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Hacer justicia a cualquier precio
Una vez más tenemos la sensación de que la Argentina hace justicia a cualquier precio y de que la justicia se construye arrasando el derecho.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión de un juez de discutir un indulto presidencial es discutible.
Pero todo indica que el fallo que hoy dictaría el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, al igual que el proyecto del Congreso de impulsar la nulidad de los indultos, por mejor intencionados que sean, responden más a tiempos y circunstancias políticas que a razonamientos jurídicos.
En un Estado de Derecho, ¿la política no debe estar acaso subordinada al Derecho?
Veamos, primero, el debate.
"La atribución de disponer un indulto es privativa del Presidente y el Poder Judicial no puede inmiscuirse en esa esfera", explica el constitucionalista Jorge Vanossi. Cuando lo dicta, tiene en cuenta especiales circunstancias políticas, la necesidad de pacificar a un país, que sólo él puede merituar. ¿Y si esas circunstancias de extrema gravedad, en realidad, no existían? No importa, el indulto es una decisión política.
Hace once años, la Corte, en el caso Daleo, decidió que Carlos Menem podía incluso indultar a procesados, a pesar de que la Constitución sólo autoriza al Presidente a indultar a condenados. Ya había existido, en la historia, algún precedente similar.
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Desde un punto de vista opuesto al de Vanossi, Sabsay opina que "la Corte que convivió con Carlos Menem no era independiente y ese fallo fue una muestra de eso. Además, si los delitos no son amnistiables ni indultables, el Ejecutivo no podía dictar los indultos".
En la misma línea de Daniel Sabsay, hay que reconocer que un argumento en particular tiene peso.
El juez echará mano del mismo: hoy seguramente dirá que si los delitos cometidos por Suárez Mason y por otros militares son imprescriptibles, mal pudieron ser indultados. Es decir, Menem, cuando dictó los decretos de indultó, se excedió.
Esta discusión se plantea porque en 1994 se incorporaron en la Constitución varios tratados con la misma jerarquía que aquélla y la invocación de esos convenios permitiría llegar a la conclusión de que los delitos de lesa humanidad no son indultables. Sin embargo, las cosas no son tan claras como pretenden las organizaciones de izquierda y muchos jueces.
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Aun cuando las personas indultadas fuesen la personificación misma del mal, desconocer los indultos que los beneficiaron hará que ellas vuelvan a ser juzgadas. Entonces, se pregunta el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, "¿qué hacemos con un principio fundamental del derecho penal liberal, que también está en la Constitución, que prohíbe juzgar a una persona, dos veces, por el mismo hecho?".
El fallo que se dictará hoy llegará en poco tiempo a estudio de la Corte, donde entrará en la lista de espera.
Hace más de quince años, la Corte se pronunció por la validez de las leyes del perdón y, ahora, prepara un fallo que las invalidará.
Asimismo, la Corte tiene en estudio una causa sobre la ley que en septiembre último declaró la nulidad retroactiva de las leyes de amnistía. El tribunal, claro está, tiene que hacer malabares para poder respaldar esa norma, que el Congreso dictó ejerciendo una atribución que la Constitución no le otorga. Y, ahora, se sumará el debate por los indultos.
Los motivos para querer juzgar nuevamente a los militares pueden ser buenos, tan buenos como juzgar a los terroristas de los atentados del 11 de septiembre o del 11 de marzo.
Pero hay que preguntarse si vale la pena hacerlo a costo de arrasar con todas las garantías de la libertad y del Derecho. Quizás, algún día, en circunstancias distintas, nos arrepentiremos de haberlo hecho. No será la primera vez que nos ocurra.
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