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El país está frente a un nuevo dilema
El rechazo del recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que mantuvo las decisiones del juez Griesa en el juicio de NML Capital, Ltd. y otros vs. República Argentina, sobre la cláusula de pari passu, coloca al país frente a un dilema.
La orden judicial consiste en que el país pague los bonos no reestructurados (bonos viejos) en la misma proporción en que pague los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 (bonos nuevos); pero no lo obliga a pagar los bonos viejos si tampoco paga los bonos nuevos . A su vez, ordena a todos los terceros que se abstengan de auxiliar a la Argentina a evadir la sentencia. En virtud de lo anterior, la Argentina se enfrenta a dos escenarios principales en el marco de la sentencia: pagar o no para incurrir o no en un default.
También existen al menos dos escenarios que suponen incumplir la sentencia: canjear los bonos nuevos por bonos ajenos a la ley de Nueva York o pagar los bonos nuevos en cuentas fuera del alcance de los tribunales norteamericanos, sin modificar los bonos. Si la Argentina cayera en default sobre los bonos nuevos, ello afectaría a los bonos regidos por la ley de Nueva York (aproximadamente US$ 8000 millones) y, a su vez, entre ellos, sólo los que tuvieran disponible una acción por la cláusula pari passu.
El próximo vencimiento de los bonos nuevos es el 30 de este mes, y si no se paga, el default ocurrirá a los 30 días. El pago en efectivo, en bonos o en una mezcla antes de esa fecha resolvería el problema, pero depende de que las partes estén dispuestas a ello.
La amenaza de sortear el dilema cambiando el lugar de pago de los bonos nuevos no parece creíble. No sólo por la eventual decisión de los bonistas respecto de una ley que admite al deudor cambiar la moneda de pago (pesificación), prohibir las transferencias de fondos al exterior (cepo), postergar los pagos indefinidamente (diferimiento) y modificar unilateralmente los contratos, sino porque dicho canje hipotético no podría hacerse sin el auxilio y la colaboración de aquellos a quienes Griesa ha prohibido ayudar a la Argentina a evadir su decisión.
Se ha planteado si un acuerdo de cumplimiento de la sentencia diferente al pago total anterior al 31/12/2014 obligaría a extender sus términos a los bonistas que entraron a los canjes. Entiendo que no, dado que no se trata de una oferta de reestructuración, sino del eventual cumplimiento de un fallo judicial.
No hay duda, por otro lado, de que un nuevo default afectaría adversamente la capacidad de financiamiento del país, actualmente muy limitada y restringida a los organismos internacionales.
Ello agudizaría la fuga de capitales, la tensión en el mercado cambiario y la recesión, con un efecto imprevisible en la inflación y el empleo.
El autor es abogado
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