En el uso de sus recursos, la Anses posterga a los jubilados

Con la reforma previsional y la estatización de los ahorros que estaban en el eliminado régimen de capitalización, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se convirtió en una fuente casi ineludible de financiamiento, tanto para el sector público como para la actividad privada. Pero mientras el Gobierno va orientando recursos desde el fondo de garantía del régimen de reparto hacia inversiones varias (como financiar al propio Estado o prestar dinero para incentivar el consumo de bienes -desde autos e inmuebles hasta calefones y bicicletas-), varias voces se alzan para reclamar por la falta de planificación a largo plazo y por la ausencia de asignaciones a los propios jubilados y pensionados, con muchos de los cuales se está acumulando una deuda de magnitud aún no conocida.

El fondo en manos de la Anses -valuado en unos $ 102.000 millones- tiene como fin último constituir una reserva que permita seguir pagando los haberes en un eventual momento de crisis para el financiamiento. Si bien eso es así, hay por lo menos otros dos hechos también ciertos y a la vez preocupantes. Por un lado, no existe un cálculo a futuro que permita saber cuál es el monto ideal a resguardar para actuar consecuentemente. Y, por otra parte, el Estado acumula una deuda con los jubilados que día tras día recurren a la Justicia para reclamar que se cumplan sus derechos. Principalmente, se trata de quienes a partir de 2002 recibieron ajustes insuficientes para preservar el valor de sus haberes, según lo que ya dictaminó la Justicia.

Es una deuda que hoy sólo les es reconocida a quienes van a juicio, ya que administrativamente se niega la actualización de los ingresos. La presentación de demandas se multiplicó desde que, a fines de 2007, la Corte Suprema dispuso que los ingresos deberían haber subido, entre 2002 y 2006, siguiendo la evolución de los salarios activos. Según un cálculo realizado por el economista Mario Brodersohn, de la consultora Econométrica, 1,74 millones de jubilados recibieron alzas inferiores al 88,6% que, según el criterio de los jueces, debió haberse dado hasta 2006.

"Esta es una deuda que el Gobierno está tratando de patear para adelante", sostuvo el economista, en un informe reciente. Agregó que, en el primer cuatrimestre del año, la Anses tuvo un superávit primario de $ 4700 millones, "casi la totalidad del superávit primario del Gobierno", al mismo tiempo que el 75% de los jubilados recibe el haber mínimo, porque en los últimos años se acható la pirámide de ingresos. "El Gobierno podría usar los excedentes financieros para comenzar a resolver las asignaturas pendientes en el sistema jubilatorio", aconsejó.

Desde la Justicia, también hay quienes sostienen que el Gobierno debería disponer una corrección de los haberes jubilatorios, siguiendo lo que ya dijo la Corte, en lugar de que cada perjudicado deba ir a un litigio, que suele demorar entre cinco o seis años. Es la opinión, por caso, del juez Luis René Herrero, vicepresidente de la Cámara de la Seguridad Social, un fuero que lleva meses colapsado.

"La Anses paga jubilaciones menores a las que debería y presta plata a casas de electrodomésticos, bancos o al Estado a una tasa mayor a la que les paga a los jubilados cuando abona las sentencias dictadas por los jueces", analizó Nicolás Leoni de la firma BlueCorp, especializada en cálculos previsionales.

Por su parte, la diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, afirmó que con otros legisladores de la oposición que integran la Comisión Bicameral de control de los fondos, elevará un pedido a la Anses para que se realicen cálculos que permitan establecer cuántos recursos va a necesitar en el mediano y largo plazo el sistema previsional y qué rentabilidad debería tener el fondo.

"Necesitamos más información, no estamos satisfechos", dijeron por su parte asesores del senador radical Gerardo Morales, que reclamó a la Anses datos sobre el pago de las sentencias a favor de los jubilados.

Reyes sostuvo que, en ausencia de una planificación, "queda claro que los únicos excluidos" de los planes "son los jubilados actuales".

En la reunión en la que, el 20 de mayo, el director de la Anses, Amado Boudou presentó datos del fondo al 30 de abril (único informe público disponible), el diputado oficialista Edgardo De Petri reclamó que se dispusiera, por lo menos, dirigir a los jubilados la rentabilidad de las inversiones.

Hasta ahora no se conoce qué resultados financieros se van obteniendo. Por informes de la Anses, sólo se sabe que al 30 de abril el saldo era de $ 101.989 millones, un 1,33% inferior al del 30 de enero.

En buena medida, la composición de la cartera refleja todavía la forma en que habían invertido, bajo supervisión estatal, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Boudou había advertido que no habría cambios significativos en el corto plazo, dado que con el fuerte peso que ganó el organismo como inversor, eso provocaría un impacto en el mercado. El funcionario también insistió en la premisa de privilegiar planes de sostén del empleo antes que en obtener rentabilidad, algo considerado inapropiado por legisladores de la oposición.

Según el informe oficial, los recursos están en los siguientes destinos:

• Deuda estatal: las AFJP tenían el 54,5% de la cartera invertido en este ítem, que ahora representa el 60,8% del fondo. Se trata de $ 62.014 millones entre créditos al Estado nacional, y -aunque en proporción mucho menor- a provincias y municipios. Entre las operaciones con la Nación, en marzo se dispuso una conversión progresiva de las Letras del Tesoro -de corto plazo- a títulos con vencimiento en 2016.

• Plazos fijos: con $ 10.295 millones, representan el 10,1% de la cartera. De ese monto, $ 1562 millones son depósitos colocados en los bancos para fines específicos, como créditos para consumo o para la producción.

• Proyectos productivos o de infraestructura: representan el 3,12% del fondo. Aquí se cuentan $ 141 millones que, al 30 de abril, habían sido asignados para incentivar a la industria automotriz. Hasta el 15 de mayo, se había acordado financiamiento para 5222 vehículos. El plan, anunciado a principios de diciembre y retocado sucesivas veces, fue presentado con la pretensión de llegar a las 100.000 unidades en el plazo de un año.

Además de los fondos en disponibilidad (el 6,2%) y en acciones de sociedades anónimas y financiamiento al sector privado (de lo que se informa por separado), hay recursos en fondos comunes de inversión y fideicomisos. Y se estima que aún hay colocaciones en el exterior: las AFJP podían hacer esas inversiones hasta el 10% de la cartera.

Por Silvia Stang

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