Financiamiento universitario: la reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales
El proyecto oficial busca acotar el financiamiento sancionado el año pasado que el Gobierno se resiste a cumplir; la Corte Suprema define
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LA NACION
Javier Milei presentó en la Cámara de Diputados su proyecto para reformar la ley de financiamiento universitario en febrero pasado, durante las sesiones extraordinarias, en pleno apogeo de su poder legislativo. Casi cuatro meses después, su propuesta no tuvo tratamiento alguno y en el oficialismo plantean que es posible que nunca se aborde.
“No está en nuestra agenda parlamentaria. Va a haber una solución por otra vía”, indicó un referente del bloque libertario.
La iniciativa fue girada al Congreso en simultáneo a su reclamo judicial para eludir el desembolso de $2,5 billones a las casas de altos estudios. Esa queja ya está en la Corte Suprema de Justicia que deberá definir si el Gobierno debe cumplir con la emergencia sancionada e insistida el año pasado.
Mientras el frente judicial avanzó en favor de las universidades -con fallos en primera y segunda instancia-, el plano legislativo se mantuvo estático. El tratamiento de la iniciativa oficial se postergó, explicaron en el bloque libertario, para asegurar consensos que nunca llegaron a estar firmes. Es que el Gobierno no logró siquiera un guiño del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pese a las tratativas llevadas adelante por Santiago Caputo.
La propuesta oficial prevé una actualización salarial en tres tramos -4,1% en marzo, julio y septiembre- sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no contempla la pérdida acumulada por la inflación desde diciembre de 2023, a diferencia de la normativa vigente.
Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la emergencia actual, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
La propuesta del Gobierno también difiere de la norma vigente en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley 27.795 obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025. Respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5%, el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.
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