El oficialismo busca dividir a Juntos por el Cambio con las denuncias de Carrió al juez Lorenzetti

El oficialismo apelará a todas las artimañas posibles para mancillar la imagen de los jueces de la Corte Suprema durante el proceso de juicio político que se propone abrir en la Cámara de Diputados. Incluso propondrá que se dé curso al pedido de enjuiciamiento que en 2021 formuló la Coalición Cívica y su líder Elisa Carrió contra el juez Ricardo Lorenzetti, a quien acusó de haber cometido graves irregularidades administrativas y presupuestarias mientras ocupó la presidencia del máximo tribunal.

“Es un pedido de juicio político muy bien fundado”, acicatean en el oficialismo, decididos a meter una cuña en Juntos por el Cambio y quebrar el rechazo del principal bloque opositor al juicio político contra los jueces de la Corte que propicia el presidente Alberto Fernández.

La reacción de la Coalición Cívica promete generar ruido interno en el interbloque. “Nosotros seguimos sosteniendo el juicio político a Lorenzetti, aunque no creo que realmente el oficialismo quiera avanzar sobre él”, sostuvo a LA NACION el jefe del bloque Juan López, quien además es vicepresidente de la Comisión de Juicio Político. “Eso sí, no nos vamos a prestar al ‘circo’ que pretende instalar el Frente de Todos en la Comisión. No nos van a dividir”, enfatizó.

A sabiendas que no cuenta con los dos tercios de los votos en el recinto para remover a los jueces de la Corte, los oficialistas se proponen, al menos, someterlos a un fuerte desgaste mientras dure la investigación en la Comisión de Juicio Político. El Frente de Todos, con 16 miembros sobre 31 en la comisión, tiene los votos suficientes para aprobar la apertura del sumario y, una vez acabada la investigación, para emitir un dictamen acusatorio. No tendrá la mayoría para aprobarlo en el recinto, pero aprovechará los dos meses que –calculan- durará el proceso para exponer a los jueces en la picota pública.

“Vamos a poner los trapos sucios al sol. Habrá que ver si resisten”, desafían en el oficialismo. El “operativo presión” será fuerte: para la producción de la prueba la Comisión de Juicio Político está habilitada a realizar inspecciones; solicitar a la justicia el registro del domicilio de los investigados y secuestrar elementos que puedan servir como medios de prueba, como así también interceptar sus correspondencias y comunicaciones telefónicas, siempre y cuando no se vulnere su inmunidad. Además, podrá interrogar a toda persona que conozca los hechos investigados.

“La Coalición Cívica, en su pedido de juicio político a Lorenzetti, reclamó citaciones de varios testigos. Podríamos darles curso a ver qué dicen. Sería muy interesante saber cómo es el manejo presupuestario y administrativo de la Corte”, chicanean los oficialistas.

En la oposición intentan no exagerar el asunto para evitar entrar en el juego que les propone el oficialismo. “Es un circo para tapar las desprolijidades de la gestión y lo mal que le va al Gobierno en materia económica”, coinciden. En la Comisión de Juicio Político tallan varias figuras fuertes de Juntos por el Cambio, entre ellas la del jefe del bloque radical, Mario Negri, como así también Omar De Marchi y Alvaro González, de Pro.

En tanto, entre los integrantes del Frente de Todos se destacan algunos talibanes del kirchnerismo, entre ellos Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Marcos Cleri y Hugo Yasky. El propio jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, forma parte de la delegación oficialista.

Reunión con el presidente Fernández

Martínez se reunió esta tarde con el presidente Fernández en Olivos para definir los pasos a seguir. Participó de la reunión la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. Durante el encuentro se acordó arrancar el proceso lo antes posible; para ello se convocaría a sesiones extraordinarias del Congreso -actualmente en receso- a partir de la segunda quincena de este mes.

Martínez adelantó que la investigación se concentrará en dos aspectos fundamentales: el fallo de la Corte Suprema que restituye fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la injerencia del máximo tribunal sobre la composición del Consejo de la Magistratura.

“El debate va a ser público. En un primer momento deberemos definir si están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para iniciar el sumario correspondiente. Acá no hay una avanzada K contra la Justicia ni del presidente contra la Corte. No hay nada de todo eso. Es necesario dar un debate a fondo sobre cómo está funcionando el Poder Judicial, especialmente la Corte y su presidente, Horacio Rosatti”, sostuvo Martínez en declaraciones a C5N. “Vamos a actuar con seriedad, apegados al reglamento. Seguramente iremos sumando adhesiones conforme avancemos en el proceso”, confió.

Hay otro detalle no menor: los dictámenes de la Comisión de Juicio Político tienen vigencia durante tres ejercicios parlamentarios, por lo que no caducan con la renovación de sus miembros tras una elección legislativa. En síntesis, si el oficialismo aprueba un dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte, éste estará a tiro de ser llevado al recinto en cualquier momento durante el lapso de tres años. La composición actual del Congreso hoy favorece a los magistrados, pero los vientos de la política son impredecibles.

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