Evitar un posible retroceso

Si tuviéramos que identificar un acierto en materia institucional del proyecto político que ha gobernado la Argentina durante la última década, sería fácil encontrar consensos, incluso, entre personas de distinto signo ideológico. La renovación de la Corte Suprema y la rejerarquización de las máximas instancias judiciales han recogido elogios unánimes de todos los sectores. En tal sentido, la fijación por parte del presidente Néstor Kirchner de estándares de idoneidad y compromiso con los derechos humanos para la selección de los integrantes del máximo tribunal y de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación (decretos N° 222/03 y 588/03) fue un acierto indudable.

Dicho logro se vería severamente opacado en caso de que el gobierno avance con la postulación de Daniel Reposo para el cargo de procurador general de la Nación, un enclave estratégico dentro del tramado judicial e institucional de nuestro sistema político. El candidato del Poder Ejecutivo adolece de antecedentes profesionales, técnicos y académicos acordes con la importancia y los requerimientos de semejante responsabilidad. Un somero análisis de su currículum vitae arroja que Reposo carece incluso de las habilidades mínimas exigidas para ser fiscal de instancias inferiores, según las propias reglas del Régimen de Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal. La falta integral de idoneidad del postulante resulta, a todas luces, preocupante.

Sin embargo, la cuestión empeora cuando se analizan sus declaraciones públicas -difundidas ampliamente en los medios de comunicación- respecto de su adherencia incondicional al Gobierno y al liderazgo de la presidente de la Nación. Si bien la lealtad es una virtud loable, en este caso tiene un efecto valorativo distinto. Quien desempeñe el cargo de procurador general de la Nación debe brindar -por su trayectoria y conducta pública- las garantías suficientes de que cumplirá las funciones asignadas por la Constitución y la ley de manera independiente y autónoma, con total prescindencia de las necesidades o deseos del poder político. Esto implica, entre otros, que bajo su liderazgo la Procuración y todos los fiscales que de ella dependen deberían tener apoyo y libertad para investigar sin presiones hechos de corrupción o delitos que involucren a funcionarios públicos.

Pareciera que el Gobierno pretende reemplazar a Esteban Righi, quien renunció en medio de una escandalosa investigación que involucra al vicepresidente de la Nación, por una persona que garantice mayor control de los fiscales y mayor afinidad con la Casa Rosada. En el peronismo abundan figuras destacadísimas en el mundo del derecho. Postular para procurador general a alguien sin experiencia por la seguridad que podría brindar su incondicional afinidad con el Gobierno es un lujo demasiado costoso en términos políticos y excesivamente cortoplacista. De ser ratificado Reposo por el Senado, estaríamos frente al mayor retroceso institucional de los últimos tiempos.

Por Álvaro Herrero

• El caso Ciccone

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