Historia de un vendedor de humo

No pagaba impuestos porque decía que su pyme no podía competir con las grandes empresas internacionales. Nadie imaginó nunca un argumento más insustancial que ese. Sin embargo, sorprendentes pases de magia le permitieron conseguir cautelares judiciales para seguir vendiendo sus productos sin rendirle cuentas al Estado. Hasta el propio presidente Javier Milei dijo en su momento: “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos, como el ‘Señor del Tabaco’, que hacen lobby para defender sus intereses”. Perdió: el Congreso no aprobó una ley que lo hubiera obligado a ese señor a pagar impuestos. El Presidente culpó luego a “la casta, gobernadores, opositores y empresarios”. Debió dar nombres, que es siempre la gran ausencia en las denuncias de Milei.

El conflicto consistía en que el empresario vendía cigarrillos sin cobrar casi el 80 por ciento de impuestos que conlleva el precio de ese producto para luchar contra la adicción al tabaco. Nadie sabe si en realidad el precio de sus cigarrillos era apenas el 20 por ciento de las marcas tradicionales o era mucho mayor, pero lo cierto es que su empresa, Tabacalera Sarandí, pasó en muy poco tiempo de tener el 5,6 por ciento del mercado argentino de cigarrillos a controlar el 38,4 por ciento. Es un relevamiento que hizo la consultora Abeceb, que lidera el economista Dante Sica, exministro de Mauricio Macri. Se necesita un arte muy particular para dar semejante salto mortal.

El sujeto se llama Pablo Otero, el Señor del Tabaco, y cultiva un bajísimo perfil. En agosto del año pasado perdió su última batalla judicial por evasión de impuestos. La Corte Suprema de Justica decidió entonces, por unanimidad, que Otero debía pagarle al Estado unos 1000 millones de dólares por impuestos que no tributaba desde 2018. Con todo, aquel informe de la consultora de Sica asegura que la evasión impositiva de Otero y de otras pymes tabacaleras generó una “pérdida acumulada (para el fisco) de 5823 millones de dólares entre 2018 y 2023”. Otero se defendió señalando que las sucesivas crisis económicas habían obligado a la gente que fuma a optar por las segundas marcas, como la suya, porque son más baratas. ¿Es solo eso? ¿No son también más baratas porque sus cigarrillos no pagan los impuestos correspondientes? La Corte Suprema desestimó ese argumento.

Ahora, Otero está cerca de volver a ser revisado por el máximo tribunal de justicia del país, en este caso por lavado de dinero. La Corte intervino por la evasión de impuestos después de que Otero retozara durante mucho tiempo entre cautelares de la Justicia que lo beneficiaban. El riguroso periodista Alejandro Alfie escribió sobre “el proverbial poder de lobby (de Otero), que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática”. Alfie consignó que una fuente especializada le dijo que “Otero se benefició de una mafia de políticos, jueces, espías, periodistas y medios. ¿Cuántas notas viste publicadas sobre este tema, que generó una evasión de 1000 millones de dólares?”, le subrayaron. Pocas, en verdad.

Otero se escuda en el nacionalismo empresario y las acusa a las grandes compañías internacionales, como Philip Morris o British American Tobacco Argentina, de hacer lobby en su contra. La treta chocó con lo probable: la Corte Suprema resolvió que debía cobrar y pagar los mismos impuestos que cobran y pagan todos los cigarrillos, los fabrique quien los fabrique.

El beneficio de sucesivas cautelares que la Justicia le concedió a Otero durante varios años iba, además, contra la corriente impositiva del mundo, que aumenta los gravámenes que deben pagar los adictos al tabaco para desalentar la compra de cigarrillos. Un fumador debe ser un hombre rico en Gran Bretaña, por ejemplo, donde un paquete de cigarrillos cuesta entre 15 y 20 dólares. Para peor, Otero argumentaba que las empresas internacionales radicadas en la Argentina importaban la materia prima, el tabaco, pero la Justicia comprobó que él hacía lo mismo.

El caso del lavado de dinero comenzó, según el periodista Hugo Alconada Mon, cuando la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el organismo encargado de pesquisar el lavado de activos, alertó a la justicia federal de que la fortuna de Otero es producto de la “recurrente y sistemática evasión de impuestos” y que también es “sospechosa”. La UIF señaló que su origen “podría ser ilícito”. En efecto, la ARCA (ex-Afip) denunció que Otero usaba una “usina de facturas truchas” para blanquear dinero.

