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Hallan archivos de los años del proceso militar
En una bóveda del ex Banco Nacional de Desarrollo se descubrieron centenares de informes de inteligencia sobre personas detenidas u observadas entre 1976 y 1982.
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Una vieja bóveda del desaparecido Banco Nacional de Desarrollo (Banade) mantuvo oculto hasta esta semana un archivo de inteligencia del Ministerio del Interior del último gobierno militar.
El archivo sobrevivió a la destrucción de documentos secretos -ése es el carácter de la mayoría- que hicieron los militares al final del Proceso, a pesar de que muchos llevan la recomendación de ser destruidos luego de su lectura.
En la bóveda hay documentos originales sobre represión política interna -informes de inteligencia acerca de personas y organizaciones,expedientes sobre seguimiento ideológico y censura a libros y medios de comunicación-; pedidos de informes y averiguaciones entre fuerzas de inteligencia sobre desaparecidos y presos políticos, y otros papeles internos del Ministerio del Interior de 1976 a 1982, según comprobó La Nación .
El archivo, unas pilas de papeles amarillentos llenos de polvo, estaba amontonado desprolijamente en una estantería metálica en lo que fue la bóveda del Banade, en el segundo piso del edificio de 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, que desde 1992 ocupan dependencias del Ministerio del Interior.
Lo encontró un empleado de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales y Relaciones con la Comunidad, que abrió la pesada doble puerta de hierro de la bóveda con la instrucción de limpiarla para habilitarla como oficina del Instituto Nacional de Capacitación Política (Incap).
El empleado avisó a Lautaro García Batallán, el subsecretario, quien consultó al anterior ocupante de las oficinas, Hernán Corach, hijo del ex ministro del Interior Carlos Corach. El joven, que dirigió el Incap hasta el año último, le dijo que se trataba de papeles viejos, que no sabía qué eran, que se deshiciera de ellos si quería.
García Batallán revisó el archivo -que cubría las paredes hasta el techo- y encontró viejos papeles del Banade, cajas con documentos sobre un plan social ya caduco y, en un rincón oscuro, los archivos de la dictadura. Entremezclados, había documentos de inteligencia de 1984, 1990 y 1992.
La presencia de esos informes recientes -que atraviesan los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem- hace evidente que funcionarios de esas administraciones vieron los papeles del Proceso.
Un empleado de carrera del ministerio explicó a La Nación que el archivo debió llegar a la bóveda en 1992, cuando Interior comenzó a ocupar el edificio que antes era del Banade. ¿Dónde estuvo antes? Los nuevos ocupantes no lo saben.
García Batallán informó ayer sobre su hallazgo a su superior, el ministro del Interior, Federico Storani. "Todo lo que aporte a la verdad y ayude a no perder la memoria sirve para consolidar la democracia", dijo el subsecretario a La Nación .
Prolijos informes
La mayoría de los informes son originales o copias escritas a máquina con papel carbónico, con sellos y firmas en birome azul. Muchos contienen anotaciones al margen: junto al nombre de Miguel Angel Defilippiz, por ejemplo, un detenido sobre el que la Cruz Roja Internacional pedía informes, un lápiz negro anotó: "No PEN". Junto a una lista de "expulsados no salidos al 23-04-79", más anotaciones manuscritas. Junto a una lista de "solicitud de salidas del país", garabatos con el destino: "España", "Suecia"...
El archivo perteneció a la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior. El grueso de los papeles es de la gestión del entonces coronel (RE) José Ruiz Palacios y de funcionarios inferiores. Hay, también, documentos firmados por el ministro del Interior Albano Harguindeguy y por asesores presidenciales.
Hay una carta de Ruiz Palacios a los gobernadores, en junio de 1979, ordenándoles combatir la "campaña de desprestigio" que realizaba la Comisión de Desaparecidos y Detenidos por Causas Políticas, que reclamaban por los desaparecidos y presos. Pedía a los gobernadores "no actuar directamente contra los familiares (...). La acción permanente a llevar a cabo será en forma indirecta, de modo que no pueda dar lugar para que expresen que se actúa contra los mismos, ya sea cuando realizan conferencias, reuniones, misas, comidas, o cualquier otro modo de comunicación".
