El Gobierno quiere refundar los tribunales federales de Comodoro Py 2002

El Gobierno se imagina refundando los tribunales federales de Comodoro Py 2002, el fuero estratégico donde se tramitan las causas por corrupción de los funcionarios. Nunca un gobierno tuvo tantas posibilidades como el actual para ocupar vacantes con candidatos propios, que le den una nueva impronta al fuero federal porteño.

Esta semana, según adelantaron fuentes oficiales a LA NACION, el Gobierno enviará al Senado 60 nuevos pliegos de candidatos a jueces y fiscales federales, cuyos concursos ya fueron aprobados y cuyos lugares están vacantes.

La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia aceleró el envío al Senado de un centenar de pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes que llegan a casi el 40% de la Justicia nacional y federal, lo que la dejaba al borde de la parálisis.

Entre los nuevos pliegos que serán enviados al Senado hay camaristas del interior del país, cuyos nombres fueron acordados con gobernadores para facilitar su votación, y muchos fiscales federales del interior y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pliegos que tienen mayor significación política son los de los candidatos a ocupar los tribunales orales federales, que son los que dictan sentencia en los casos de corrupción luego de los juicios orales y públicos de funcionarios y exfuncionarios.

“Nunca tuvimos tantos caramelos para repartir como ahora”, se entusiasman en el Gobierno.

Hay seis vacantes en los tribunales orales federales, lo que provoca que los jueces deban turnarse entre ellos para cubrirse y se demora la realización de los juicios. Uno de los tribunales orales federales, el 6, no tiene ningún juez titular; son todos suplentes.

Así, actualmente hay importantes juicios donde los jueces solo tienen audiencias una vez a la semana, pues deben repartirse con otros juicios y otros tribunales.

En el caso de los Cuadernos de las Coimas, las audiencias son dos veces por semana, por ejemplo.

Entre los tribunales que van a completarse con los pliegos que envíe la semana próxima el Senado está el Tribunal Oral Federal N° 5, donde está radicada la causa Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo, entre otros acusados de supuesto lavado de dinero.

Hoy integran ese tribunal la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado. Subroga como suplente el juez José Michilini.

El juez Obligado fue separado de la causa Hotesur, pues sobreseyó a Cristina Kirchner sin juzgarla, y su colega Fernando Machado Pelloni ocupa su lugar.

Ahora se enviará el pliego del titular que complete el tribunal que juzgue a Cristina Kirchner, en lugar de Michilini, quien es suplente.

Los ternados para estos tribunales orales federales de los cuales saldrán seis candidatos son en la primera terna: Agustina Inés Rodríguez, Nicolás Pacilio, Mariano Cartolano; en la segunda terna: Nicolás Schiavo, Nicolás Ceballos y Valeria Rico; en la tercera terna: Luis Alcides Arnaudo, Gabriel Gonzalo Rey y Albertina Carón; en la cuarta terna; Ignacio Labadens, Nicolás Grappasonno y Diego Perone; en la quinta terna: Marcelo Peluzzi, Vanesa Alfaro y Juan Carlos Palacios y en la sexta terna: Ivana Quinteros, Santiago Schiopetto y Raúl Roust.

Además, el Gobierno ya tomó la decisión de renovar la mitad de la Cámara Federal porteña. Se decidió a no enviar al Senado el pliego del camarista Martín Irurzun para darle un nuevo acuerdo por cinco años, dijeron altas fuentes oficiales a LA NACION.

Es que Irurzun es un histórico de la Cámara Federal, que cumple 75 años el 18 de julio y, según la Constitución, si no logra un nuevo acuerdo, debe jubilarse.

Con la salida de Irurzun se acaba una época en los tribunales de Comodoro Py 2002 que comenzó en la década del 90 con la inauguración del edificio judicial

Irurzun presidió la Cámara Federal y tuvo ascendencia sobre sus colegas de la primera instancia. Manejó asuntos disciplinarios y no dudó en apartar de un caso a un juez ante la sospecha de que no lo guiaba la recta administración de justicia. Manejó no solo la cuestión administrativa, sino la gestión política del tribunal.

Era la cara de los jueces federales ante la Corte Suprema de Justicia cuando la presidía el juez de la Corte Ricardo Lorezetti.

Orientó la jurisprudencia de la Cámara Federal, por ejemplo con su doctrina, donde entendía que se debía ser restrictivo negando las excarcelaciones de exfuncionarios, pues sostenía que tenían un poder residual que podía entorpecer la búsqueda de evidencias en las causas en su contra.

El voto de Irurzun, acompañando a su entonces colega Horacio Cattani en la defensa del derecho a la búsqueda de la verdad con los desaparecidos, fue clave. Eran las épocas en que las leyes de obediencia debida y punto final impedían seguir con los juicios de lesa humanidad, pero Cattani impulsó que la idea del derecho a la verdad de las víctimas de conocer lo ocurrido con sus familiares era el motor para seguir adelante con las averiguaciones, independientemente de si había o no castigo.

Martín Irurzun acompañó a Horacio Cattani en varios de los fallos vinculados a ese concepto del "derecho a la verdad”, y se mantuvieron unidos y firmes en la postura de continuar con las averiguaciones sobre el destino de los desaparecidos cuando integraron la Sala II de la Cámara Federal durante años, cuando eran conocidos por votar frecuentemente en el mismo sentido.

