Indagarán a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito

El juez federal Juan José Galeano citaría a la titular de la Secretaría de Recursos Naturales, ingeniera María Julia Alsogaray, a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito.

En tanto, ayer fue indagada durante varias horas por el juez penal económico Guillermo Tiscornia, por el delito de evasión tributaria.

La funcionaria, que ocupa cargos públicos desde hace catorce años y que fue firmemente defendida por el presidente Carlos Menem cada vez que quedó involucrada en un escándalo, según una fuente debería regresar a los Tribunales de Comodoro Py 2002 en las próximas semanas.

Si bien Galeano, que investiga la causa con la participación de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, aún no le puso fecha a la indagatoria, informantes que conocen la evolución del sumario estiman que no tardaría en hacerlo.

Los riesgos de que Alsogaray sea interrogada aumentaron hace ocho días, cuando tres peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia se presentaron al mediodía en el juzgado a cargo de Galeano y le entregaron el resultado del estudio que hicieron sobre el crecimiento del patrimonio de la secretaria.

La causa contrala ex interventora en Entel, a quien señalan desde la Alianza como uno de los símbolos de la era menemista, se inició en 1993, con la denuncia que presentó un militante radical en Mar del Plata.

El sumario, que fue girado casi inmediatamente al juez Galeano -que cobró notoriedad por su actuación en el caso AMIA-, sin embargo sólo cobró un fuerte impulso a fines del año último, cuando los fiscales Mullen y Barbaccia pidieron al magistrado que cite a indagatoria a la funcionaria.

Ahora, en el ocaso de la era menemista, Alsogaray corre el riesgo de convertirse en una de las más frecuentes visitantes de Tribunales, donde tiene pendiente más de 20 causas judiciales.

Los fiscales, a quienes Alsogaray pretende sacarse del medio mediante un planteo de recusación -los acusa de filtrar información a la prensa-, no comprenden cómo ella, que gana 3000 pesos por mes, pudo acumular un patrimonio que, por lo menos, sería de dos millones de dólares.

Alsogaray sería propietaria de un dúplex en el complejo neoyorquino Essex House, frente al Central Park y que compró por medio de la firma Purple Cross Corp., con sede en las islas Vírgenes. Los fiscales creen que, incluso, ella denunció haber pagado un precio menor al real, por lo cual le pidieron al juez que profundice esa pista.

Además, tendría varias propiedades en Barrio Norte y Recoleta; acciones en cuatro sociedades -Cadesym SA, Safip, Pincar SA y Guandacay SA- que no tendrían movimiento suficiente como para justificar su incremento patrimonial, y varios automóviles y objetos de valor.

Pero uno de los puntos más débiles que detectaron los fiscales a Alsogaray fue el pago de 500.000 dólares que le hizo, en 1991, Astilleros Alianza, propiedad de un amigo personal de Menem.

La ingeniera sostiene que cobró esa suma por servicios prestados, pero nunca habría podido verdaderamente justificarlos.

Por su parte, el titular de la empresa, que está en quiebra, afirmó ante el juez que ese dinero lo consiguió por medio de un préstamo que pidió a una sociedad offshore, para evitar que fuese atraído por la masa de acreedores de la quiebra. Pero lo cierto es que los fiscales, que rastrearon los movimientos bancarios de los astilleros, nunca encontraron el camino por el que ingresó aquella suma.

Ayer, la funcionaria sostuvo ante Tiscornia que no evadió al fisco, pues fue su contador quien no depositó ante la DGI las sumas que ella le había entregado. El profesional, incluso, fue procesado por defraudación por el juez federal Jorge Urso.

Pero la causa que siempre más preocupó a la funcionaria es la que instruye Galeano. El año último, apenas los fiscales solicitaron su indagatoria, el presidente Menem, en una reunión de gabinete realizada en noviembre último, hizo público su respaldo e instó a todos los ministros a defenderla.

Un dato indica que algunos ministros comprendieron el mensaje y respetaron la consigna de proteger a la controvertida funcionaria, pues si bien los fiscales dispusieron enviar un exhorto a los Estados Unidos para conseguir datos sobre todos los bienes que ella pudiera poseer, el Gobierno tardó cinco meses en transmitirlo a las autoridades norteamericanas.

Cuando Galeano la citó en marzo último, ésta presentó varios documentos que obligaron al juez a posponer la audiencia y a disponer un peritaje contable, cuyos resultados fueron los que recibió ayer.

Como en el momento de los hechos, el delito de enriquecimiento ilícito tenía prevista una pena de dos a seis años de prisión, es excarcelable. Por eso, todo hace prever que, cuando sea convocada, el juez no ordenará su detención.

De todas maneras, deberá ser convincente en sus explicaciones acerca de cómo adquirió sus bienes. Pesa sobre ella la carga de probar que las operaciones fueron hechas con dinero limpio. De lo contrario, podría terminar procesada.

Por Adrián Ventura

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