El plan para cooperativas, bajo sospecha

Demasiadas preguntas para un gran ausente. El Gobierno faltó ayer a la audiencia pública convocada por diputados de la oposición para obtener información sobre el plan de cooperativas Argentina Trabaja. La reunión derivó en una sumatoria de denuncias de discriminación, utilización clientelar y actos de corrupción en torno a la aplicación del programa en el conurbano bonaerense.

Tras verificar la ausencia de funcionarios de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Economía, los diputados comenzaron a trabajar en una citación ante las comisiones de Acción Social y de Legislación del Trabajo o, directamente, en un pedido de interpelación a la ministra Alicia Kirchner, responsable del cuestionado programa social, según indicó Virginia Linares (GEN-Buenos Aires).

Con todo, la audiencia permitió conocer dos aportes sustanciales para esclarecer el avance del plan, hasta ahora guardado bajo siete llaves por el oficialismo. El primero vino de la mano del director de la Fundación Poder Ciudadano, Hernán Charosky. Tras un pedido de informes iniciado en febrero, Desarrollo Social le respondió que, hasta el 10 de marzo, 61.793 personas estaban incluidas en las cooperativas, cifra sustancialmente inferior a la de 148.000 inscriptos que el Gobierno difunde de manera habitual. La respuesta oficial no menciona la situación de los supuestos 86.207 inscriptos restantes.

Como el Banco Mundial

El otro aporte provino de un contundente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad Católica Argentina (UCA), que asimiló el plan Argentina Trabaja con los programas de reestructuración focalizados, que en los años 90 promovía el Banco Mundial.

"El efecto más importante del plan es la transferencia de ingresos, pero no genera empleo ni cambia las condiciones de vida de sus beneficiarios", subrayó el director del Observatorio, Agustín Salvia, y cerró: "Su resultado es la fractura social, porque no resuelve los problemas de la pobreza, sino que la fragmenta en nichos políticos".

Antes habían hablado dirigentes de organizaciones sociales y los legisladores Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba), Jorge Cardelli (Proyecto Sur-Capital), Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital) y María Luisa Storani (UCR-Buenos Aires), que denunciaron la acumulación de poder que "esconde" el plan, el desvío de fondos que les permite realizar a los intendentes y la discriminación de los distritos que no responden al kirchnerismo.

La única defensa del programa fue intentada por Gastón Harispe, líder del Movimiento Octubres y funcionario del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), abucheado durante su discurso. "En la Argentina la organización popular no es aún suficiente para enfrentar a la derecha, la oligarquía y los monopolios", dijo, para justificar la creación de las cooperativas.

Fue el mismo argumento que los opositores utilizaron para denunciar el clientelismo del Gobierno.

Las denuncias

• Discriminación : "Los municipios opositores no sólo no fuimos invitados a participar del plan, sino que nos denegaron expresamente los pedidos de ingreso", sostuvo el intendente de Necochea, Daniel Molina (UCR).

• Adoctrinamiento : "En las capacitaciones se pasan videos de actos kirchneristas", sostuvo Guillermo Kane, del Polo Obrero.

• Caja : "Además de anotar a sus empleados, los intendentes se están quedando con recursos ya presupuestados para tareas que ahora les encargan a las cooperativas", dijo Gustavo Ferragut, concejal de La Matanza.

Por Marcelo Veneranda

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