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En Andorra investigan dos casas de cambio argentinas por presunto lavado de dinero
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La policía de Andorra puso bajo la lupa dos casas de cambio argentinas que recurrieron a los servicios de la cuestionada Banca Privada de Andorra (BPA). Las investigó por presuntas operaciones de lavado que podrían vincularse a protagonistas del capítulo argentino del Lava Jato, los cuadernos de la corrupción y otros escándalos que sacudieron al país durante los últimos años, según surge de documentos judiciales y policiales del principado que analizó LA NACION durante las últimas semanas.
Las sospechas se concentran en Jonestur, una de las más importantes casas de cambio de Mar del Plata -por donde se sospecha que se fugaron decenas de millones de dólares vinculados a Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de la familia Kirchner-, y en una ya extinta financiera y casa de cambio, a la que asociaron con un bufet uruguayo que habría intermediado en la operatoria de Odebrecht .
La investigación de la policía de Andorra comenzó hace años, según surge de los documentos que obtuvo LA NACION, e incluyó un análisis de miles de operaciones registradas en el BPA, que en 2015 afrontó una acusación por lavado de activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la detención de algunos de sus máximos directivos y la intervención del Banco de Madrid, su filial en España.
Ese análisis detectó decenas de operaciones en el BPA que, a través de Jonestur, completó Sergio Tadisco, un empresario de Mar del Plata sospechado de servir como testaferro de Muñoz y su familia para fugar millones de dólares de la Argentina, triangularlos a través de Andorra y girarlos a otros países, entre ellos, Estados Unidos.
Parte de esa información, que integra una investigación que continúa abierta en Andorra, ya llegó a las manos de los fiscales Carlos Stornelli, a cargo de las causas de los cuadernos de las coimas y el presunto enriquecimiento ilícito de Muñoz, y Federico Delgado, quien impulsa una de las investigaciones por el capítulo argentino del Lava Jato, como también a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Las sospechas sobre las operaciones vinculadas a Jonestur en el BPA ya registraron consecuencias en Andorra, donde se ordenó congelar más de 8000 cuentas en el BPA, y obligaron a ejecutivos de esa casa de cambio a iniciar gestiones para destrabarlas, según reveló el portal Infobae.
"Jonestur tiene 'cuestiones' pendientes en Andorra", reconocieron a LA NACION voceros de la entidad, que se desligó de Muñoz. "Nos quieren asociar a operaciones del kirchnerismo, pero no hay nada que nos vincule a ese sector, al señor Muñoz o a Odebrecht", indicaron. "Nadie de Jonestur fue citado a declarar en Andorra ni afronta allí ninguna imputación formal", abundaron.
Sin embargo, documentos del BPA recuperados por la policía de Andorra, a los que accedió LA NACION, revelan que al menos un ejecutivo del área antilavado del propio BPA planeó viajar a Mar del Plata y visitar las oficinas de Jonestur para pedir datos sobre 58 transferencias, como también los legajos de 23 clientes de Jonestur, aunque no surge de esos documentos si el viaje se concretó.
P. G.
Esos documentos también exponen que ese oficial antilavado del BPA también planeó reunirse en Buenos Aires -o se reunió- con P. G., es decir, P. G, dueño de la extinta casa de cambio homónima.
Los sabuesos de la policía de Andorra también centraron su mirada sobre G., hasta el punto de analizar los sumarios abiertos y las multas que le impuso el Banco Central en 2014, así como su aparición en distintas investigaciones judiciales en la Argentina y Uruguay.
“P.G. aparece como un presunto colaborador y asesor de operaciones de blanqueo de dinero procedente de la defraudación fiscal y sobornos, y también vinculado al tráfico de estupefacientes”, reportó la policía de Andorra. “Con relación al tráfico de estupefacientes, se investiga en Uruguay una sociedad vinculada a G. denominada IPA Asset Management”, se detalló. LA NACION intentó comunicarse con P.G., pero no obtuvo respuesta.
Los investigadores de Andorra ahondaron en los vínculos que durante años mantuvo la sociedad anónima de P.G. con el estudio uruguayo BLG, de Fernando Belhot y Juan Carlos González Lerena, controlantes de una sociedad panameña, Grupo BLG, con la que operaron firmas holandesas, como Lion’s Soul, utilizadas por Odebrecht para pagar sobornos.
“El despacho de abogados [por BGL] es especialista en impuestos de Uruguay, Brasil y la Argentina, y ofrecen sus servicios según las necesidades de sus clientes”, precisó la policía de Andorra. “Después se producía el retorno de una parte o de la totalidad de los fondos al beneficiario por fuera del BPA -agregó-, o mediante la casa de cambio G.”.
De acuerdo con los documentos de ese paraíso fiscal a los que accedió LA NACION, los sabuesos europeos también siguieron los rastros de dos ejecutivos del BPA: el uruguayo Andrés “Betingo” Sanguinetti y su jefe, Francesc Xavier “Sisco” Pérez Giménez. Ambos debieron declarar ante la Justicia de ese principado europeo.
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