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Es mayor la posibilidad de que se judicialice el resultado electoral
Durante el siglo XIX la Argentina tuvo una democracia de participación restringida, no sólo como en América latina, sino también como la tenían los países más avanzados.
Hasta la ley del voto universal, secreto y obligatorio, sancionada en 1912, más que el fraude y las irregularidades -por lo general, ganaba quien controlaba el poder local-, la cuestión era que participaba menos del 10 por ciento de quienes tenían posibilidad de hacer fraude.
La ley del presidente Sáenz Peña subsanó la participación, estableciendo para ello la obligatoriedad del voto y su carácter secreto, para evitar las presiones.
En los años treinta, el fraude electoral en nuestro país tuvo lugar, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras del interior, sobre todo en favor del Partido Conservador, pero también se registraron casos en el radicalismo.
Vuelco de padrones, robo de urnas y voto "cadena" fueron algunos de los mecanismos utilizados, además de las formas de política "clientelista", que todavía hoy existen en la política argentina.
En los años cincuenta y en los sesenta, en realidad, no hubo fraude, sino que el fenómeno que se registró fue la proscripción del peronismo, con lo cual tan sólo desde comienzos de los años setenta la democracia rigió plenamente.
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En mi opinión, las últimas seis elecciones presidenciales se han realizado con un razonable grado de normalidad electoral.
La posibilidad de fraude existe en la política argentina, pero reducida a pocos puntos. No es posible un fraude que haga que el candidato que queda segundo por 10 puntos pueda aparecer primero.
Sí es posible que la falta de fiscales en algunas urnas produzca pérdida de votos para los partidos que no los tienen. Sobre el resultado general, lo anterior puede incidir sólo en algunos puntos, reconociendo que esta situación pueda ser decisiva en una elección con alto grado de fraccionamiento, como la que tendrá lugar el 27 del actual.
En cambio, es mayor la posibilidad de "judicialización" del resultado, en el caso de que denuncias de fraude -que siempre existen- sean tomadas por la justicia electoral, interrumpiendo el escrutinio.
No es un escenario muy probable, pero no es imposible.
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Cabe señalar que en ninguna de las cuatro elecciones presidenciales realizadas en América del Sur el año último (en Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia) hubo problemas de fraude o con el escrutinio.
Incluso en las dos últimas elecciones las diferencias entre los cuatro primeros candidatos fueron de sólo 2 puntos, sin que ello impidiera el escrutinio y el surgimiento de un ganador claro en las urnas.
Sólo la extrema fragilidad institucional con la cual está funcionando la Argentina y el profundo y justificado escepticismo de los ciudadanos frente a la política explican que el tema del fraude pueda plantearse hoy como algo posible.
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