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Elisa Carrió impugnó al candidato de Alberto Fernández para la UIF
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LA NACIONCandela Ini
El bloque de diputados de la Coalición Cívica impugnó al abogado Carlos Cruz -el candidato que propuso Alberto Fernández para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF)-, y a la abogada Mariana Quevedo, elegida para ocupar el cargo de vicepresidenta de ese organismo, por "falta de idoneidad" y por "inhabilidad moral". Mientras tanto, su proceso de designación avanza y pronto se realizará la audiencia para analizar la propuesta del Poder Ejecutivo.
Cruz es abogado, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Fernández dijo, cuando se refirió a Cruz, que lo conocía "hace muchísimos años".
Los legisladores señalaron que Cruz carece de idoneidad por su formación y supuesta falta de trayectoria, pero también señalaron que "no es independiente del poder político", especialmente por su afinidad con el presidente del Partido Justicialista porteño, Víctor Santa María.
Santa María fue denunciado por la UIF -durante la conducción de Mariano Federici- a mediados de 2017 por el delito de lavado de activos. Esa causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadio, pero, a pesar de contar con un informe sobre sus actividades financieras en Suiza, el presidente del PJ porteño y secretario general del Suterh nunca fue indagado.
"Resulta preocupante la falta de independencia del señor Cruz con respecto a la política partidaria y al gobierno nacional. Tanto el presidente de la Nación como el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (denunciado por la actual gestión de la UIF por lavado de activos) han manifestado públicamente su amistad con el señor Cruz y el mismo Cruz ha manifestado su militancia en el Partido Justicialista y su simpatía con el kirchnerismo, todo lo cual torna cuestionable su capacidad para liderar una entidad como la UIF, de la cual se espera una operación autónoma e independiente del poder político y el gobierno, conforme la ley 25.246 y la Recomendación 29 del GAFI", señalaron los legisladores de la Coalición Cívica.
Y agregaron: "Si bien posee cierto conocimiento académico en relación con los delitos económicos, carece del más mínimo conocimiento técnico para ejercer la presidencia de la UIF, de acuerdo con las misiones y funciones asignadas por ley al organismo en cuestión". La audiencia para analizar las propuestas del Poder Ejecutivo para encabezar la UIF está programada para el 22 de enero y la designación de Cruz y Quevedo se formalizaría el 27 de este mes.
"La simple lectura de sus antecedentes curriculares revela la falta de experiencia en materia regulatoria, su falta de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF y su falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática compleja del lavado de activos y la financiación del terrorismo", agregaron, en relación con los antecedentes de Cruz.
En declaraciones radiales realizadas el mes pasado, Cruz dijo que "se instala la corrupción para evitar discutir la evasión tributaria" y apuntó contra el centro de la cooperación financiera internacional.
Antecedentes cuestionados
Los legisladores cuestionaron la orientación de los estudios de Cruz.
"La orientación de sus principales estudios y antecedentes profesionales no guardan relación alguna con la temática específica sobre la que la UIF ejerce competencias y coopera internacionalmente. A modo de ejemplo, podemos mencionar su posgrado en especialización en protección jurídica del medio ambiente, flora y fauna, ordenación del territorio y patrimonio histórico, que, como puede apreciarse, no se relaciona en absoluto con las misiones y funciones de la UIF".
También impugnaron a Quevedo por "inhabilidad moral". Mariana Quevedo se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la UIF durante la gestión kirchnerista, entre 2010 y 2016, cuando el organismo estuvo presidido por José Sbatella. Los diputados opositores se refirieron a este período como el de "la gestión más desprestigiada en la vida de la institución".
"La señora Quevedo, a cargo de la mencionada dirección, ejerció la facultad de querellar con absoluta discrecionalidad, sin la existencia de protocolos para el ejercicio de la misma como existen en la actualidad, y sin los criterios objetivos hoy vigentes para justificar la actuación de la UIF en causas penales", señalaron. Y agregaron: " Dicha situación dio lugar a un ejercicio arbitrario de dichas facultades y a abusos de autoridad, por los cuales su extitular, el señor Sbatella, se encuentra procesado".
Además, recriminaron que durante el desempeño de Quevedo en su cargo, se "utilizaron las querellas penales para proteger a imputados vinculados al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, así como para perseguir a quienes ella considerara sus adversarios".
La UIF es querellante en varios expedientes penales que se tramitan en los tribunales federales contra exfuncionarios kirchneristas, como por ejemplo la causa de los cuadernos, donde, además, las autoridades del organismo denunciaron por lavado de dinero a empresarios que confesaron haber pagado sobornos.
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