Hay clima en Diputados para aprobar la ley Bases, pero los dialoguistas pedirán más cambios

El clima político cambió y, sobre todo, el trato. De la soberbia de enero pasado, cuando el Gobierno pretendió –sin éxito- que el Congreso aprobara en un fast track el proyecto de Ley de Bases solo porque Javier Milei acababa de ganar las elecciones el Gobierno pasó, tres meses después y obligado a no incurrir en un nuevo fracaso, a exhibir una actitud abierta al diálogo.

Esta metamorfosis permitió avances en el pulido fino de la nueva versión de la Ley de Bases y de las reformas fiscales y si bien oficialistas y opositores acercaron posiciones, persisten puntos conflictivos que abren un signo de interrogación sobre la discusión en particular de algunos artículos. Es el mismo escollo con que se topó la Ley de Bases original; ésta terminó en un naufragio. El Gobierno no tiene margen político para un nuevo fracaso –aunque diga lo contrario está forzado a dar muestras de gobernabilidad- y la oposición dialoguista, presionada por la imagen positiva que aún goza Milei, anticipó que le dará las herramientas legislativas que necesita, aunque pugnará por incorporar más cambios a demanda de su electorado.

Cuán flexibles se muestren unos y otros en la negociación de la letra chica se evidenciará cuando oficialistas y opositores arranquen el debate esta semana en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. En minoría, los bloques de La Libertad Avanza y Pro no tienen mayoría para imponer los textos sin modificaciones; ello explica los acercamientos de la Casa Rosada con algunos gobernadores peronistas del Norte para quebrar el bloque de Unión por la Patria y sumar votos a su redil, sobre todo en el Senado, el reducto más hostil. Las concesiones allí, cualesquiera fuesen, tampoco serán gratuitas.

Todo indica entonces que si bien las iniciativas serán aprobadas en general, sufrirán modificaciones. El interrogante es el tenor de esas eventuales concesiones y qué impacto podrían tener en las arcas fiscales que el ministro Luis Caputo cuida con celo. Pero el interrogante mayor es qué tolerancia tendrá Milei a las demandas de una oposición a la que ningunea.

“Si fuera por Milei no le votaríamos un solo artículo, pero los negociadores del Gobierno lograron que podamos disociar entre el “loco” y los funcionarios que muestra una actitud dialoguista para llevar adelante la gestión –grafica un experimentado diputado opositor que participó en todas las rondas de diálogo con Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, y Guillermo Francos, ministro del Interior, en la Casa Rosada-. Al negociar en tandas con cada bloque y, por cuerda separada, con los gobernadores, lograron quebrar el frente opositor que en enero estaba unido, justamente para resistir los embates del ‘loco’”.

“Hay predisposición de los bloques dialoguistas y de los gobernadores para que las leyes salgan, el interrogante es cómo van a salir”, agrega otro legislador del palo.

Beneficios para las grandes empresas

Sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal observan con inquietud que el sesgo que predomina en la Ley de Bases como en algunos capítulos del paquete fiscal es a favor de grandes inversores y empresas con generosos beneficios fiscales. Para balancear, el radicalismo aportó su proyecto de reforma laboral para motorizar el empleo en el sector de las pequeñas y medianas empresas –que se sería incluido en el debate-, pero tanto ese bloque como Hacemos Coalición Federal advierten que aún debería hacerse más.

Por caso, el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en la Ley de Bases, solo admitirá proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios: una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.

“Acá lo que hace falta es el RIPI: un régimen de inversión para las pequeñas y medianas empresas”, ironiza Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal. Para ello sería necesario acomodar los requisitos para el ingreso de este sector; por caso, desde el sector agropecuario–que conformó un frente legislativo- hizo llegar propuestas elaboradas por la fundación Barbechando para que pequeñas y medianas empresas de origen agroindustrial sean también sean contempladas en estos beneficios.

Otro punto que, a juicio de los opositores, es demasiado concesivo para las grandes empresas y contribuyentes es el régimen de Bienes Perosnales que le permite al contribuyente adherido adelantar el pago del impuesto este año a tasa reducida por los períodos fiscales 2023-2027 por los bienes registrados hasta el último día de 2023. El pago inicial no podrá ser inferior al 75% del total, con tasas que van del 0,5% al 0,75% (en la actualidad es del 2,25%). Los contribuyentes que opten por este régimen gozarán de estabilidad fiscal por 14 años, hasta 2038,

Otros temas sobre los que aún no hay acuerdo son los siguientes:

• Tabaco. El Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas grandes del rubro como Tabacalera Sarandí. Habrá voces que reclamarán que sea reincorporado.
• Ganancias. Se propone la restitución del impuesto para la cuarta categoría con un mínimo no imponible de $1.800.000 para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de $2.200.000 pesos. Los legisladores, incluso de Pro, cuestionarán que la actualización de este impuesto sea anual (exigirán que sea al menos trimestral).
• Facultades delegadas: a lo largo del articulado se proponen diversas delegaciones legislativas pero la que más irrita es la contenida en el artículo 70 que faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.
• Fondos Fiduciarios: se faculta al Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios y que los recursos correspondientes se giren al Tesoro, aunque aclaró que, en ese caso, el Gobierno debe “garantizar a los beneficiarios (de los fondos fiduciarios) los mismos recursos” y “respetar las correspondientes asignaciones específicas”. Massot propondrá que, en caso de disolución de un fondo, los recursos provenientes de asignaciones específicas vuelvan a la masa coparticipable.