En la segunda jornada de debate en el Senado, organizaciones respaldaron la ley de medios
Representantes de federaciones, organizaciones y de comunidades originarias defendieron la polémica iniciativa; el lunes continúan los encuentros
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Después de una primera jornada cargada de cuestionamientos de la oposición, participaron hoy del plenario de comisiones del Senado para debatir la ley de medios organizaciones que defendieron la iniciativa oficial.
En la segunda jornada de consultas realizada por cuatro comisiones del Senado para recabar opiniones sobre el proyecto de reglar los medios audiovisuales que impulsa el Gobierno sólo se escucharon elogios para la iniciativa oficial y exhortaciones a los pocos senadores presentes para que aprueben sin cambios el texto aprobado en la Cámara de Diputados.
Los legisladores escucharon a representantes de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO), de la Federación de Cooperativas Telefónica (Fecotel), de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y del Encuentro de Pueblos Originarios, quienes respaldaron la iniciativa, pero tuvieron poco público de senadores, debido que gran parte de ellos regresaron a su provincias.
De las ocho organizaciones convocadas sólo concurrieron cuatro y no estuvo presente por problemas de agenda, una delegación de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), que podría haberle dado mayor diversidad a las opiniones.
Entre tanto, el senador oficialista de Catamarca Ramón Saadi oficializó sus diferencias con la propuesta oficial al reclamar cambios en el artículo que define una nueva autoridad de aplicación, a la que considera excesivamente ligada al Gobierno.
Igualmente crítico, se mostró el titular de la Comisión de Industria y Comercio, el radical entrerriano Arturo Vera, quien cuestionó el reemplazo de dos senadores oficialistas, Elida Vigo y Roberto Urquía, por razones de salud, mientras deslizó la eventualidad que el desplazamiento del cordobés Urquía se hubiera producido por su presunta actitud crítica hacia aspectos del proyecto oficial.
En representación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, Néstor Busso, reconoció que "hay muchos aspectos de la ley que podrían mejorarse", pero consideró que el "proyecto es producto de un amplio debate, de un equilibrio entre intereses e ideas de diferentes sectores" por lo que expresó su apoyo.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Telefónica (Fecotel), Felipe Boccoli, expresó su adhesión. "Si esta ley no se aprueba, los representantes del pueblo no van a poder gobernar, porque lo van hacer los medios de comunicación", sostuvo, según consignó la agencia DyN.
La jornada del lunes repetirá el mismo perfil pro-oficialista de los invitados y concurrirán el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la Confederación de Trabajadores de Medios (Cosimetcos), y también las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.
El martes será un día de constitucionalistas y concurrirán Gregorio Badeni, Félix Loñ, Daniel Sabsay y Alberto González Arzac y los especialistas en comunicación Henoch Aguiar, Julio Bárbaro, Martín Becerra y Gustavo López.
Las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; de Presupuesto y Hacienda, de Industria y Comercio y de Asuntos Constitucionales son las encargadas de analizar la iniciativa que el Gobierno pretende convertir en ley a mediados del mes próximo.
Ejes de la discordia. Ayer, tras duros embates de senadores opositores, el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, admitió fallos en el proyecto de ley.
Fue una primera jornada marcada por las críticas. Uno de los momentos más tensos del debate se registró cuando Mariotto debió admitir que la iniciativa, tal como fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, no impide que empresas contratistas del Estado y explotadoras de concesiones de juego, dos sectores de fuerte vinculación con Néstor Kirchner, puedan participar del negocio de la radio y la televisión.
También reconoció que la autoridad de aplicación de la ley podría haber sido "más democrática" y con mayor control parlamentario de lo que quedó en el proyecto.
La presión de los senadores opositores logró, además, que Mariotto admitiera que el decreto 527 de 2005, que prorrogó 10 años las licencias de TV por aire, fue firmado por Néstor Kirchner "a pedido de las empresas", y que el servicio satelital de las transmisiones de fútbol para Canal 7 fue entregado por adjudicación directa a la empresa La Corte, la misma que contrató el Gobierno a la llegada de los Kirchner para filmar las actividades presidenciales.
Otro punto en el que la oposición centró sus cuestionamientos y Mariotto no fue todo lo claro fue la supuesta violación de derechos adquiridos y de propiedad en que incurriría el artículo 161 del proyecto, que obliga a las empresas a desprenderse de sus activos en el plazo de un año para cumplir con la futura ley.
A las críticas por disposiciones puntuales del proyecto de ley se sumó ayer la decisión del oficialismo de reemplazar a dos senadores que integran las comisiones que discuten la iniciativa por otros de indudable alineamiento con la Casa Rosada.
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