El caso de lavado cayó en manos de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Taiano. El fiscal decidió en un tiempo fugaz que no había pruebas para acusar a Otero de lavado, pero la jueza Servini rechazó ese dictamen de Taiano. El fiscal apeló el rechazo de la magistrada ante la Cámara Federal, donde la ARCA le reprochó a Taiano que ni siquiera había pedido la opinión de la Unidad de Investigaciones Financieras. “En esos casos, es mejor impulsar la denuncia y luego se verá”, opinó otro fiscal en disidencia con lo que hizo Taiano.

Sin embargo, la Cámara Federal le dio la razón a Taiano y confirmó el archivo de la causa por lavado de dinero contra Otero. La resolución de esa Cámara volvió a ser apelada ante la Cámara de Casación, la máxima instancia penal, porque el lavado de dinero es un delito federal. Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, ratificó la decisión de archivar la causa por falta de pruebas, pero hizo algo más: apartó al ARCA como querellante de la causa, y esa resolución le impide a la agencia impositiva la posibilidad de apelar los dictamines judiciales. Los jueces de Casación explicaron que “es difícil avanzar en una investigación cuando el primer fiscal renunció a la investigación”. El primer fiscal, en síntesis, es el responsable de que una causa avance o desaparezca olvidada en el tiempo o en los archivos. Taiano, en este caso.

La causa sobre supuesto lavado de dinero de Otero está ahora en un laberinto de papeleríos tribunalicios. La ARCA apeló ante la Casación que la hayan apartado como querellante, porque no le encuentra una explicación razonable para que la dejaran fuera de una causa que ese organismo inició con la denuncia de evasión impositiva de Otero, denuncia que prosperó y ganó en la Corte Suprema. Es probable que Casación ratifique su decisión de apartar al ARCA de la persecución a Otero por lavado de dinero porque, aducen, demoró su apelación, aunque no violó ningún plazo judicial.

En la Casación aceptaron también que la ARCA podrá recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya el clima contra Otero es otro. De hecho, es ahí donde tropezó con su primera gran derrota y fue condenado a pagar una muy alta cifra millonaria en dólares, con pocos antecedentes de esa magnitud en el país. Una resolución de la Corte Suprema sobre el delito de lavado de dinero por parte de Otero es fácilmente predecible.

En Mar del Plata, duerme también otra causa contra Otero por falsificación de estampillas. El expediente refiere al estampillado de la actual ARCA (de la AFIP antes) que llevan los paquetes de cigarrillos; Tabacalera Sarandí habría vendido tabaco con estampillas apócrifas. Hasta la Casa de la Moneda confirmó ante la Justicia que el estampillado que revisó en los cigarrillos de Otero eran falsos. No obstante, de esa causa por falsificación no se supo mucho más en los últimos meses, aunque es también un delito penal. Nadie sabe si el expediente está siendo investigado o duerme en algún cajón donde van a parar los papeles inútiles (o incómodos).

La Argentina firmó en 2003, hace 23 años, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización Mundial de la Salud. Pero los lobistas de la industria tabacalera lograron que la Argentina sea el único país de la región que todavía no puede tener la necesaria ratificación legislativa. Ese acuerdo se propone mitigar el impacto del tabaquismo en la sociedad. Senadores y diputados están –y estuvieron– mirando alguna otra cosa. La situación empeoró ahora porque Javier Milei decidió retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud; es lo que mismo que había hecho antes su admirado Donald Trump con los Estados Unidos. Por lo tanto, ya no existe el compromiso de ratificar ese tratado importante para la salud pública.

Si Sica tiene razón y se evadieron casi 6000 millones de dólares en cinco años, entre varias pymes fabricantes de cigarrillos, estaríamos ante un claro caso de injusticia social. Algunos pudieron evitar un enorme pago de impuestos en uno de los países con mayor carga impositiva del mundo, como es la Argentina. Esos son solo ciertos bocetos de los manejos de la Justicia que no se observan ni se analizan cuando Milei parece dispuesto a perseverar con Manuel Adorni hasta que la platea se canse. También la platea se puede cansar de él. Tal vez Otero vuelva a ser noticia cuando pasen el ruido, la furia y la polvareda del presente.

Por Joaquín Morales Solá

• Tabaquismo
• Evasión
• Lavado de activos

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