El proyecto de presupuesto 2023 mantiene el fondo que beneficia a la provincia de Buenos Aires

CÓRDOBA.- El proyecto de presupuesto 2023 ya comenzó a tratarse en comisión en Diputados, adonde irá mañana Sergio Massa. Los gobernadores -que buscan salvarse del ajuste que impulsa Economía- tienen varios frentes de negociación abiertos. Uno se vincula con que, según la iniciativa, se mantendrá el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que recibe Buenos Aires y para el que se destinan $199.166 millones. Esos recursos surgen de recorte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La voluntad política de seguir sosteniendo a Buenos Aires queda clara.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, había prometido hace unos meses que ese dinero se destinaría a redoblar los controles en las fronteras y la seguridad en Rosario. De Pedro está ahora en Estados Unidos, compartiendo una gira con varios de los gobernadores del NOA, donde hay ciudades de frontera. “Lo hablaremos al tema; todavía no hay nada definido”, arriesgó a LA NACION el ministro de uno de esos distritos.

Otro funcionario provincial planteó que la Nación puede usar “otros fondos” para la seguridad de frontera y, “no necesariamente”, reducir los que gira a Buenos Aires. De ser así, la fuente de financiación debería ser otra y no el 1,18% de la readecuación del coeficiente de coparticipación de CABA.

El 23 de marzo pasado, De Pedro, anunció que el Gobierno nacional reasignaría parte de los fondos traspasados a CABA para la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe y el refuerzo de fronteras en las provincias de Misiones y Salta. Lo hizo durante la reunión del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales en Santiago del Estero. Ahora, en Estados Unidos, está con dos de los involucrados en ese planteo, Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que cualquier modificación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal debe concretarse por un decreto del Poder Ejecutivo. El Congreso podría incluir modificaciones pero sobre el régimen de coparticipación, pero no sobre lo que “la Nación hace con dinero que le corresponde”.

El Fondo se creó en 2020 con la readecuación del coeficiente de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el costo que Nación estimó que tenía el traspaso de la policía a esa jurisdicción. Cuatro años antes, en la gestión de Mauricio Macri, se le elevó a CABA el coeficiente de coparticipación de 1,4% a 3,75%

Después del Consenso Fiscal firmado en 2017 lo bajaron a 3,5% porque, al eliminar la asignación específica de Ganancias, aumentó la masa coparticipable y los recursos cedidos a la Ciudad ya compensaban el costo estimado de las fuerzas de seguridad transferidas. En 2020, ya con Alberto Fernández en la presidencia, la Nación objeta el número y calcula que con 0,92% de la coparticipación se cubren los costos; así CABA termina con 2,32% (1,4% de la general más 0,92% por el paso de la policía).

El proyecto de presupuesto calcula que los recursos coparticipables llegarán a $732.521,3 millones, 78,4% más que este año y 18,4 puntos porcentuales más que la inflación proyectada, aunque los economistas advierten sobre la subestimación del IPC. La asignación presupuestada para el Fondo que recibe Axel Kixillof se duplica respecto a lo que recibirá este año.

Los consultados por este medio indicaron que en las próximas semanas se negociarán varios temas relacionados con las provincias e incluidos en el presupuesto: subsidios para el transporte; financiamiento de 13 sistemas previsionales no transferidos a Nación y hasta el artículo que establece que se podrá retener las deudas de distribuidoras eléctricas a Cammesa de las transferencias a los gobernadores.

En lo que hace al transporte -uno de los ejes de los reclamos de los gobernadores- el artículo 81 del proyecto establece la “prórroga” del Fondo de Compensación condicionando los giros a la “implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”. No le pone monto.

El sábado pasado los boletos de colectivos aumentaron en Córdoba, Santa Fe y Rosario de $69,70 a $85, volviendo a quedar muy por encima de lo que pagan los usuarios del AMBA, donde también hubo un incremento. Los gobernadores y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) piden una ley federal de transporte, cuya iniciativa sigue sin avanzar en el Congreso.

Respecto de descontar deudas a Cammesa, ya hay voces de legisladores en contra: “Hay que ver si pasa; si la distribuidora de electricidad es privada o es una cooperativa, porqué tendría que pagar la Provincia”, argumentó un diputado nacional.