El riesgo de la excesiva concentración de poder

Roberto Gargarella
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10 de diciembre de 2011  

La Presidenta va a inaugurar su nuevo mandato con excelentes condiciones iniciales: mayoría legislativa propia, un capital político personal notable, la casi totalidad del mapa provincial en control de fuerzas aliadas y su propio, excepcional, talento político.

Claro que hay dificultades. Algunas, sobre todo económicas, afectan al mundo y sobre ellas -a pesar de lo que diga la propaganda oficial- es poco lo que se puede hacer. Otras dificultades dependen de modo más directo de las decisiones propias. Me referiré a una de ellas, que se relaciona con los modos en que el Gobierno decide, a partir del convencimiento de que puede ayudarnos a reflexionar sobre lo que viene. Los contenidos de las decisiones de un gobierno se encuentran estrechamente correlacionados con los procesos a través de los cuales se toman tales decisiones. En nuestro país, se decide a partir de la concentración máxima de autoridad en una persona, lo cual es muy negativo por razones políticas, epistémicas y de igualdad democrática.

Políticamente, es negativo que la atención y expectativas populares se depositen sobre las espaldas de un solo individuo, ya que ello, más tarde o más temprano, indefectiblemente se vuelve contra quien promueve la concentración. Se trata, finalmente, de la conocida historia del hiperpresidencialismo; en momentos de ascenso en popularidad, todo suma a favor del presidente, pero luego -y mucho más en países políticamente inestables como el nuestro- la popularidad baja y es allí cuando la "marea política" tiende a arrastrar a todo lo que encuentra a su paso y en primer lugar a la cabeza del poder.

La concentración de decisiones en una persona es negativa por razones epistémicas o de conocimiento: salvo que quien decide sea un genio -y la Presidenta no lo es- los riesgos de que se decida mal se incrementan enormemente cuando sólo uno decide. Y mucho más, cuando prima, como ahora, el síndrome "diario de Yrigoyen", tal como lo sugieren las estadísticas públicas sistemáticamente falseadas y justificadas por la intelectualidad oficial, o la esquizofrenia que lleva al Gobierno a decir que "aquí, a diferencia del resto del mundo, no tenemos crisis", a la vez que exige prorrogar la "emergencia económica".

Además, la concentración de autoridad es muy negativa en términos de igualdad democrática. En tales situaciones, los que acceden al poder efectivo son cada vez menos y son ellos (antes que la ciudadanía en diálogo con sus dirigentes) quienes pasan a tener el poder de decisión principal. La cuestión se agrava cuando los interlocutores principales del Gobierno ya no son los partidos políticos, ni "el pueblo" en general (grupos con quien la Presidenta no dialoga, sino a quienes les "dice"), pero, en cambio, las cúpulas empresarias y los burócratas sindicales.

Poco bueno -me aventuraría a decir- puede resultar desde allí en términos de igualdad democrática. Mucho peor, cuando se suman a tales temibles alianzas económicas, las alianzas políticas que el Gobierno ha construido al nivel provincial, en donde ha optado -pudiendo no hacerlo- por alternativas "ganadoras", a cualquier precio. Otra vez, esos modos de construcción -más que cualquier discurso- nos ayudan mucho a separar la realidad de la fantasía y a pensar en los años por venir.

El autor es jurista y experto en derecho constitucional

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