El Poder Judicial emite señales para que el Congreso se expida primero sobre la validez del megadecreto
Ni la Corte Suprema ni el fuero Contencioso Administrativo habilitaron la feria judicial para tratar las demandas contra el megadecreto que incluye drásticas derogaciones de leyes
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LA NACIONCandela Ini
El Poder Judicial parece tener la intención de dejar que hable el Congreso. En paralelo a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió congelar hasta febrero las demandas contra el mega DNU y no habilitar la feria judicial, el fuero Contencioso Administrativo podría seguir la misma lógica y una serie de decisiones dan la pauta. El juez federal Esteban Furnari, que concentra la mayor cantidad de expedientes en el caso, no habilitó los días viernes, sábado y domingo para tratar un pedido cautelar que buscaba la suspensión del decreto.
Además, después de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo habilitara los días viernes y sábado para resolver la apelación de la CGT, Furnari le pidió ese expediente a su par del fuero laboral, Ignacio Ramonet. Se trata de la demanda presentada por la central obrera. Furnari hizo ese movimiento en respuesta a un pedido que le hizo el gobierno nacional, a través de un escrito elaborado por el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, que pidió que el fuero Contencioso Administrativo concentre todas las demandas contra el DNU y que el fuero laboral sea declarado incompetente.
Si Ramonet rechaza ese pedido, la disputa de competencia deberá ser destrabada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
En las últimas horas, Furnari acumuló un gran caudal de amparos y acciones declarativas de inconstitucionalidad. Por ser su juzgado el primero en tramitar un recurso amparo contra el mega DNU, y dado que él admitió tratar ese amparo como proceso colectivo, los distintos jueces de primera instancia del fuero le enviaron a Furnari las demandas que recibieron.
Incluso llegó al juzgado 2 la demanda que presentó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez en carácter de ciudadano, en el marco de la cual había pedido ser excluido del grupo afectado para que esta tramitara por separado. La demanda de Gil Domínguez -quien pidió que se dicte una medida precautelar que suspenda el DNU- ya pasó por tres juzgados: primero el de Pablo Cayssials, luego el de Walter Lara Correa y ahora quedó en el de Furnari.
El magistrado que quedará a cargo de tramitar esos procesos durante la feria judicial de enero es el juez federal Enrique Lavie Pico. Y la sala de feria es la 3, integrada por los jueces Jorge Grecco y Sergio Fernández, este último muy influyente en el fuero Contencioso Administrativo.
Son al menos 30 las demandas presentadas contra el DNU y en las horas previas a su entrada en vigencia, varios de los demandantes pidieron que se dictaran medidas precautelares para dejarlo sin efecto, una estrategia que no tuvo éxito. Sobre la viabilidad de que prospere alguno de los planteos, un funcionario judicial con mucha trayectoria en el fuero dijo a LA NACION: “Y, hay que acreditar mucho el perjuicio que causa el DNU, con mucha especificidad”.
El amparo de la CGT
El juez Ramonet rechazó el miércoles pasado conceder la medida cautelar interina que había solicitado la central obrera porque argumentó no estaba vigente el decreto. El magistrado sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que lleva las firmas de Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. En su mismo fallo habilitó la feria y le fijó un plazo de tres días a la Jefatura de Gabinete para que de una respuesta a la demanda.
El juez aclaró que esa resolución no implicaba haberse pronunciado sobre la validez constitucional del decreto y de las regulaciones laborales que contiene, pero dijo que no estaba reunidas las condiciones para que se dicte una medida cautelar con carácter interino. Y como la CGT apeló el rechazo de la precautelar, el juez concedió la apelación y el tema pasó a la Cámara del Trabajo, un tribunal que puede resultar adverso para el Gobierno. Fue entonces que Barra pidió que el fuero Contencioso administrativo sea el que concentre todas las demandas contra el DNU.
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