El recorte del gasto público golpea a la Cancillería y afecta a las gestiones por Malvinas

“Ya lo dijo el Presidente, la motosierra es infinita”, graficó un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, a modo de explicación general sobre el recorte de 2,5 billones de pesos en el presupuesto nacional previsto para este año, implementado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunciado en el Boletín Oficial el miércoles pasado.

Entre la multitud de recortes presupuestarios, que en conjunto representan cerca del 1,5 del Presupuesto total de gastos para este año, se destacan los voluminosos $14.876 millones que el ajuste le quita a la Cancillería. Entre los once ítems generales que conforman esa cifra, hay uno que genera particular sensibilidad: el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, controladas por Gran Bretaña desde 1833. De hecho, Caputo y Adorni efectivizaron en ese decreto una poda de $14 millones a las “acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas”, y otros simbólicos $2 millones menos al mantenimiento y limpieza del Museo Malvinas, que rememora el protagonismo de los soldados argentinos en la fallida recuperación militar del archipiélago.

Más allá de las explicaciones vinculadas a que las cuentas cierren (“es el ajuste que pidió y anunció el Presidente”, explica otra voz oficial), la medida de recorte relacionada con Malvinas pareciera ir a contramano con las declaraciones del propio Presidente y su canciller, Pablo Quirno, quienes insisten en que continuarán con el reclamo de soberanía en todos los foros internacionales. Un reclamo que alentó esperanzas recientes, a través del rumor periodístico (no confirmado hasta ahora pero basado en un cable del Pentágono) de que el gobierno de Donald Trump, enojado por la actitud de su par británico durante la guerra con Irán, evaluaba retirar su histórico apoyo a Gran Bretaña, en el antiguo diferendo que el Reino Unido sostiene con Argentina por la soberanía de Malvinas y las islas australes Georgias y Sandwich del Sur.

“El recorte presupuestario es resultado del requerimiento de la Secretaría de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de recorte del presupuesto de 2% de gastos corrientes y 20% del gasto de capital”, explicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Pablo Quirno. “El monto total reducido fue del 2,28% del presupuesto de la Cancillería”, agregaron las voces oficiales, y aseguraron que “esta reducción no afecta los pagos pendientes de cuotas a organismos internacionales devengados durante el presente año que cuentan con el presupuesto necesario”.

“El recorte fue general”, fue la escueta explicación de otro de los funcionarios de la Cancillería. El ajuste en las cuentas, cabe aclarar, tuvo el acatamiento general de toda la administración pública, aunque por lo bajo y entre dientes no pocos funcionarios se quejaron por su magnitud y el momento elegido para anunciarlo.

En relación al vínculo con Gran Bretaña, que ha mejorado en sus facetas comercial y política durante el gobierno libertario, aunque sin avances en el tema Malvinas, desde la Casa Rosada aseguran que el proyectado viaje de Milei a Londres, anunciado por el propio Presidente al diario The Telegraph en diciembre, “se va a hacer”, aunque “aún deben resolverse temas de agenda” del primer mandatario y su par británico, Keir Starmer.

En Julio, la cumbre ultraconservadora CPAC planea realizar su primera reunión en la capital británica, una cita a la que Milei ha concurrido en diferentes sedes de Europa, Estados Unidos y Buenos Aires. Desde Londres, en tanto, no hubo comunicaciones oficiales sobre avances en ese presunto encuentro, comentaron fuentes con conocimiento de las tratativas.

Sin aportes

Los ajustes en la campaña malvinera representan un porcentaje por cierto muy menor, en comparación con el proyectado ahorro estatal en distintos rubros de la política exterior. A pesar de las explicaciones extraoficiales, y según las planillas anexas de la resolución, la mitad del recorte anual, unos $7400 millones, ingresa en el rubro “cuotas y contribuciones a organismos internacionales”. Sobresale en ese paquete el aporte anual a la ONU, unos U$S16 millones que le correspondería pagar al país, destinados a la entidad que el Gobierno pretende liderar, al impulsar la candidatura del diplomático Rafael Grossi como secretario general.

Una curiosidad asociada: los cambios en el Presupuesto dispuestos por Adorni y Caputo también eliminaron el pago de los $381 millones orientados en principio al Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), que justamente preside Grossi, y que lo catapultó como postulante a la secretaría general de la ONU. También el Mercosur, la OEA y la comisión administradora del río Uruguay (interviene en el creciente litigio por la planta de hidrógeno verde en Paysandú) se quedarán sin el aporte argentino, aunque la mora en cada uno de esos casos no significará por el momento que el país pierda su derecho a votar en esos organismos.

La necesidad de ajustar los números para cumplir con las metas pautadas con el FMI también implicó dejar afuera el compromiso de pago ($506 millones) con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo al que la Argentina aspira a ingresar como miembro pleno. El plan antártico, vital para sostener los derechos argentinos sobre el continente blanco, tendrá $46 millones menos, y tampoco se salvaron los Cascos Blancos, encargados de asistencia humanitaria internacional, que perderán por el momento el aporte de $63 millones desde las arcas del Estado nacional. Se frenaron, además, remodelaciones clave, como la de la estratégica residencia de la embajada argentina en Washington, que encabeza Alec Oxenford, con un ahorro proyectado de $3958 millones.

Pocos diplomáticos, en las segundas líneas, quisieron opinar sobre los recortes. El silencio fue, al igual que en otros ministerios y reparticiones del Estado, el denominador común.

Por Jaime Rosemberg

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