Alberto Fernández prevé la participación de los movimientos en la política social

El reclamo por la emergencia alimentaria, que esta semana dio un primer paso en el Congreso, visibilizó la situación de millones de personas pobres, que son las que más sufren las consecuencias de la crisis económica.

En ese contexto de urgencia, Alberto Fernández ya piensa la política social de su gobierno, si el 27 de octubre repite el triunfo de las PASO y se convierte en el próximo presidente.

El esquema que imagina el candidato del Frente de Todos tiene dos ejes centrales: el paulatino reemplazo de los planes sociales por trabajo formal, a través de un nuevo "plan empalme" -tendría otro nombre para no repetir la versión fallida del gobierno de Mauricio Macri-, y un rol protagónico de las organizaciones sociales, no solo respecto de ese programa, sino de toda la política social que tiene en mente.

"Los movimientos sociales no son parte del problema, son parte de la solución", repiten casi cual mantra los dirigentes que discuten con Fernández la situación social y cómo abordarla. La frase no solo contiene una definición a futuro: la voluntad de incluir a las organizaciones en el esquema de política social del próximo gobierno. También da cuenta de una realidad: en los hechos, progresivamente y por fallas del Gobierno (como las demoras en la entrega de alimentos), las organizaciones fueron ocupando un lugar central en la política social de Cambiemos.

Algunas veces lo hicieron de la mano del Estado, pero en la mayoría de los casos actuando por su cuenta. Constituyeron una red de contención social fundamental en los barrios más postergados. Junto con ONG, iglesias católicas y evangélicas, escuelas y clubes, se pusieron al frente de cooperativas y comedores y se convirtieron en un canal para encauzar demandas. En 2016, por ejemplo, organizaron el reclamo por la declaración de la emergencia social que instauró el salario social complementario (la mitad del salario mínimo, hoy $7500), que cobran poco más de 300.000 personas.

"Los movimientos son muy responsables de que la situación no se haya desmadrado. Armaron una red de contención que superó ampliamente al Estado y son los que ponen el cuerpo todos los días en los barrios. Vamos a trabajar con ellos. Son indispensables", sintetizó ante LA NACION uno de los hombres de consulta de Fernández en materia social.

Los movimientos sociales a los que aluden en el Frente de Todos son los que integran el triunvirato de San Cayetano: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Eso no quiere decir que las organizaciones "duras" -las que lideraron las protestas y el acampe por la emergencia alimentaria y fustigaron a Fernández por haberles pedido que "dejen las calles"- vayan a quedar afuera. "Más allá de su posicionamiento político, ellos también laburan fuerte en los barrios y también los necesitamos", aseguran en el búnker de la calle México. No desconocen que esas otras organizaciones, el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras, podrían ser un factor de conflicto en el futuro, pero creen que excluirlas del esquema sería un error.

También los intendentes, sobre todo los del conurbano bonaerense, forman parte de la red de contención, de esa primera línea de defensa frente a la crisis que Fernández reconoce y quiere incluir en sus planes. La lógica se aplica además a los gobiernos provinciales.

El 1° de mayo de 2017, Macri anunció su plan empalme: un programa por el que beneficiarios del Plan Argentina Trabaja que fueran contratados en blanco podrían mantener su plan social por dos años. El Estado pagaría parte del nuevo sueldo con un monto equivalente al del plan social. En aquel momento eran $4030, para completar un salario de $12.000. El último dato disponible indica que apenas 5000 personas ingresaron al plan.

¿Qué tiene en mente Fernández para que su versión de plan empalme no fracase? Lo primero es que el programa se pondría en marcha recién después de atender la emergencia, o "frenar la caída", como dicen en el búnker de San Telmo. Para ello, prevé facilitar el acceso a productos de la canasta básica a través de una ley de góndolas; reactivar el sistema de microcréditos, que ya maneja el Ministerio de Desarrollo Social, con créditos no bancarios para financiar maquinaria, herramientas e insumos; y promover obra pública de mano de obra intensiva (vivienda social, veredas, cordón cuneta). En el caso de los microcréditos, la meta es llevarlos de los 300 millones de pesos actuales a $20.000 millones.

Junto con el plan de reemplazo paulatino de planes por trabajo formal, Fernández analiza avanzar con un programa de primer empleo por el que el empresario que tome a un joven se beneficiaría con reducciones impositivas. La iniciativa está pensada para los "ni-ni", jóvenes que no estudian ni trabajan, que hoy son alrededor de un millón y medio.

La pregunta se impone. ¿Es posible avanzar con esas políticas sin reactivación económica a la vista? El candidato del Frente de Todos tiene claro que esa es la primera condición, la base indispensable sin la cual su agenda social no tiene destino. Para ello, como repite en público cada vez que puede, apunta a dos condiciones: la puesta en marcha del aparato productivo que, según sus cálculos, hoy está parado en un 50 por ciento, y a alentar el consumo "poniendo plata en el bolsillo" de trabajadores y jubilados.

Por otro lado, Fernández ya le encargó un "plan contra el hambre" a Daniel Arroyo, su principal referente a la hora de discutir política social.

Mientras sus planes de gobierno siguen tomando forma, hay algo que Fernández tiene claro: cuando de política social se trate, no hablará de cifras, metas ni plazos. Se lo desaconsejan frases como "lluvia de inversiones", el "segundo semestre" o "lo peor ya pasó".

Por Lucrecia Bullrich

• Alberto Fernández

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