¿Hacia dónde va el Gobierno?: los proyectos que impulsará el Frente de Todos tras las elecciones

Más estatismo en lo económico, menos equilibrio en lo político. Así perfila el Frente de Todos la segunda mitad de su período de gobierno, a juzgar por los proyectos que buscará convertir en ley en caso de que logre “construir mayorías” en el Congreso a partir de las elecciones legislativas. La hoja de ruta de la coalición gubernamental también bosqueja una puja interna de liderazgos, en la que no se descarta un reemplazo de Alberto Fernández hacia 2023.

El acto del último miércoles en La Plata fue revelador, porque las principales figuras del Frente de Todos pusieron el foco en las iniciativas que les interesa impulsar. El paquete legislativo incluye la renegociación de la deuda con el FMI; la reforma del sistema de salud; un cambio a la ley de coparticipación para incrementar los fondos que recibe la provincia de Buenos Aires -¿Y volver a bajar los de la Ciudad?-; también la declaración de internet como “servicio público”.

El silencio programático de los dos principales candidatos del oficialismo en la Provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, contrasta con el anticipo de proyectos por parte de dirigentes de peso como el jefe del bloque de diputados, Máximo Kirchner, quien buscará activar la iniciativa conocida como “ley de envasado”, que modificaría la forma en que las empresas producen los envoltorios de sus productos, con una mirada más ecológica.

El proyecto, al igual que el de “etiquetado frontal” –que establece la obligatoriedad de brindar información nutricional a los consumidores- genera resistencias en la industria de la alimentación y divide a los diputados de la bancada oficialista. La iniciativa implicaría que los productores deberán hacerse cargo de la gestión de los residuos, lo que podría subir los costos. La “agenda verde” del FdT incluye una revisión de los métodos de producción.

En materia económica, el punto de partida para la “reactivación” –de la que se habló ayer en el gabinete- será el acuerdo poselectoral con el Fondo. Sergio Massa, el tercer integrante de la mesa chica de la coalición de gobierno, anticipó que el Congreso debatirá “cómo negociar” con el FMI. El titular de la Cámara de Diputados se alineó con la idea de Cristina Kirchner de reclamar al organismo un plazo de 20 años para estirar los vencimientos de la deuda.

“¿Qué van a votar en el Congreso cuando tengamos que discutir cómo negociar con el FMI?”, lanzó Massa hacia Juntos por el Cambio desde el estadio único platense. El trasfondo de esa pregunta se basa en la pretensión del Gobierno de que el Fondo inaugure un tercer programa –específico para la Argentina- que supere a los dos vigentes en la actualidad (el “stand by” y el acuerdo de facilidades extendidas), que tienen 10 años como plazo máximo de repago.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mencionó a su vez otro proyecto que originalmente anunció Cristina: la reforma del sistema de salud. “Se trata de una coordinación, no de estatizar”, aclaró el mandatario provincial, luego de que los actores privados del sistema sanitario advirtieran que pueden verse perjudicados por la iniciativa. El vocero del proyecto en la Cámara baja será el exministro Gollán, pudo saber LA NACION de fuentes partidarias.

También desde La Plata, Kicillof planteó una posible reforma a la ley de coparticipación federal de impuestos, dado que la provincia de Buenos Aires “tiene el 38% de la población del país y recibe solo el 21% de los recursos”. El gobernador bonaerense hizo una comparación que podría anticipar de dónde saldrían las partidas para equilibrar esa situación: “En 2019, la ciudad de Buenos Aires recibió casi tres veces más, per cápita, que la Provincia”, aseguró.

A nadie escapa que la ciudad capital es el principal distrito que controla la oposición. Tampoco pasó inadvertido en el estadio Diego Armando Maradona que el presidente Fernández renovó allí su intención de declarar a internet como “servicio público”, algo que ya hizo por decreto pero que fue judicializado por las empresas proveedoras y por eso el FdT buscará reforzarlo con una ley. El senador oficialista Alfredo Luenzo ya presentó un proyecto en ese sentido.

La iniciativa alcanza a los proveedores de internet, telefonía y televisión paga, a los que declara como “servicios públicos esenciales”, más allá de la pandemia de coronavirus. El fondo de la cuestión es si las compañías necesitarán el aval del Enacom –el organismo estatal para el área de las comunicaciones- en caso de que quieran aumentar las tarifas. Justamente, la regulación estatal en la economía es uno de los aspectos que profundizaría el FdT tras las elecciones.

En ese aspecto, la precandidata Tolosa Paz –contadora pública de profesión- se pronunció a favor de la “progresividad impositiva” y disparó una polémica con economistas y referentes de la oposición, que pronosticaron un incremento de la presión tributaria hacia el sector privado. Un antecedente fue el impuesto a las grandes fortunas, contrapesado con la rebaja de Ganancias. En la carpeta del FdT también figura la reducción de la jornada laboral.

En el plano institucional, siguen pendientes de tratamiento en la Cámara de Diputados dos proyectos que generan controversia: las reformas de la Justicia federal y del Ministerio Público Fiscal. El primero fue promovido por el presidente Fernández y el segundo por Cristina desde el Senado, pero ninguno pudo pasar el filtro de la Cámara baja. “Gobernamos con un Congreso en minoría”, definió Massa en La Plata, desde donde buscó rebatir la “idea de la autocracia”.

En el acto de la capital bonaerense resonaron dos frases: “Si el equilibrio político fagocita a la gestión, tenemos un problema”, advirtió Máximo, a modo de cuestionamiento interno. “Esto requiere de muchos períodos de gobierno”, lanzó a su vez Cristina. Ambos serán, junto a Massa, los que controlarán la estrategia legislativa del oficialismo. Según sea el resultado electoral, en el próximo Congreso podría residir el núcleo del poder en la coalición gubernamental.

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