Está frenado en los despachos de Economía el mayor proyecto exportador de la historia

Un ambicioso proyecto exportador, acaso la mayor iniciativa del campo en conjunto en su historia, que prevé la creación de 700.000 nuevos empleos en la economía (210.000 de ellos nuevos aportados por el agro) e incrementar las exportaciones totales del país de US$65.000 a US$100.000 millones, aguarda no obstante hace casi un año en los escritorios del Ministerio de Economía para ser enviado al Congreso como proyecto de ley.

Se trata de una iniciativa que comenzó como una propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), formado el año pasado y que hoy integran 64 entidades empresariales del agro, entre ellas las entidades de la Mesa de Enlace, exportadores, avícolas, frigoríficos, bolsas de cereales y cámaras de economías regionales, entre otras. En 2020, con foco en pasar a la propuesta con algo superador para fomentar la agroindustria, se constituyó el CAA y rápidamente se elaboró un plan al que se denominó ”Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva y Federal”.

En el CAA están entidades adheridas que representan el 99% del Producto Bruto Agroindustrial, el 75% de las exportaciones totales y el 18% del PBI nacional. Su programa, a cinco años de vigencia con prórroga a otros cinco, contiene una serie de herramientas impositivas, técnicas y financieras que, destacan en el CAA, tienen efectos fiscales neutros y no requieren subsidios del Estado. Entre otras, amortización acelerada para las inversiones, devolución del IVA de inversiones con condiciones especiales, incentivos a los gastos en semillas, fertilizantes, mejora para la hacienda. El CAA destaca que es posible aumentar las exportaciones y, a la vez, seguir atendiendo el mercado interno sin inconvenientes.

Con foco en lograr apoyo y ponerlo a consideración del sector político, mantuvo casi una treintena de reuniones generales, sin contar otras numerosas más a nivel técnico. Encuentros al más alto nivel político, incluso, de manera separada, con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo eso en apenas unos meses, sobre la segunda mitad de 2020 y parte de 2021. Hubo también numerosas reuniones con funcionarios del gabinete económico.

Luego de que el 1° de marzo pasado, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el jefe de Estado comprometiera el envío de la ley, en abril último el CAA y funcionarios de Economía y Agricultura avanzaron en definiciones técnicas. Sin embargo, el proyecto sigue sin arribar al Congreso y el CAA ya reiteró el reclamo a Fernández.

“La ley de inversión agroindustrial es la base de una nueva política de nuevos empleos, nuevas inversiones y de mayor producción y exportación. Es federal porque impactará en todo el país, es inclusiva porque todos los productores y producciones se verán beneficiadas, es sustentable porque se harán inversiones protegiendo el ambiente, es exportadora porque crecerán las ventas al mundo en más de 15.000 millones de dólares anuales y es fiscalmente sólida porque no pide subsidios ni hay costo porque habrá más recaudación. No impulsar (la ley) es no trabajar en favor de un país federal con equidad”, señaló a LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Esta es una de las entidades que integran el CAA.

Desde el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán dijeron, ante una consulta de este medio, que la ley “se va a presentar cuando se presente en el Congreso el programa con el Fondo Monetario Internacional”. Añadieron: “La idea es que se valide en el Parlamento”.

En este contexto, en la cartera de Economía señalaron: “Se continúa trabajando bajo la conducción de Economía, los equipos técnicos del ministro y el ministro intercede en las cuestiones clave. El proyecto sigue avanzando como dijo el ministro para que haya reglas de juego claras para un sector fundamental para la economía argentina, generadora de divisas y de exportaciones”.

En Economía insistieron que se trata de un proyecto que le interesa a Guzmán, que participó de muchos encuentros con el sector. “La ley es de nuestro interés, por eso es que hubo y habrá tantos encuentros”, señaló una fuente consultada de esa cartera.

Además del presidente y la vicepresidenta, el CAA mantuvo encuentros para mostrar su iniciativa, entre otros, con los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quinquela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza). También hubo contactos con autoridades de Juntos por el Cambio en Diputados, el exministro de Economía Roberto Lavagna y el Interbloque Federal. La iniciativa también llegó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El CAA además tuvo numerosos encuentros con ministros del gabinete nacional. Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien le comentó de la propuesta fue la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Sobre el proyecto de ley que venimos discutiendo con distintas áreas de Gobierno, sigo pensando que un pronto tratamiento en el Congreso de la Nación sería una señal importante para el sector agroindustrial. Máxime en vísperas de iniciar la campaña de siembra de granos gruesos ante un escenario que luce positivo”, señaló José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales porteña.

