El presagio de muerte del copamiento de La Tablada

La acción: en enero de 1989, un grupo de subversivos, liderado por Gorriarán Merlo, tomó el cuartel, donde murieron 39 personas.
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10 de diciembre de 1997  

Faltaban cinco minutos para las 6 de la mañana. El día, 23 de enero de 1989, ya se perfilaba agobiante. En el puesto 1 del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, el soldado Roberto Tadía, escoba en mano, contaba los segundos que le quedaban en la guardia.

De pronto escuchó una acelerada. Una mole roja venía hacia el portón y oyó, paralizado, el detonar de la madera astillada. El camión de Coca Cola lo aplastó. Tenía apenas 18 años.

Pero no fue el único. Durante las 36 horas que duró el copamiento al regimiento murieron 39 personas (4 soldados, 2 policías bonaerenses, 5 militares y 28 subversivos) y hubo 34 heridos (32 militares y policías y 2 civiles).

Sólo aquellos que estuvieron en el lugar son capaces de recordar verdaderamente lo que pasó, jamás lograrán olvidar.

Un calor insoportable que sólo se mitigaba con las generosas mangueras que, de tanto en tanto, se asomaban por las ventanas de los vecinos para refrescar a policías, militares y periodistas. El humo lastimaba los ojos.

El miedo y la muerte

El miedo era el amo absoluto de todas las voluntades. El ruido permanente, aterrador e inolvidable de balas y espoletas que presagiaban la muerte, se entremezclaban con gritos de mando y de dolor.

Cada tanto aparecían francotiradores que disparaban a espaldas de quienes defendían el regimiento y de aquellos que cubrían periodísticamente el horror.

Repentinamente explotó el arsenal y el calor del fuego se sintió en las caras de los presentes.

Desde los techos de las casas de la vereda de enfrente, los teleobjetivos de los fotógrafos registraban para siempre las imágenes de personas muertas, quemadas, pisadas por tanques, mutiladas.

Cuando despuntó la noche, el miedo se hizo más profundo y silencioso. La balas trazantes marcaban la trayectoria de la muerte a diez metros de los forzados testigos.

A medida que las horas del 24 de enero avanzaban, el olor a pólvora y a quemado que se sentía desde el día anterior se fue transformando. En el aire, el olor a carne quemada y podrida se adueñó del lugar. Y ese caballo tirado e hinchado por el calor en el fondo del regimiento...

Los que quedarían libres

"Pienso que la Iglesia, cuando quiere ser fiel al Evangelio, frente a un sistema opresivo, que más que servir al pueblo lo usa, tiene que ser subversiva". Y el hombre cumplió. Claro que no se vivía en un sistema opresivo sino que fue durante un gobierno indiscutiblemente democrático.

El hombre, fray Juan Antonio Sebastián Puigjané (69), a quien la Iglesia le había prohibido ejercer en Córdoba y Buenos Aires, fue el "guía espiritual" de los integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que coparon el regimiento.

Días después del copamiento, Angel Horacio Luque, padre de dos subversivos muertos en el interior del regimiento, dijo que la presencia de Puigjané en el grupo le daba confianza y tranquilidad de que sus hijos no andaban en nada malo, y agregó: "No quiero flores para mis hijos. Que vayan para los soldados y policías. Ellos se las merecen..."

El sacerdote está condenado a 20 años de prisión. La Cámara Federal de San Martín lo encontró culpable, de la misma forma que a los 13 subversivos detenidos en el interior del cuartel armados con lanzacohetes RPG-7 de origen chino, lanzagranadas 2079 de 40 milímetros, fusiles FAL con lanzagranadas incorporado, escopetas Itaka, pistolas calibre 45, granadas de mano y munición pesada. El costo de este arsenal fue calculado en más de 400.000 dólares.

Estos 13 subversivos (incluida Claudia "La Negra" Acosta, que fusiló al capitán Horacio Fernández Cutielos) fueron condenados a prisión perpetua, mientras que seis detenidos que no ingresaron a la unidad militar recibieron condenas que oscilaban entre los 10 y 15 años de prisión (van a cumplirse 9 años).

La condena más severa recayó sobre Roberto Felicetti, que debe cumplir prisión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.

Quien ideó el copamiento, con la excusa de prevenir un inexistente golpe de Estado, fue Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, ex líder del ERP, guerrillero sin patria y cabecilla del MTP. Se mantuvo fuera del regimiento y cuando la batalla se complicó para los subversivos supo ponerse bien a resguardo.

De acuerdo con lo que indican las versiones acerca del posible indulto, este personaje sería el único que quedaría exento del beneficio presidencial y tendría que cumplir su condena a prisión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Es decir, pasará en prisión 25 años.

Recordaron el juicio a las juntas

Al conmemorarse ayer 12 años de la lectura de las sentencias contra las juntas militares, que gobernaron en el país entre 1976 y 1983, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) entregó a la biblioteca del Congreso de la Nación el registro fílmico completo del juicio mediante el cual fueron condenados a prisión los máximos responsables de conducir el país en esos años.

"Es un hito histórico", dijo el ex presidente Raúl Alfonsín, en un discurso que pronunció en el acto de presentación del material, que estará a disposición de la prensa.

"Esa sentencia no fue hija de la revancha -aclaró Alfonsín-, sino para los que apartaron de su misión a las Fuerzas Armadas."

También estuvo presente en el Salón de los Pasos Perdidos el diputado frepasista Alfredo Bravo, titular de la APDH, quien hizo entrega simbólica de cinco videos, sobre un total que colma un baúl con cassettes, que contienen los pasajes del histórico proceso judicial.

Acompañaron la ceremonia el administrador de la Biblioteca del Congreso, el senador Carlos Manfredotti (PJ), la ex subsecretaria de Derechos Humanos Alicia Pierini y el ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas León Arslanián.

Condenas y perdón

El 9 de diciembre de 1985, y por primera vez en la historia del país, la justicia argentina condenó a los ex comandantes a la pena de reclusión perpetua, entre otras de menor rigor, por delitos calificados "de lesa humanidad".

Pero en 1990, un decreto del presidente Carlos Menem benefició a los condenados con el indulto, que les otorgó la libertad.

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