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Odebrecht: identifican a dos destinatarios argentinos
La División Sobornos de Odebrecht transfirió al menos US$760.000 a la sociedad uruguaya Atiwer Corporation SA para cubrir gastos en la Argentina que identificó como "de mercado" y que aprobó su entonces número uno en el país, Flavio Bento e Faría, según surge del análisis de los documentos de la división de Operaciones Estructuradas a los que accedió el ICIJ.
Los ejecutivos de Odebrecht involucrados en esas transacciones ilegales identificaron al receptor de los US$760.000 bajo el apodo de Leao -León, en portugués-, quien los recibió entre mayo y septiembre de 2014 de dos firmas offshore que participaron en otras operaciones delictivas, Klienfeld Services y Velocius. ¿Quién es Leao? No surge de los documentos, aunque un informe que la filial uruguaya del Banco Itaú remitió al Banco Central de ese país identificó al argentino Javier Matteoli, del sector de las agencias de turismo, como el beneficiario final de una cuenta abierta a nombre de Atiwer Corporation en Montevideo.
Consultado, Matteoli procuró desligarse de Atiwer. "Es una sociedad vieja que yo no manejé. No tengo nada que ver con ella y creo que ahora no está activa. Los que la manejaban eran Abel y Karina Tchobanian. Me peleé con ellos porque me estafaron y no tengo nada que ver con Odebrecht" (LA NACION y Perfil intentaron contactar a los Tchobanian, tanto en la Argentina como en México, pero no fue posible al cierre de esta edición).
Los documentos muestran que otra sociedad, Fortune Active, recibió al menos US$1,6 millones vinculados a los proyectos de extensión de las redes troncales de gasoductos en la Argentina y al Gasoducto del Sur en Perú. Con una cuenta bancaria también operativa en el Banco Itaú de Uruguay, esa entidad le informó al Banco Central de ese país que el beneficiario final de esa cuenta era el exejecutivo argentino de Odebrecht Daniel Díaz.
Díaz confirmó que es el dueño de Fortune Active y que la creó en la Islas Vírgenes Británicas para recibir su bono de retiro como director de "desarrollo de negocios". Admitió que los fondos que recibió no estaban declarados y negó cualquier vinculación con pagos de sobornos. Explicó que en 2014 pidió la residencia fiscal en Uruguay, lo que no ocurrió, por lo que se adhirió al blanqueo, lo que sustentó con copias de declaraciones juradas ante la AFIP y del blanqueo.
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