Hay un informe de inteligencia del 21 de junio de 1976, "estrictamente secreto y confidencial", elevado a Harguindeguy con copia al presidente JorgeRafael Videla, sobre una conversación telefónica entre el presidente del Uruguay y su embajador en la Argentina.
Habían conversado sobre la visita a Buenos Aires de abogados del Movimiento Internacional de Juristas Católicos y de la Comisión Internacional por los Derechos del Hombre. Llegaban para averiguar sobre presos políticos. Demicheli ordenó a su embajador "no proporcionar absolutamente nada" a los abogados.
Hay un expediente "estrictamente confidencial" de 1982 sobre la hermana Martha Pelloni, en el que la Dirección General de Seguridad Interior informó que el 15 de abril, la religiosa, entonces rectora de un colegio de Corrientes, en una clase de educación cívica a alumnos de 4º y 5º año, había dicho sobre la Guerra de Malvinas, que recién empezaba:"Que no ha sido digno que se invadieran las islas de noche, sin avisar a los ingleses, como ladrones, sin ofrecer una lucha franca". El expediente recomendaba "aconsejar" al colegio "la separación de la rectora Pelloni".
Hay una carta del Comité Internacional de la Cruz Roja al director general de Seguridad Interior, coronel Miguel San Román, del 7 de septiembre de 1979, en la que el jefe regional Raymond Chevalley se comprometió a no tener contacto con la comisión de derechos humanos de la OEA que llegaba al país. "Comprendo su preocupación por evitar cualquier manifestación de tipo político en la cual podríamos estar involuntariamente involucrados", decía la carta.
El archivo contiene innumerables cartas posteriores de la Cruz Roja con pedidos por presos y desaparecidos y con reclamos por mejores condiciones en las cárceles. Uno de los expedientes contiene una pila de fichas de presos sobre los que pedía la Cruz Roja. Las fichas tienen anotaciones manuscritas sobre sus estados procesales y el "grupo" en el que estaban clasificados: "posiblemente adaptable", "indefinido" y "resistente".
Pero lo más importante que surgió de la vieja bóveda es su valor como prueba de que archivos de la represión de la última dictadura militar pueden sobrevivir dos décadas en rincones abandonados de la burocracia estatal.
La perduración de los viejos métodos
Documentos de inteligencia de los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem aparecieron revueltos con el archivo de la dictadura militar descubierto en el Ministerio del Interior.
Los informes muestran que algunas costumbres sobrevivieron al cambio político:un expediente marcado como "Ctera"en cartulina verde contiene un seguimiento de inteligencia al gremio de maestros en 1990, siete años después del final de la dictadura.
El informe lleva en cada página un sello alarmista:"Luego de su lectura, destruir el presente". Otro sello consigna: "Copias elevadas al Ministerio del Interior". Comienza con un informe sobre el XXIII Congreso de Ctera, en el que se resolvió iniciar movilizaciones y paros. Continúa con una crónica detallada, con pequeñas fotos en blanco y negro, de una marcha de Ctera: detalles de las leyendas en los carteles, el discurso de los dirigentes gremiales, la lista de los asistentes. "No se vislumbra un canal de solución para el conflicto de marras", concluye.
La Ferrari
En su habitual análisis de los medios, la subsecretaría A de la Secretaría de Inteligencia del Estado analizó, el 30 de noviembre de 1990, el espacio dedicado por los diarios y las radios al escándalo que siguió a la revelación de que Menem había recibido una Ferrari de regalo.
"En la fecha, Página/12 incorporó una nueva pieza a su operatoria previa sobre la Ferrari, potenciando un reportaje al titular de la Ducati..."
En 1984, las preocupaciones eran distintas. La Dirección de Antecedentes de la SIDE pedía antecedentes de presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo (presos en los 70) al subdirector general de Seguridad Interior. Las respuestas incluían la advertencia:"No hay más antecedentes que unos pocos porque por disposición del PEN 2726/83 todos los antecedentes de las personas a disposición del PEN fueron dados de baja".
