El reclamo sindical en la calle encendió la mecha del conflicto

LA PLATA.- Trabajadores estatales y sindicalistas apedrearon e incendiaron el ingreso de la Legislatura bonaerense, en un intento de oponerse a la sanción de la ley de emergencia administrativa votada ayer, en medio de un escándalo.

Los manifestantes más duros llegaron a la Legislatura preparados para el choque: llevaban martillos, gomeras y palos, que usaron para manifestar su enojo por la sanción de la ley.

La policía también estaba preparada para el combate: unos 200 uniformados custodiaban los edificios de la Legislatura y de la Gobernación con escudos y escopetas, que no usaron pese a los disturbios.

La movilización reunió al mediodía a la mayoría de los sindicatos de trabajadores públicos bonaerenses: ATE, Suteba, FEB, Sadop, Cicop, Judiciales, Soeme y Astilleros, entre otros. Eran 50.000 manifestantes, según los organizadores, aunque la policía informó a LA NACION que eran 10.000. "Vamos a ir a fondo con la pelea", dijeron los sindicalistas, antes de dirigirse a la Legislatura.

Un acceso tumultuoso

Los trabajadores forzaron y derribaron las rejas de ingreso sobre la calle 7. Sacaron martillos de entre sus ropas, martillaron el edificio de la Cámara de Diputados y usaron los escombros como proyectiles. Las piedras rompieron los vidrios del histórico edificio, con estallidos similares a las bombas de estruendo dentro del recinto legislativo.

Un humo negro y espeso cubrió por varias horas el frente de la Cámara baja. En el interior del recinto se replicó la tensión: un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FPV) intentó hacer entrar a una comisión de los trabajadores para deponer el enojo de los manifestantes.

El presidente de la Cámara baja, Jorge Sarghini (Frente Renovador), se negó: "Nadie tiene derecho a avanzar sobre la casa de los representantes del pueblo", dijo. Por su parte, Eduardo Torres (FPV) contestó: "Hay fuego en la puerta y lo queremos evitar con el ingreso de los trabajadores".

Afuera, los gremios exigían entrar con violencia y denunciaban que la ley de emergencia administrativa facilitará la precarización del empleo de 500.000 trabajadores públicos. Advertían que la norma limitará las designaciones de planta permanente y favorecerá los contratos por locación de servicios, sin estabilidad, aseguraron.

Todos estos puntos fueron negados por el gobierno de Vidal, en una carta compromiso enviada a los diputados. Incluso, ayer, la gobernadora se refirió al tema y dijo: "Entiendo el temor que tienen legítimamente los trabajadores de perder su estabilidad, pero eso no va a ocurrir".

Explicó que el 92% de los trabajadores acordaron paritarias. No obstante, ayer en la marcha, ATE pidió reabrir las paritarias y Cicop y los gremios judiciales también pidieron una nueva negociación colectiva para mejorar sus salarios. Estos dos gremios mantienen un paro en la provincia de Buenos Aires desde principios de marzo.

El vicegobernador Daniel Salvador, que ayer estaba presente en la Legislatura durante los incidentes y que favoreció la votación de la ley en el Senado, aún no se expidió sobre los destrozos en el edificio público.

Las medidas de fuerza

Los trabajadores no le creen al gobierno: ayer hicieron paros en tribunales, en 80 hospitales públicos, en escuelas y en dependencias del Estado. Y anunciaron que no aceptarán la ley de emergencia, sancionada con el apoyo del Frente Renovador y de Cambiemos. Acompañados por dirigentes sociales y partidos de izquierda, los gremios anunciaron que en junio habrá una nueva marcha contra Vidal.

Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, dijo: "No soportamos esta política de ajuste de Vidal y Macri. Estamos preparados para luchar". De la marcha también participaron Víctor De Gennaro y Hugo "Cachorro" Godoy. Entre ellos tomó fuerza la idea de convocar a un paro nacional contra el veto a la ley antidespidos por parte del presidente Mauricio Macri y la ley de emergencia administrativa de Vidal.

Tras los destrozos en el Palacio Legislativo, los sindicatos advirtieron: "Vamos a ir a fondo".

Dentro de la Legislatura, representantes de Cambiemos se mostraban satisfechos con la sanción de la ley, pero en estricto off the record admitieron que la sesión y todo el entorno fue un escándalo.

En tanto, el fiscal Álvaro Garganta inició una causa por los daños y destrozos en el edificio público.