IBM: intentarán aprobar hoy en Diputados el reclamo a EE. UU.

En una decisión inusual en las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, ministros del Gobierno y diputados del PJ acordaron ayer un proyecto de declaración que exige a la justicia norteamericana que colabore con el esclarecimiento del escándalo que originaron las contrataciones supuestamente irregulares entre la empresa IBM y el Estado argentino.

La iniciativa que el oficialismo intentará aprobar hoy en la sesión de la Cámara de Diputados contempla a la vez una queja formal del Gobierno al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su "conducta dilatoria" para responder a los exhortos elevados por los jueces Carlos Liporaci (a cargo de la causa IBM-DGI) y Adolfo Bagnasco (IBM-Banco Nación). Ambos magistrados solicitaron, en más de una oportunidad, el pedido de indagatoria a cuatro directivos de la casa matriz de la empresa informática transnacional.

La decisión de emitir el proyecto de declaración fue resuelta tras una reunión de la comisión parlamentaria investigadora del affaire de IBM y el Estado. De ella participaron el canciller Guido Di Tella; el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo; el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra; el embajador argentino en Washington, Diego Guelar; los jueces Liporaci y Bagnasco, y los legisladores del oficialismo y de la oposición que integran la comisión.

La Justicia libró, finalmente, el pedido de captura y de extradición de los ex directivos de IBM Steve Lew, Robeli Libero, Marcio Kaiser y Peter Rowley para que aporten datos relacionados con el presunto pago de coimas o, al menos, con los contratos supuestamente irregulares realizados con IBM. Los jueces presumen que los mencionados ex directivos estaban al tanto de las contrataciones que habrían derivado en una millonaria estafa al Estado.

En todo momento, el Departamento de Justicia de los EE.UU., amparándose en el Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales suscripto entre Washington y Buenos Aires en 1990, fue reticente a responder los exhortos judiciales argentinos.

Es que ese tratado contempla la extradición de ciudadanos sólo en aquellos casos en que éstos tengan una sentencia firme. Pero no es el caso de los ex directivos de la casa matriz de IBM, de manera que ni Liporaci ni Bagnasco podrían citarlos a prestar declaración alguna.

Al mismo tiempo, fuentes de la embajada norteamericana se preguntan por qué Bagnasco reclama a EE. UU. la citación de los cuatro ex funcionarios de IBM cuando sólo uno de ellos es de esa nacionalidad. El comentario alude a que si los restantes son dos brasileños y uno australiano, el magistrado debiera formular el pedido a los países respectivos.

Críticas al Ejecutivo

Durante la reunión con los ministros, el diputado Horacio Viqueira (Frepaso-Córdoba), si bien avaló la decisión de exigir colaboración a la Justicia norteamericana, también criticó la actitud del Poder Ejecutivo que, a su juicio, se mostró reticente a responder a un exhorto de EE. UU., formulado en 1996.

En este pedido, referido a presuntas irregularidades cometidas en la casa matriz de IBM, se solicitaba la indagatoria, entre otros, del actual secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, y de los hermanos Juan Carlos y Marcelo Cattáneo (vinculados con las empresas CCR y Consad, subcontratista de IBM).

Desde el Gobierno, insistió Viqueira, no hubo respuesta. Al mismo tiempo, el legislador recordó que en 1996 el Senado aprobó un proyecto del senador Leopoldo Moreau (UCR-Buenos Aires), para que la Cancillería elevara una protesta formal al gobierno norteamericano respecto de un pedido de Bagnasco, que no había sido respondido. Según Viqueira, el Poder Ejecutivo tampoco cumplió con lo dispuesto por la Cámara alta.

Por su parte, el diputado Carlos Soria (PJ-Río Negro) adelantó ayer que el Ministerio de Justicia se encargará de elaborar una iniciativa legislativa tendiente a modificar el Código de Procedimiento Penal para que el sólo hecho de exigir una indagatoria a un ciudadano extranjero signifique un auto de procesamiento. Esto sería una forma diplomática de evitar una reforma al tratado internacional suscripto.

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