“Un marco de certidumbre a mediano-largo plazo acompañado de incentivos fiscales a nuevas inversiones resultará en mayor volumen de producción, agregado de valor y exportaciones, cosa que impactará positivamente en la creación de empleo, generación de divisas frescas y consecuente mayor recaudación fiscal”, agregó.

Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), también remarcó la importancia de contar con la ley. “El proyecto de fomento a la inversión productiva cuenta con dos estímulos estratégicos: el incremento del uso de fertilizantes y el uso de semillas autógamas fiscalizadas. El estímulo en semillas es central dado que tiene alto impacto en particular en las producciones de economías regionales como son el algodón, arroz, legumbres, maní, trigo, cebada entre otras”, dijo.

Según recordó, la investigación y desarrollo público a través del INTA y de las universidades es clave en estos productos. Destacó que “mediante la transferencia de tecnologías al sector privado llegan al productor semillas de alta calidad” y “en este proceso participan investigadores, desarrolladores, multiplicadores y comercio”. Al respecto remarcó: “Es por eso que desde ASA consideramos que es una oportunidad promover mediante incentivos el uso de semilla fiscalizada por el Inase (Instituto Nacional de Semillas)”.

Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes, remarcó que para ganadería la ley establece beneficios en función de lograr aumentar tanto la eficiencia reproductiva como el peso de faena del ganado. “Contempla mecanismos fiscales de importancia como en una modificación en el impuesto a las ganancias donde los ganaderos hoy pagan por los kilos producidos y no vendidos, pasando a tributar cuando se realiza la venta. Otro incentivo es la desgravación de los kilos de los novillos pesados. El concepto del incremental de no pagar ganancias por los kilos incrementales se basa en que los kilos no producidos no pagan impuestos y es necesario dar un marco de incentivo, ya que incrementar el peso de faena aumenta los costos y se tarda más tiempo”, dijo.

Por el lado de Coninagro, Elbio Laucirica, presidente interino de la entidad, señaló que la propuesta que se espera el Gobierno impulse en el Congreso tiene un impacto directo para los productores. “Si bien el proyecto del CAA no tiene nada específico para cooperativas, destacamos los incentivos a la inversión de largo plazo, la amortización acelerada en inversiones, devolución de IVA en inversiones, devolución en impuesto a las ganancias en fertilizantes, semillas y mejora en hacienda, incentivos a la invernada y estabilidad fiscal. Todos estos incentivos benefician a los productores, y en cierta medida, a sus cooperativas”, indicó.

Armando Allinghi, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), se refirió a la necesidad de incrementar los niveles de fertilización en los cultivos para tener un impacto positivo para el suelo. La fertilización ha venido creciendo, pero se necesita que se siga ese camino pensando en ese recurso estratégico.

“Los estímulos previstos en la ley ayudarán a la mejor adopción del uso de los fertilizantes y sus buenas prácticas de manejo, ya que los beneficios se verán expresados en la mayor reposición de nutrientes y el aumento de los rendimientos siendo ambos factores claves tanto para la sustentabilidad como la rentabilidad de la producción”, expresó.

En la Cámara de Legumbres (Clera), actividad que se realiza con fuerte preponderancia en las economías regionales y tiene un perfil exportador con un 95% de su producción exportable, subrayan que es “una necesidad estratégica nacional promover el crecimiento del sector, desde lo productivo e industrial, para no perder esta oportunidad única”.

“Las condiciones previstas por la ley permitirán el crecimiento en capacidad y eficiencia productiva de nuestras plantas, con el consecuente efecto derrame sobre la actividad económica y ocupación laboral en cientos de localidades del interior de nuestro país, específicamente en las zonas del NOA argentino y, como corolario, incrementar la generación de divisas, hoy vitales a las necesidades de nuestra nación”, apuntó Sergio Rafaelli, de Clera.

“Estamos convencidos que los lineamientos de la ley propuesta por el sector son fundamentales para el crecimiento de las exportaciones agroindustriales. Haciendo foco más específicamente en las actividades de las economías regionales, esta necesidad se hace aún más fuerte promoviendo un crecimiento federal, inclusivo y sustentable”, añadió.

Como se mencionó, desde la cartera de Economía sostienen que la ley se presentará al Congreso cuando también se haga lo mismo con el programa de refinanciación de la deuda con el FMI. Mientras tanto, en medio de los planteos del sector privado para acelerar la ley, en la cartera de Guzmán insisten: “Venimos trabajando con el CAA y con las distintas áreas de gobierno en un proyecto de ley que busque generar inversiones que creen empleo, aumenten exportaciones, producción e incorporen tecnología. Aún estamos trabajando en un borrador, encontrando consensos producto de la articulación público-privada”.

Por Fernando Bertello

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