fuentes al tanto del funcionamiento del dispositivo señalaron a LA NACION que esa anotación significa que la expresidenta salió de su departamento y, según la geolocalización, se encontraba en San José 1111. Como tiene permitido subir a la terraza desde diciembre de 2025, pero el sistema no tiene los elementos para confirmar si efectivamente se encontraba en ese lugar u otro sector del edificio, en los registros aparece como “terraza”.
“Si va arriba o va abajo, va a marcar que está afuera de la casa. Es la tecnología que hay. Lo que puede detectar es que está en su edificio”, señaló uno de los funcionarios consultados por este diario. La misma fuente explicó que para que la tobillera E4 funcione (ese es el modelo asignado a Cristina Kirchner), el protocolo necesita medir “el rango”, compuesto por las coordenadas del domicilio donde se cumple la condena. Y cada vez que el dispositivo traspasa ese perímetro emite una señal en la central de monitoreo.
Esos límites no reconocen altura dentro del radio permitido. Esa falta de precisión del sistema para el seguimiento del arresto domiciliario se suma al desconocimiento de la Justicia sobre quiénes son los vecinos del edificio. Nunca se investigó.
La tobillera que lleva Cristina Kirchner está equipada con un GPS, pero el protocolo también contempla la posibilidad de llamar por teléfono a un “referente” para chequear su ubicación. En el caso de la expresidenta, esa persona es Mariano Cabral, uno de sus secretarios. Cabral fue prosecretario administrativo del Senado, mientras Cristina era vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta.
Luego de que LA NACION reveló la compra del primer piso y se dispararon las especulaciones, desde el entorno de la expresidenta respondieron que Cristina Kirchner siempre respetó las normas que le impuso la Justicia. Sus abogados solicitaron en mayo flexibilizar algunas condiciones (no tener tobillera, eliminar restricciones para usar la terraza y el cese de la limitación del régimen de visitas), pero el juez Rodrigo Giménez Uriburu rechazó todas esas presentaciones.
¿Para que se usó ese inmueble durante estos meses? Las fuentes al tanto de la operación aseguran que Calle nunca lo usó. Una hipótesis es que se habría utilizado para que puedan descansar las mujeres que ayudan a la expresidenta en su cuidado personal. Ella tiene al menos tres empleadas domésticas. Tampoco se descarta que los propios custodios pasen horas en ese lugar. Hasta se especuló que la compra se hizo por cuestiones de seguridad, para “tener el lugar vacío”.
La Justicia tiene dudas. Por eso, Giménez Uriburu le pidió este miércoles a la Dapve que informe todos los movimientos de la expresidenta dentro del edificio. El magistrado quiere descartar si existe alguna evidencia de que Cristina Kirchner pueda haber estado en el primer piso.
La seguridad de la expresidenta -que sufrió un intento de homicidio en 2022- y el cumplimiento de su condena confluyen en San José 1111. Allí conviven los custodios de la Policía Federal, la tobillera electrónica, un libro de visitas de 200 carillas, ubicado en el hall de entrada, que la Justicia chequea una vez por mes, vecinos desconocidos y reglas de conducta. La maquinaria incluye engranajes del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial.
En esa estructura, la custodia de la PFA es el único eslabón que siempre se encuentra en el lugar. Personas que visitaron a Cristina confirmaron que los efectivos suelen estar en la puerta del departamento y en la entrada del edificio. Pero la Policía no tiene la obligación de informar sobre los vecinos ni las personas que visitan otros pisos, sino que se circunscriben a la seguridad de la expresidenta.
Según los documentos obtenidos por LA NACION, los especialistas de la Dcaep visitaron 15 veces el edificio de San José 1111 entre julio de 2025 y junio de 2026. Esas visitas quedaron volcadas en informes trimestrales. El primero de ellos, se basó en las entrevistas in situ del 31 de julio, 22 de agosto (dos días después de la compra del departamento de Calle) y 12 de septiembre del año pasado. Los primeros problemas comenzaron dos meses después.
La expresidenta mostró en redes sociales una foto sobre una reunión con nueve economistas. El juez Jorge Gorini, que en ese momento estaba a cargo de la ejecución de la pena, tomó nota y limitó las visitas: máximo de tres personas por ocasión, durante dos horas y dos veces por semana. Esto cuenta para aquellos que no forman parte del grupo que tiene acceso sin la necesidad de enviar un mail al Tribunal y aguardar autorización.
Como consecuencia de ese episodio, el segundo informe trimestral incluyó tres controles extra sobre el libro de visitas como método para chequear que el régimen era respetado. “Se encuentra ubicado en una mesa en el hall de ingreso al edificio”, describe el reporte. Otro de los informes señala que “es llevado por la custodia apostada en dicho domicilio”.
Los controles tiene una limitación importante: se hacen solo una vez por mes y cuando las vistas ya se retiraron. “Respecto a las visitas autorizadas para el 10/12/25, en la visita domiciliaria de fecha 12/12/25, se pudo tener acceso al mencionado libro de actas, en el que se observó el ingreso y egreso de las 3 personas autorizadas para dicho día”, agregaron los funcionarios de la Dcaep. En esa oportunidad, los autorizados fueron el senador Carlos Linares y los diputados Paula Penacca y Germán Martínez.
Previo a eso, el juez Gorini ya había autorizado las subidas a la terraza desde el 17 de septiembre. “Entre las 6:00 y las 20:00 horas, por un lapso máximo de dos horas”, se lee en los documentos. En los informes de la Dapve a los que accedió LA NACION solo aparecen tres idas a la terraza, todas en marzo. Ninguna de ellas duró más de 32 minutos. El dato llamó la atención en Tribunales.
El tercer informe trimestral incluyó los movimientos y comunicaciones sobre la salud de la expresidenta mientras estuvo internada en el sanatorio Otamendi. Ese ida y vuelta dejó ver el rol del secretario Mariano Cabral, quien informaba a la Justicia sobre el desarrollo de la situación. Como contacto alternativo apareció Diego Bermúdez.
El 14 de enero de este año, a las 17:56, se informó un hecho relevante. “Se registró en el sistema una alerta correspondiente a ‘Falta de Mensaje de Supervisión - Unidad de Control Domiciliaria”. Esto significa que la tobillera aparecía desconectada del sistema. Por eso, al día siguiente, a las 14 horas, se reemplazó el dispositivo. Según la constancia de visita técnica, cuenta con dos proveedores de telefonía celular que refuerzan los controles.
El último informe trimestral sobre el arresto domiciliario de la expresidenta fue entregado a la Justicia el 10 junio. “Tanto al momento de nuestro ingreso como del egreso del domicilio, el entorno vecinal del inmueble en cuestión se observa tranquilo”, dejaron asentado los especialistas de la Dcaep.
Cuatro días después se registró “un incumplimiento de la regla de conducta referida”. Dicha observación se debió a una bandera que atravesaba la calle San José y se agarraba del balcón de Fernández de Kirchner. El asunto apenas significó un llamado de atención.
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