Era la Cámara Federal donde Marcelo Martínez de Giorgi era un tímido secretario que ocupaba un escritorio cerca de la que es hoy es su esposa, Ana Juan. Allí, De Giorgi cultivó durante el gobierno de Néstor Kirchner un estrecho vínculo con el exhombre fuerte de la SIDE Jaime Stiuso.

De Giorgi hoy es juez federal, tiene el caso $LIBRA y sorprende como avezado golfista en los links de Miami.

Su mujer está a punto de ser jueza federal en Hurlingham.

La salida de Irurzun abre un hueco en la Cámara Federal, que debe completar el Consejo de la Magistratura convocando a un nuevo concurso.

“Es un momento bisagra y la salida de Irurzun es todo un símbolo para un cambio en Comodoro Py”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo.

El Gobierno, además, busca reconfigurar toda la Cámara Federal, con el envío de los candidatos para ocupar el lugar de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Ambos fueron jueces trasladados durante el macrismo a ese tribunal clave y la Corte Suprema de Justicia ordenó hacer concursos para cubrir esas vacantes y que los trasladados vuelvan a sus viejos cargos.

Bertuzzi concursó por su cargo en la Cámara Federal y quedó ternado en la votación de la Comisión de Selección, con lo que es probable que su pliego se abra camino y sea enviado para cubrir su propio cargo.

Otra es la situación de su colega Leopoldo Bruglia, más cerca de la jubilación. Reclamó ante tribunales internacionales por su cargo, pero es probable que finalmente sea reemplazado.

Despunta en el concurso para ocupar su lugar el juez Pablo Yadarola, cercano al ministro Mahiques. También está entre los ternados la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.

La Cámara Federal la completan los actuales camaristas Mariano Llorens, Eduardo Farah, de tradición judicial, y Roberto Boico, que llegó de la mano del kirchnerismo.

En los juzgados de primera instancia de Comodoro Py 2002 hay cuatro vacantes, pero esos concursos aún no avanzaron lo suficiente.

El Gobierno sigue con expectativa estos concursos a partir de la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en el Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo.

Pero los candidatos afloran por todos lados. Por ejemplo, el juez federal Ariel Lijo, que tiene en sus manos la causa contra Manuel Adorni por sus bienes, tiene su propio candidato para el juzgado federal 12: Diego Arce, uno de sus secretarios.

Así el concurso 433, del juzgado federal 12, en la vacante que dejó Sergio Torres al ir a la Suprema Corte bonaerense, avanzó hace años hasta la etapa de impugnaciones y orden de mérito provisorio. Entre los mejores ubicados aparecía Arce, secretario de Lijo, Julio Miranda y Leonel Gómez Barbella.

A Lijo ya le fue bien proponiendo a Tomás Rodríguez Ponte, su otro exsecretario, cuyo pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, para cubrir el juzgado federal de Lomas de Zamora.

Su esposa, la fiscal Alejandra Mángano, que es subrogante, también aspira a quedar definitivamente nombrada en su fiscalía. También está vacante el cargo de fiscal ante la Cámara Federal, tras la muerte de Germán Moldes.

El juez federal que no logró el año pasado coronar su carrera como juez de la Corte Suprema de Justicia no abandona las esperanzas de ser Procurador General de la Nación.

El Gobierno cifra sus esperanzas de ver congelado el caso Adorni en la supuesta falta de evidencias de enriquecimiento ilícito, en la próxima presentación de su declaración jurada de bienes y es esa larga “lista de deseos” de Lijo. En el juzgado no comparten ese escenario.

En este cruce de nombres y relaciones tramitan las causas judiciales que importan al Gobierno, ya sea porque afectan a sus funcionarios o porque hunden a la oposición: son Andis, el caso $LIBRA, el caso de los créditos hipotecarios del Banco Nación que tomaron funcionarios, las supuestas coimas para obtener permisos de exportación cuando Sergio Massa manejaba la Economía o el rulo del dólar blue.

Además de estos casos, entre los pliegos que están en el Senado y que aún no consiguen la firmas en su dictamen se cuentan los de los jueces en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania.

Resistidos por un sector del oficialismo y apoyados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Si bien se dijo que sus pliegos iban a ser retirados por supuestas cercanías con la AFA, nada de esto ocurrió.

Están candidateados para integrar la Cámara en lo Penal Económico que debe decidir si confirma o no el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA.

Pero antes de que sus nombramientos se decidan, es probable que los actuales integrantes de esa cámara resuelvan la situación de Tapia y del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, acusados de retener aportes patronales.

La bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA) que preside Patricia Bullrich (Capital) en el Senado no está decidida a darle las firmas que necesitan sus dictámenes, pero sus postulaciones siguen encima de la mesa.

En el caso de Galván Greenway, su vínculo con la AFA fue el fallo del pasado 24 de abril en el que dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa de 2018 en la que estaba siendo investigado por lavado de dinero. Sin embargo, esa decisión fue a pedido del fiscal, confirmada por la Cámara de Casación y dejada firme por la Corte.

Los dictámenes no habían sido presentados, por lo que Bullrich pudo consensuar con sus aliados que les quitaran su respaldo a los pliegos. Así, las postulaciones de Galván Greenway y Catania perdieron todas las firmas que habían cosechado hasta el momento. Sin embargo, los pliegos siguen allí.

Por Hernán Cappiello

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