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Gran caja sindical. El juez Casanello puso fin a la intervención de una obra social codiciada por la política
Suspendió una cautelar que pesaba sobre Osprera hace más de un año
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La Justicia ordenó restituir en sus cargos a las autoridades de Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), en lo que se constituyó como el último capítulo de una larga puja judicial sobre la decisión del Gobierno de intervenir un gremio con una de las cajas más atractivas para la política, hace tiempo marcada por las irregularidades.
La decisión corrió por cuenta del juez Sebastián Casanello, luego de que la Cámara le solicitara evaluar si debía mantenerse o no una cautelar que suspendió y apartó al titular de la obra social, José Voytenco, y a otros miembros del directorio, ordenada por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena.
“La medida cautelar fue extendiéndose en el tiempo y a más de un año de intervención, aquella situación crítica que la habría justificado, hoy estaría sustancialmente superada, aunque sin alcanzar por completo su objetivo de regularizarla”, valoró el juez.
En su resolución, Casanello ordenó también que el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones y a cargo de la intervención, designe a un veedor temporal para realizar una transición ordenada.
El fallo se enmarca también en la disputa que el restituido Voytenco mantiene con el dirigente gremial Pablo Ansaloni, hoy diputado de La Libertad Avanza, pero con pasado en Juntos por el Cambio y el peronismo.
Tal como contó LA NACION, la Uatre despertó en su momento el interés de Pro, del PJ, y ahora también del Gobierno libertario: por sus cuentas circulan alrededor de $4.000 millones mensuales y en Osprera, su obra social, unos $10.000 millones.
Además, con 560 seccionales, es uno de los gremios con mayor territorialidad en el país.
La Uatre festejó el fallo de Casanello y apuntó contra el interventor del Gobierno, Marcelo Petroni, un abogado penalista que habría llegado por recomendación de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.
“La Osprera retorna a la gestión de las autoridades elegidas legítimamente, tras más de un año de conflictividad institucional, judicial y perjuicios irreparables a los afiliados”, celebraron. Dijeron también que durante la intervención del Gobierno hubo manejos irregulares y “negocios espurios”.
LA NACION contó que durante los primeros meses de intervención, Osprera emitió órdenes de pago por $7.700 millones a la Suizo Argentina, la droguería investigada por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad (Andis), cercana a los Menem, que pasó de firmar contratos por $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en 2025.
Casanello intimó al actual interventor Petroni a presentar un informe final sobre el estado actual de la obra social.
En su informe, la Superintendencia sostiene que como resultado de la intervención se redujo el déficit mensual (de $3.500 millones en el primer semestre de 2025 a unos $1.800 millones en el segundo) y la estructura administrativa, con 154 agentes menos.
Historial de intervenciones
Parte de la trama comienza en enero de 2023 con la decisión de un juez de La Pampa, Juan José Baric, de suspender a las autoridades gremiales y designar como administrador a Néstor Acuña. Al año, el mismo juez dio por terminada la participación de Acuña.
Pero en agosto de 2024, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud, nombró como administradora provisoria del gremio a Virginia Montero.
El Gobierno blindó esa decisión días después con un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el entonces ministro de Salud, Mario Russo. En el texto se señalaba infracciones e incumplimientos por parte de la obra social, además de una mala administración del auxilio financiero que le brindó al gremio el Gobierno de Alberto Fernández, encabezado en aquel entonces por Sergio Massa: fue una ayuda de 3 mil millones de pesos, que llegó al sindicato en agosto de 2023, en la recta final rumbo a las elecciones presidenciales.
Aunque más tarde sería revalidado por la Cámara de Bahía Blanca, el decreto del Gobierno fue suspendido por el juzgado de La Pampa que había dado por terminada la intervención.
Sin embargo, dos meses más tarde, en una causa paralela que tramitaba en el juzgado federal de Lomas por la denuncia de un dirigente opositor a Voytenco, el juez Villena desplazó una vez más al directorio de la obra social y le ordenó a la Superintendencia que llevara a cabo las “acciones necesarias” para garantizar el funcionamiento y la continuidad del servicio.
Tras el fallo de Villena, el Gobierno volvió a poner en funciones a Montero, con las mismas facultades que le había asignado el suspendido decreto.
La resolución de Villena que posibilitó la restitución de Montero es la que fue revertida el miércoles por Casanello. En su fallo, el juez de Comodoro Py resaltó que los sindicatos y sus obras sociales gozan de una especial protección y que la idea de un presunto lavado dentro del sindicato no pasó de ser una mera hipótesis, según reveló un informe de inteligencia elaborado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Casanello sostuvo, además, que la propia Superintendencia de Salud señaló en su informe que había sacado al gremio de su “situación crítica”.
“Al día de hoy no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio de la obra social y su consecuente intervención, por lo cual se dejará sin efecto. Misma suerte alcanzará el congelamiento de las cuentas bancarias de Voytenco”, dijo el juez.
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