En los últimos ocho años, la Corte ahorró $ 14.000 millones

El dato parece extraño, pero es real. Mientras el país convive con un déficit presupuestario elevado, la Corte Suprema tiene un superávit de más de $ 10.000 millones y, si se suman varios créditos a cobrar, el ahorro en los últimos ocho años orilla los $ 14.000 millones. Es decir, unos US$ 930 millones.

Esto surge de un informe de gestión que elaboró el contador Héctor Marchi, administrador del tribunal que preside Ricardo Lorenzetti.

La Constitución establece que la Corte maneje su propio presupuesto y administración, sujetos a la Auditoría General de la Nación y separados de la administración que lleva el Consejo de la Magistratura para el resto del Poder Judicial.

Se trata de partidas distintas, pese a lo cual la Corte, en 2013, ayudó al pago de sueldos del resto de los jueces, cuando el gobierno de Cristina Kirchner no giró fondos, en su disputa con el Poder Judicial. Ello generó un crédito presupuestario en favor del alto tribunal.

Si bien desde hace ocho años publica sus números en su sitio oficial (www.csjn.gov.ar), la Corte decidió consolidar toda esa información en un documento, al que tuvo acceso LA NACION y que hoy será presentado en el Palacio de Justicia.

"La difusión de estos datos no tiene nada que ver con las acusaciones que hace la diputada Elisa Carrió", aseguran en la Corte. Por el contrario, el tribunal muestra que se maneja "con un criterio de equilibrio financiero, transparencia, eficiencia y libera al Tesoro de tener que dar asistencia financiera. Además, con ese superávit, tiene asegurada su propia independencia".

"Aun si no recibiéramos un peso del Poder Ejecutivo, la Corte podría sobrevivir con sus ahorros cuatro años más, es decir, todo un mandato presidencial", explica una alta fuente del máximo tribunal.

Como lo establece la ley de autarquía, el presupuesto de la Corte se integra con el 0,57% de toda la masa coparticipable de la recaudación nacional -el resto del Poder Judicial se lleva otro 2,5%-; por la tasa de Justicia que pagan las partes por cada expediente que tramitan y por otros recursos no bancarios que están representados, básicamente, por el spread bancario, el interés que le pagan los bancos Nación y Ciudad al tribunal por los depósitos a la orden los juzgados.

"Desde hace ocho años, la Corte arroja superávit", confió una alta fuente del tribunal. Entre enero y agosto últimos, la Corte tuvo recursos tributarios y no tributarios por $ 2126 millones, que si se suman a los $ 1137 millones de reservas acumuladas, llegan a $ 3262 millones. Y, como el tribunal gastó $ 1790 millones, por ahora tiene un superávit de $ 1473 millones.

Si se computan los últimos ocho años, el acumulado de los sucesivos sobrantes presupuestarios asciende a $ 10.516 millones, que están depositados en dos bancos oficiales: en Ciudad, donde hay $ 6217 millones, y en el Nación, con $ 4278 millones.

Esos números, dicen en la Corte, contrastan con el déficit de la administración pública nacional en esos ocho años: $ 700.000 millones.

¿Cómo es posible que la Corte, donde buena parte del presupuesto se destina a salarios, tenga ese resultado? El tribunal tiene autorizada una planta de 4600 empleados, pero trabaja con unos 2500. Es decir, trabaja con un 63% de la planta autorizada, un 14% menos que la que se desempeñaba en 2008.

Además, en el tribunal resaltan que "todos los ahorros están en pesos. La Corte nunca compró dólares con esos fondos, para evitar alterar la cotización y, fundamentalmente, para que no nos imputen hacer negocio con la cotización", señalan.

Pero, además, el Consejo de la Magistratura le debe a la Corte otros $ 3447 millones: por un lado, $ 2200 millones que la Corte le prestó al Consejo en 2013 para pagar los sueldos de los jueces y empleados judiciales, y, por el otro, $ 1382 millones por un millar de empleados que el Consejo le devolvió a la Corte sin entregarle las correspondientes partidas.

Sumando los recursos ya disponibles y los créditos, el superávit asciende a $ 13.963 millones. Por el contrario, durante todo ese período la Corte no tomó deudas ni solicitó anticipos al Tesoro nacional.