El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de propiedad privada

El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.

El proyecto fue aprobado en general por 37 votos a favor y 33 en contra tras un extenso debate que duró más de diez horas. Casi el mismo resultado se registró en la votación en particular de los cuatro capítulos sobrevivientes de la iniciativa.

Si bien se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y algunos senadores patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.

Sin los votos para aprobarlo, el oficialismo terminó pidiendo la eliminación del capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego. Lo planteó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo, Agustín Coto (Tierra del Fuego), antes de la votación en general, lo que provocó el aplauso de la oposición.

Este fue el segundo capítulo que debió resignar el oficialismo en las últimas 48 horas , después de que el martes anunciara que no iba a insistir con la idea de relajar los límites a la venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras.

Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.

Hasta el final del debate en general la sesión se desarrolló sin mayores inconvenientes, hasta que Bullrich aludió a la situación procesal del kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco) y provocó un pequeño revuelo.

No pasó lo mismo en las afueras del Congreso, donde la manifestación en rechazo a la iniciativa terminó con incidentes entre grupos violentos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad cuando ya se habían desconcentrado la mayoría de los manifestantes.

Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.

Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas (sic) y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago en un contexto donde la gente no llega a fin de mes y se endeuda”, atacó el kirchnerista Mariano Recalde (Capital) el proyecto impulsado por el oficialismo.

La respuesta del bloque libertario no se hizo esperar. “Durante años se protegió la ocupación ilegal y se castigó al que invertía, con este proyecto pretendemos devolver la garantía a la propiedad privada, blindar el proceso judicial de trampas procesales y poner orden donde antes había caos”, replicó María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada había llegado al debate sin el capítulo de extranjerización de tierras. Aunque ya se sabía desde el miércoles a la tarde, su retiro se hizo oficial en el inicio del debate.

El capítulo cayó por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas y que se tradujo en una marcha ante el Congreso que concluyó con incidentes.

El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.

Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.

“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.

A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.

Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.

También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.

Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.

La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.

Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.

Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.

“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.

También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.

Como parte de la pulseada política con el kirchnerismo, el oficialismo evitó, a poco de iniciado el debate, un intento de la bancada peronista para que el proyecto vuelva a discutirse en comisiones, lo que hubiera dado por concluida la sesión. La moción, planteada por el jefe de la bancada peronista, José Mayans (Formosa), fue rechazada por 31 votos a favor y 38 en contra.

La sesión había arrancado poco después de las 14.15 con la votación a mano alzada y sin controversia para girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota en la discusión y poder votar.

A pesar de que ambos senadores fueron autorizados a participar y votar por sendos decretos de Victoria Villarruel ad referendum del cuerpo, la propuesta de enviar el tema a comisión que formuló la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), fue aprobada sin debate y con la anuencia del kirchnerismo, bloque en el que la jugada de Fernández Sagasti no tenía el apoyo de todos sus integrantes.

Por Gustavo Ybarra

• Senado de la Nación

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