Intervención a la fiscalía administrativa

El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dispuso la intervención de la cuestionada Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), a cargo de Néstor Pinzón, y ordenó la realización de una completa auditoría funcional y administrativa.

"Es un organismo completamente paralizado. Así como está, gasta mucho dinero, tiene muchos recursos a su disposición y no hace ni sirve para nada. ¿Usted conoce que la FNIAhaya hecho alguna denuncia ante la Justicia?", dijo Becerra cuando La Nación le preguntó si la intervención se debía a que se habían detectado casos de corrupción.

La FNIA, creada en 1962 con la misión de investigar irregularidades y hechos ilícitos que pudieran cometer el Poder Ejecutivo y los miembros de la administración pública -incluso puede cuestionar a un ministro- durante los últimos quince años fue fuente de escándalos y controversias, tanto por su excesiva presencia o, como ocurrió desde febrero de 1991, fecha en que el presidente Carlos Menem nombró a Pinzón como fiscal general, por su famosa falta de interés en investigar cuestión alguna.

"No hay relación alguna entre la escasa actividad de la Fiscalía y los recursos con que cuenta: el organismo ocupa un edificio de siete pisos, mucho más grande que el que posee la Procuración; tiene un presupuesto de más de tres millones de dólares y 69 empleados; 28 líneas de teléfono, y Pinzón gana más de 9000 pesos por mes. Todo eso para hacer casi nada", aseguró un calificado integrante de la Procuración.

En las próximas horas, los funcionarios de la Procuración, organizados en dos equipos, desembarcarán en el edificio que ocupa la FNIA en Presidente Perón 2455 y comenzarán con los trabajos de la auditoría.

Una vista sobre el pasado

Durante el gobierno radical, la FNIA fue un organismo molesto y quedó atrapada en varios conflictos graves. Quizás el que más consecuencias tuvo para su evolución fue su participación en la investigación de la resolución 830 del Banco Hipotecario, por la que se concedieron a importantes políticos radicales y justicialistas jugosos préstamos que debían devolver en períodos excesivamente largos y a tasas de interés llamativamente bajas.

El entonces fiscal general, Ricardo Molinas, que había sido nombrado por Raúl Alfonsín con acuerdo del Senado, se excusó de intervenir y la pesquisa quedó en manos de los cuatro fiscales adjuntos:Roberto Solá, Horacio Lucano, Ricardo Noailles y Carlos Oliveri. Pronto, todos ellos quedaron tanto en la mira del gobierno radical como de José Luis Manzano, uno de los dirigentes más investigados, ex diputado menemista y ex ministro del Interior.

En 1990, esos cuatro fiscales también decidieron verificar la situación en la que se hallaba el entonces recientemente procesado Horacio Molinas, hijo del fiscal general, que también trabajaba en el organismo. Pero Molinas intentó impedir la investigación y pidió el sumario de los fiscales.

Ambos problemas fueron aprovechados por la administración Menem, que trató de capitalizar el apoyo de buena parte del Poder Judicial. No sólo era la oportunidad de deshacerse de esos cuatro fiscales, sino también del propio Molinas. La gestión de éste, con la ayuda de esos cuatro hombres, había sido muy activa: en siete años encararon 7803 expedientes, número superior a los 2197 sumarios realizados en los 22 años anteriores y muchísimo más alto que los pocos que instruiría Pinzón en los años siguientes.

En noviembre de 1990, Antonio Salonia, entonces ministro de Educación, tramitó el sumario respecto de los cuatro fiscales, a quienes exoneró de toda responsabilidad. Pero en forma absolutamente contradictoria con esa conclusión, Menem, mediante el decreto 260/90, los dejó cesantes.

Estos presentaron un amparo, que tuvo éxito en primera instancia, pero que la Cámara Contencioso Administrativa, con los votos de Pinzón y Carlos Grecco, rechazó. Sólo siete años más tarde la Corte Suprema de Justicia invalidó ese decreto y dispuso que los fiscales debían ser reincorporados y cobrar una indemnización. Pinzón resistió la decisión y la Justicia decidió multar al cuerpo para conminarlo a cumplir la sentencia de la Corte.

Curiosamente, al día siguiente de que Pinzón y Grecco firmaron el fallo, el primero fue nombrado por Menem fiscal general, en reemplazo de Molinas. Pinzón tenía otro motor para impulsar su ascenso: su hijo Claudio era el jefe de asesores del ex ministro del Interior Julio Mera Figueroa, que, según se dice, fue el promotor de la designación que impulsó el entonces subsecretario de Justicia, César Arias.

La Justicia imperfecta

Alguna vez Pinzón dijo: "En ningún lugar del mundo se encuentra una justicia perfecta". Tal vez esté convencido de que la mejor Justicia es la que menos investiga.

En 1996, La Nación publicó una nota, nunca cuestionada, en la que se dijo que en cinco años Pinzón sólo impulsó un expediente ante la Justicia. A partir de entonces parece haber hecho algo más.Por ejemplo, se presentó en investigaciones judiciales resonantes, como el caso IBM-Banco Nación. Lo extraño es que ni siquiera el procurador general, de quien depende la FNIAdesde que en marzo último se sancionó la ley de Ministerio Público, conoce cuál es el verdadero desempeño del cuerpo.

La Procuración pidió a la FNIAque le informe por escrito su actividad: según ese documento, el organismo participó en 505 sumarios penales y en 2111 sumarios administrativos.Pero al momento de dar precisiones, la FNIA sostiene que actualmente sólo hay en trámite 165 expedientes."Sin embargo, no nos dicen las fechas de esos expedientes ni la entidad que tienen", dijo un vocero de la Procuración.

Pinzón, actual fiscal general, está jubilado debido a que, cuando se sancionó la ley de Ministerio Público, el Senado le dio acuerdo a su nombramiento, siete años después de estar desempeñando el cargo. Pinzón no puede ser removido por Becerra, que es su superior.

Testigos

La Procuración General de la Nación creó la Oficina de Protección de la Víctima y el Testigo. El organismo fue incorporado en la reforma del Código Penal de 1992, pero sólo ahora se pondrá en marcha. Funcionará en el primer piso de la Fiscalía Nacional de InvestigacionesAdministrativas (FNIA) y su misión será la de dar asistencia a víctimas y testigos en los procesos penales.

Por Adrián Ventura

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