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Gananacias mineras, bajo sospecha
Es por la administración del dinero de Bajo La Alumbrera; cuestionan a la empresa pública dueña del yacimiento
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LA NACIONGabriel Sued
Ubicado en el noroeste de la provincia de Catamarca, Bajo La Alumbrera es uno de los yacimientos metalíferos a cielo abierto más grandes del mundo. Por las cuantiosas ganancias que dejó su explotación durante los últimos cuatro años, superiores a los $ 10.000 millones, se convirtió, además, en el eje de una polémica que incluye denuncias por manejo discrecional de fondos y controles deficientes.
Gran parte de los cuestionamientos apuntan contra Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa pública que es propietaria de la mina, que recibe el 20% de las utilidades y que está formada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Estado nacional.
Dirigentes de Catamarca acusan a las autoridades de YMAD de quedarse con una parte de lo que deben distribuir entre los integrantes de la compañía.
A partir del análisis de los balances contables de la firma, LA NACION pudo comprobar que de los casi $ 1600 millones que recibió YMAD por la explotación de Bajo La Alumbrera entre 2006 y 2008, sólo repartió poco más de $ 1000 millones, y que una porción de esa diferencia, de al menos $ 537 millones, se destinó a bonificaciones extraordinarias para los integrantes del directorio y a gastos discrecionales. En sus últimos informes, la Auditoría General de la Nación (AGN) se quejó de que la empresa no le había dado la información suficiente para realizar su tarea de control.
YMAD no opera la mina en forma directa, sino que recibe los fondos de una unión transitoria de empresas (UTE) que encabeza Minera Alumbrera Ltd., una firma extranjera que controla la explotación del yacimiento y que se queda con el 80% de las utilidades. El monto que debe repartir entre sus socios no se calcula sobre las utilidades que recibe de Minera Alumbrera, sino sobre los resultados finales de YMAD.
"El 60% del 20% de las utilidades de Bajo La Alumbrera es de US$ 285 millones y es dinero efectivamente percibido por YMAD. Menos lo percibido por Catamarca, US$ 151 millones, es igual a US$ 134, que es el dinero que se diluyó en los balances de YMAD, sólo por la parte de Catamarca", sostiene un informe de la diputada provincial Silvia Moreta (PJ). "Ninguna empresa minera puede dar pérdida. Sólo una mínima parte debería destinarse a la administración de YMAD", dijo Moreta a LA NACION.
Coincidió con ella el ex diputado nacional Eduardo Pastoriza, miembro del directorio de la empresa entre 1974 y 1982. "YMAD ocupó mucho de esos fondos en gastos propios de la compañía, para salvar el déficit y para sus manejos discrecionales", dijo.
"Si a eso le suma que Minera Alumbrera declara menos de lo que se lleva, a Catamarca le llega menos de una quinta parte de lo que le corresponde", agregó. Durante los últimos tres años, YMAD destinó más de $ 40 millones a bonificaciones extraordinarias por "efectividad", que alcanzaron a todos los empleados y funcionarios de la empresa, incluidos los miembros del directorio. Este está integrado por cuatro vocales (dos de Catamarca y dos de la UNT) y un presidente, que designa la Casa Rosada. Desde 2001, ese lugar lo ocupa Manuel Benítez, que además preside la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
Un reciente informe de la AGN, destinado a analizar las contrataciones y actos económicos de YMAD durante 2008, concluye que la empresa no entregó la información suficiente como para realizar la auditoría. Lo mismo habían concluido otras tres evaluaciones del organismo, presentadas entre 2003 y 2005. El último informe señala, además, que "se verificaron erogaciones por $ 15.812.684 que no se realizaron de acuerdo con lo normado por el «reglamento interno de compras y contrataciones», normativa que rige las contrataciones de YMAD, según nota YMAD, de fecha 30 de abril de 2009".
El reparto
Ante una consulta de LA NACION, voceros de YMAD afirmaron que la diferencia entre lo que se cobra de Minera Alumbrera y lo que se distribuye entre los socios forma parte de los activos de la compañía. Afirmaron que $ 11 millones se apartaron como previsión para juicios en trámite, $ 140 millones se destinaron a la compra de maquinarias y otros bienes de capital, y $ 386 millones se volcaron a la constitución de reservas para afrontar contingencias impositivas, exploración y búsqueda de nuevas reservas, "lo que permitió a la empresa contar con reservas de minerales por nada menos que 17 años".
En cuanto a los informes de la AGN sostuvieron que, por no ser una empresa del Estado nacional, no están sujetos a los controles de esa entidad ni de la Sindicatura General de la Nación. Pero que, pese a ello, firmaron convenios para abrir sus cuentas a esos organismos.
Sobre las gratificaciones extraordinarias, los voceros aseguraron que "la empresa está obligada por ley a pagarlas". Pero Benítez no respondió a una consulta de LA NACION, hecha por escrito el martes pasado, en la que se preguntaba cuánto habían cobrado los miembros del directorio durante los últimos cuatro años.
Del análisis de los gastos surge, además, que la Unidad Operativa de Control (UOC), destinada a auditar a Minera Alumbrera, tiene una de las partidas con menor presupuesto. En 2007, fue de $ 477.000, frente a $ 894.000 de "publicidad y propaganda", y a $ 234.000 de "homenajes y cortesías".
En la empresa explicaron que parte de este último rubro se destinó a regalar mochilas y útiles escolares a los alumnos de las escuelas de la zona en la que está Bajo La Alumbrera, y a otras obras de "responsabilidad social".
NIEGAN EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
La condición de "empresa interestadual" le dio argumentos a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) para negar el libre acceso público a la información de la compañía. Con ese fundamento, el Ministerio de Planificación acaba de apelar un fallo por el que la jueza en lo contencioso administrativo federal María Cristina Carrión de Lorenzo le ordenó entregar a LA NACION el balance contable de YMAD de 2008. La resolución respondía a una acción de amparo por mora, iniciada en septiembre del año pasado, que contó con el patrocinio legal de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
